El Gobierno contraataca y carga contra los barones del PP por pedir más dinero pese a dejar fondos estatales sin ejecutar

El Gobierno ha encontrado un filón en las contradicciones del PP en plena batalla campal por la financiación singular para Cataluña. La Moncloa ha lanzado este martes la segunda fase de la ofensiva que Pedro Sánchez inició la semana pasada con la diana puesta en los presidentes autonómicos del PP, que por un lado piden más recursos al Estado mientras por el otro rebajan impuestos a las rentas más altas imitando el modelo tributario de Madrid. “Algunos piden con una mano, mientras que con la otra hacen regalos fiscales a los más ricos”, arremetió Pedro Sánchez el sábado en el comité federal del PSOE. El objetivo ya no es Alberto Núñez Feijóo, al que los socialistas acusan de no ser capaz de proponer un sistema de financiación para renovar el vigente, caducado en 2014, debido a que en ese instante la unidad de los barones del PP saltaría por los aires debido a que las 11 comunidades que presiden, además de las ciudades de Ceuta y Melilla, tienen intereses contrapuestos (unos quieren primar la despoblación, otros la población flotante por el turismo...).

El contraataque del Gobierno ha ido más allá de Génova y de la Puerta del Sol. Por una vez, Isabel Díaz Ayuso no ha sido el blanco del Ejecutivo. La Moncloa ha golpeado con toda su fuerza narrativa contra Juan Manuel Moreno, el presidente de Andalucía. La comunidad más poblada es clave para la gobernabilidad de España y se ha convertido en una obsesión para el PSOE. Dentro de esta lógica, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, FP y Deportes, Pilar Alegría, ha querido poner en evidencia a los presidentes del PP, que piden más dinero al Gobierno central pese a que luego no ejecutan los fondos que les concede. “Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros 32 millones de euros para poner en marcha 2.900 plazas de educación infantil públicas y gratuitas en las distintas comunidades autónomas, porque el Gobierno de la Junta de Andalucía, del señor Moreno Bonilla, ha rechazado expresamente a la financiación de 112 millones que permitirían que 12.000 familias andaluzas pudieran disfrutar de una nueva plaza pública y gratuita para que sus hijos fueran escolarizados”, ha cargado Alegría.

La portavoz del Gobierno también ha disparado contra La Rioja y Baleares, dos de las comunidades que el PSOE perdió en las autonómicas del año pasado, por no haber ejecutado fondos para Formación Profesional. “Han rechazado la posibilidad de seguir aumentando las plazas de FP para los jóvenes de sus respectivas comunidades autónomas”, ha apuntado después de anunciar que el Gobierno había aprobado una nueva partida de 130 millones en este ámbito. Todo dentro de una estrategia en la que el Ejecutivo martillea con los 935.000 millones transferidos a las autonomías durante el mandato de Pedro Sánchez, 300.000 millones más que cuando el presidente era Mariano Rajoy. Otro ministro pone como ejemplo el Plan de Inversión en equipos de alta tecnología, dotado con 800 millones, para las comunidades: “Eso no se ha visto reflejado en una mejora de las listas de espera en algunas de ellas”. “Tenemos que hacer que se entienda que los ciudadanos gobernados por el PP son perjudicados por una decisión del PP. Es un dinero que van a perder los ciudadanos si no se aprueba esta senda de estabilidad”, concluye otro miembro del Consejo de Ministros.

11.550 millones en el aire

El Gobierno también ha atacado por otro flanco al PP: los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas durante el periodo 2025-2027. La ofensiva la ha liderado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha advertido al PP “y otros grupos”, en alusión a Junts, que presentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado aunque el Congreso los tumbe de nuevo como ya pasó el 23 de julio en el último pleno previo al parón parlamentario estival con el voto en contra de PP, Vox y Junts. “Si el PP vota en contra, pensando que afecta a los Presupuestos, les digo que desistan de esa idea. El Gobierno va a presentar los Presupuestos de 2025, ya sea con la senda aprobada hoy o con la senda que estaría vigente”, ha recalcado Montero.

La número dos del Gobierno y del PSOE ha eludido toda mención al partido de Carles Puigdemont, de quien depende la mayoría de la investidura, y ha responsabilizado al PP, que además de todo su poder autonómico gobierna una treintena de capitales de provincia, de las consecuencias que tendría un nuevo voto negativo de la senda de estabilidad en las Cortes. “La única pregunta que el PP tiene que responder es si quiere obligar a comunidades y ayuntamientos a realizar un ajuste presupuestario en dos años de 11.550 millones o le permite mayor capacidad de gasto. Cualquier otra cuestión son excusas y ruido. Espero que en el PP se instale un mínimo de sentido común, de cordura, para que no le den la espalda ni a presidentes autonómicos y alcaldes, ni tampoco a los ciudadanos que viven en estos territorios”, ha abundado. Más de 36 millones de personas viven en las comunidades presididas por el PP.

Según los cálculos de la ministra de Hacienda, las comunidades y los ayuntamientos contarían para el año con 4.850 millones de euros menos, que en 2026 serían 6.700 millones de euros menos. “En lo que llevo en política no he visto un sinsentido como este, en el que se hacen daño ellos mismos”, ha proferido Montero. “El PP gobierna en la gran mayoría de comunidades autónomas, ¿por qué las perjudica? Simple y llanamente por intentar que el Gobierno no saque adelante una votación en el Congreso. Yo, si fuera presidenta de una comunidad o si fuera alcaldesa del PP, exigiría explicaciones a mi partido de por qué me está quitando capacidad de gasto. Va a dificultar que ayuntamientos y comunidades autónomas puedan cumplir con los objetivos”, ha reseñado. Votar en contra de la senda de estabilidad como hizo el PP en julio implicaría quitar dos décimas de margen fiscal a las comunidades autónomas en 2025 y 2026. Para los ayuntamientos, la nueva senda fiscal implicaría contar con una décima más de margen fiscal en 2025 y con dos décimas más en 2026.

El Gobierno advierte además de que las reglas fiscales comunitarias volverán a entrar en vigor tras la pandemia y la crisis inflacionaria por la guerra de Ucrania. Fuentes gubernamentales destacan que si la senda de estabilidad propuesta no sale adelante, el Gobierno dispondrá de más margen para cumplir con los requisitos de la UE, en detrimento de las las comunidades y ayuntamientos, que les pasaría justo lo contrario. Por ello, desde el Ejecutivo no se entiende la estrategia ordenada por Feijóo, como ya ocurre con la orden del líder del PP a no revisar de forma bilateral con las comunidades su deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Un compromiso que no figuraba de forma explícita en el pacto que firmaron el pasado viernes en un acto en Madrid en el que el PP escenificó su rechazo a la “financiación singular” para Cataluña, aunque llevaba una propuesta parecida para esa comunidad en su programa electoral de 2012. “Asisto con perplejidad a la instrucción de Génova, no entiendo como la acatan los presidentes autonómicos. Eso sí, luego reclaman más dinero y bajan los impuestos mientras dicen que no asisten a las reuniones”, ha remachado Montero.