Cargos del PP acumulan ya más de 100 años de cárcel por corrupción en los gobiernos de Aguirre

Alfredo Prada, vicepresidente segundo del primer Gobierno de Esperanza Aguirre (2003-2007), se las prometía muy felices cuando su jefa le encargó, recién elegida presidenta de la Comunidad de Madrid, un proyecto lleno de luces y de dinero perfecto para brillar. Aguirre decidió levantar en un descampado del noreste de Madrid la futura Ciudad de la Justicia donde concentrar todos los órganos judiciales, entonces (y ahora) muy dispersos y deteriorados.

La gestión de Prada al frente de la sociedad pública Ciudad de la Justicia le llevó de urgencia a contratar a dedo a Norman Foster, estrella internacional de la arquitectura, y a publicitar en los medios de comunicación más edificios diseñados por los mejores del mundo. Todo ello fue “compartido con entusiasmo por el Gobierno de la Comunidad de Madrid con su presidenta al frente”, según señala la última sentencia de la Audiencia Nacional que ha condenado a siete años de cárcel a Alfredo Prada por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación agravada. El tribunal considera probado el amaño de hasta 24 contratos por 40 millones de euros gastados en la construcción del Campus de la Justicia entre 2005 y 2011. Aquel proyecto luminoso que Aguirre encargó a su vicepresidente es hoy un secarral abandonado, con un solo edificio levantado a medias y un coste superior a 200 millones de euros tirados a la basura.

La condena a Alfredo Prada cierra el círculo sobre lo que ya es, según los tribunales, el Gobierno más corrupto en los 42 años de historia de la Comunidad de Madrid. La cúpula de ese Ejecutivo y otros cargos del PP, a excepción de Aguirre, acumulan más de 100 años de cárcel en distintas condenas por corrupción. Varios de sus dirigentes se enfrentarán en los próximos meses a penas parecidas en juicios pendientes.

El vicepresidente primero, Ignacio González, estuvo nueve meses en prisión preventiva. El fiscal pide altas penas de cárcel para González en tres causas distintas: la compra de una empresa brasileña por el Canal de Isabel II, operación ruinosa con un sobreprecio que supuestamente se repartieron directivos de la empresa pública; el tren a Navalcarnero, una obra privatizada que se quedó empantanada; y la construcción de un campo de Golf en el centro de Madrid, idea de Esperanza Aguirre.

El vicepresidente segundo, Alfredo Prada, condenado ahora a siete años de cárcel, fue expulsado por Aguirre de su Gobierno cuando supo que apoyaba a Rajoy en la pugna que ella intentó por el liderazgo del partido; una investigación judicial que acabó en juicio y sin condena acreditó que Prada había sido espiado por agentes de seguridad de la Comunidad de Madrid.

La trama Gürtel, la red más extensa de corrupción que colonizó al PP durante una década, echó raíces en la Comunidad de Madrid, donde logró a dedo decenas de contratos, muchos dedicados a eventos de lucimiento de Aguirre y propaganda de su Gobierno. El viceconsejero Alberto López Viejo —luego nombrado por ella misma consejero de Deportes— cobraba de las empresas beneficiarias una comisión por cada acto celebrado. Fue condenado a 27 años de cárcel.

Aguirre nombró a Guillermo Ortega director general de una empresa pública tras hacerle dimitir como alcalde de Majadahonda como sospechoso de corrupción. Fue condenado en el caso Gürtel a 40 años de cárcel. Otros dos alcaldes del PP fueron condenados en la misma causa: Jesús Sepúlveda (Pozuelo de Alarcón, 14 años de prisión) y Arturo González (Boadilla del Monte, 36 años).

Francisco Granados, secretario general del PP- Madrid, consejero autonómico y senador con Aguirre al frente del partido, fue condenado a dos años de cárcel; pasó más de tres años en prisión preventiva por el caso Púnica y ahora se enfrenta a altas penas de cárcel por el caso de la financiación ilegal del PP-Madrid durante el mandato de Aguirre.

Esta causa sentará también en el banquillo al gerente del PP-Madrid, Beltrán Gutiérrez, y a la directora de comunicación de Aguirre, Isabel Gallego. La fiscalía les atribuye haber colaborado en financiar ilegalmente las campañas de imagen de la propia Aguirre o los actos electorales del PP-Madrid con Aguirre de candidata a presidenta.

El juez admite que la gran beneficiaria de los supuestos delitos cometidos por los dirigentes imputados fue la expresidenta madrileña, pero no se pudo acreditar que “Aguirre tuviese conocimiento ni de la contratación de los trabajos, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos”. Isabel Gallego rebatió esta tesis en su recurso: “Aguirre era y es perfectamente conocedora de las noticias que se publican y que era de su interés como presidenta que su imagen institucional se mejorase. Es irracional sostener lo contrario”. Las acusaciones pidieron, sin éxito, que Aguirre fuera a juicio, al menos en calidad de partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por sus colaboradores.

Estas causas judiciales se abrieron en 2014, cuando Aguirre ya había dimitido por motivos personales como presidenta de la Comunidad de Madrid, pero seguía presidiendo el PP-Madrid. Lo hizo hasta 2017, cuando dimitió tras conocer que un juez había enviado a prisión provisional a quien había sido durante tanto tiempo su vicepresidente, Ignacio González. Entonces declaró: “Me siento engañada y traicionada. No vigilé todo lo que debía. Por eso dimito”.

La sentencia que condenó a parte del PP valenciano por financiación ilegal a través de contratistas de la administración autonómica dejó una conclusión parecida a la que durante un tiempo mantuvo la fiscalía anticorrupción para pedir la imputación de Aguirre: “Quien se pone en situación de ignorancia deliberada sin querer saber aquello que puede y debe saber, debe responder de las consecuencias”.