Ábalos sostiene que no incumplió los estatutos del PSOE en el ‘caso Koldo’ y que su suspensión fue “arbitraria”

José Luis Ábalos reclama su reincorporación al PSOE y el archivo del expediente que Ferraz le abrió en febrero, tras el estallido del caso Koldo, una supuesta trama de corrupción en la que uno de los principales asesores del ex ministro de Transportes está siendo investigado por la presunta adjudicación irregular de varios contratos millonarios para la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia en 2020. Ábalos alega que no se saltó en ningún momento los estatutos de los socialistas. Quien fue también secretario de Organización entre mayo de 2017 y julio de 2021 reprocha “la gran indefensión” que asegura haber sufrido porque la sanción “prácticamente ya estaba decidida” sin que le hubieran notificado formalmente la apertura del expediente, según el escrito que el ex número tres del PSOE ha remitido a la comisión de ética y garantías socialista y al que ha tenido acceso EL PAÍS. La previsión es que el órgano se reúna antes del 41º Congreso Federal que se celebrará del 29 de noviembre al 1 de diciembre en Sevilla y decida si expulsa o no a Ábalos, que se negó a renunciar al acta de diputado como le exigió Ferraz y ahora forma parte del Grupo Mixto en el Parlamento.

Ábalos exige a la dirección del PSOE que ordene reintegrarle en el partido “con todos sus derechos como afiliado y cargo público” al entender que su suspensión ha sido “arbitraria” e insiste en la “inexistencia de faltas tipificadas”. El diputado ha reiterado en los siete meses transcurridos desde la apertura del expediente que no ha sido imputado en la causa judicial, en la que se investigan las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes y otras administraciones públicas. Aun así, reprocha que la dirección del PSOE lo conminó a renunciar al escaño con el fin de “salvaguardar la imagen del partido”, a lo que él se negó. “Si yo renunciara se interpretaría como un signo de culpabilidad”, sostuvo entonces Ábalos, que “ante la necesidad” de defenderse decidió pasarse al Grupo Mixto con Podemos, Coalición Canaria, BNG y UPN.

El político justifica su decisión de continuar en el Congreso frente a la acusación de la dirección del PSOE de haber abandonado su puesto como cargo público “sin la previa autorización del órgano competente” de los socialistas. “Según todos los medios ya se había tomado la decisión por parte del partido, sin que esta parte estuviera notificada, generando gran indefensión el conocer que prácticamente ya estaba decidida su sanción sin ni siquiera haber sido notificado de la apertura del expediente”, señala el texto, que prosigue asegurando que Ábalos se vio “compelido a solicitar su ingreso en el Grupo Mixto a la espera de la comunicación del expediente”. El ex secretario de Organización esgrime que si hubiera dejado el acta “hubiese convertido en imposible su reingreso en el grupo socialista del Congreso” en caso de que finalmente terminase archivado.

“No se puede acusar a este afiliado de haber obstruido la labor y decisión de los órganos del partido, puesto que no tenía conocimiento del contenido de dicha decisión, así como también debe de caer la falta por no haber actuado en contra de un acuerdo adoptado al no haber tenido conocimiento fehaciente del mismo”, reitera Ábalos en el escrito a la comisión de ética y garantías. Ábalos alega además que “el propio partido manifiesta que el aquı́ expedientado sigue sujeto a la disciplina de voto hasta su expulsión definitiva, por lo que no cabe realizar tal manifestación y a la vez querer sancionar por obstaculizar la labor del partido”. Ábalos se desmarcó por primera del Gobierno en el Congreso absteniéndose en la votación sobre Venezuela en la que se reconoció a Edmundo González como presidente electo del país suramericano.

Ábalos también niega que haya menoscabado “la imagen de las instituciones socialistas, siendo en todo caso dicho menoscabo una apreciación absolutamente subjetiva, de la que ninguna prueba objetiva obra en el expediente”. La conclusión del exministro y exsecretario de Organización es que no se le puede “imponer sanción alguna basada en tal arbitrariedad”. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, descartó en septiembre pedir al Tribunal Supremo investigar a Ábalos aunque podría hacerlo en el futuro “como consecuencia de las diligencias que se practiquen y del devenir de la instrucción”.