Un millón de permisos de trabajo y expulsiones: 38 años de políticas ante el reto de la inmigración irregular

Solo hasta finales de agosto ha llegado al territorio español casi el mismo número de inmigrantes que arribó en todo 2006 a las costas de Canarias, según las cifras del Ministerio de Interior. En ese año, la llamada crisis de los cayucos marcó un hito en el drama de la inmigración irregular: la desesperación en los ojos de más de 40.000 almas que se jugaban la vida por pisar tierra europea imponía portadas de periódicos entonces y lo hace también ahora. Sin embargo, el clima político que vive estos días España es muy diferente al de esos años. A principios de los 2000, José María Aznar invitaba a los marroquíes a estudiar español para buscar trabajo en este país; su ministro de Interior, Mariano Rajoy, hablaba de que España era “un país de acogida”. En 2001, Aznar ofreció permisos de trabajo a más de medio millón de migrantes irregulares y en 2005, José Luis Rodríguez Zapatero aumentó aún más esa cifra. Ahora, una propuesta similar, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que admitieron a trámite todos los partidos excepto Vox, amenaza con morir en un cajón durante el resto de legislatura, debido en gran medida al ruido de acusaciones políticas que ha desatado la propuesta de reparto de los menores migrantes llegados a Canarias. El discurso de la ultraderecha en España y en Europa ha convertido la migración en un debate de alto riesgo político.

En un análisis de cómo ha evolucionado la presión migratoria en los últimos 30 años, se observa cómo los diferentes Ejecutivos, tanto del Partido Popular como el Partido Socialista, han ofrecido respuestas mucho más cercanas entre sí de lo que muestran ahora en sus discursos. Estos días el portavoz del PP, Miguel Tellado, criticó al Gobierno: “Mientras Alemania y Francia hablan de deportaciones masivas, Sánchez habla de regularizaciones masivas”. Pero las regularizaciones extraordinarias (nunca son masivas) las impulsaron desde Felipe González, pasando por Aznar, hasta Zapatero. También, el Gobierno que ha expulsado a un mayor número de inmigrantes irregulares fue socialista: al menos 74.389 personas, de 2005 a 2011, según las cifras del Ministerio de Interior.

La realidad es que cuando se habla de ofrecer permisos de trabajo de manera extraordinaria, fuera de los cauces burocráticos habituales, las personas a las que va dirigida esa medida son en su mayoría inmigrantes que ya viven en España sin derechos básicos. Que trabajan sobre todo cuidando a mayores, limpiando casas, en la construcción y en el campo, pero no tienen una manera de demostrar esos ingresos. Miles de personas que entran en la rueda de la miseria: sin ingresos legales es muy difícil encontrar una vivienda, deben buscarse la vida para inscribirse en el padrón, acreditar que viven en España y poder acceder algún día a una regulación ordinaria. El sistema los convierte en invisibles. Y, según las últimas estimaciones de la organización Por Causa y que se han tenido en cuenta para presentar la ILP, son unas 425.000 personas las que sobreviven en estas condiciones. Casi el 80% de ellas no llegó en una patera, sino que lo hizo por avión desde América Latina.

Nueve regularizaciones extraordinarias

Esta semana, el Congreso ha vuelto a dilatar el plazo (hasta el 11 de septiembre) para tratar este tema, que lleva empantanado en el mismo punto desde abril. Pese a que la medida contó con un apoyo inusual en un inicio, todos los grupos excepto Vox votaron a favor de que siguiera adelante, la crisis canaria y el portazo a la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para hacer obligatorio el reparto entre comunidades de los niños y adolescentes, además de la postura del Gobierno de Pedro Sánchez de favorecer la “migración circular” y el retorno a su país de origen de los extranjeros que habían llegado a España de manera irregular, ha hecho saltar por los aires el consenso y ha alejado incluso a los dos principales grupos de izquierda, Sumar y PSOE. Y pocos creen que esta propuesta pueda seguir adelante.

Mientras unos agitan los demonios del “efecto llamada” y otros temen que esta medida colme el conflicto político que se ha abierto por el colapso de Canarias, olvidan que no es la primera vez que en España se ha hecho algo así. Concretamente nueve ocasiones anteriores, desde 1986 hasta 2005. En esos años, los Gobiernos de diferentes signos han dado papeles a más de un millón de personas.

La primera regularización extraordinaria de inmigrantes sin permiso de trabajo ni de residencia en España fue impulsada en 1986 por el Gobierno socialista de Felipe González. El único requisito: acreditar una estancia anterior al 24 de julio de 1985. Después vinieron otras dos, para las que se exigía además de comprobación de residencia, una oferta “regular y estable” de empleo y ser familiar o dependiente de los que habían sido regulados. En total, en esos años obtuvieron sus papeles más de 150.000 personas.

José María Aznar impulsó después otros tres procesos de regulación extraordinaria (1996, 2000 y 2001) que otorgó permisos a la mayor cantidad de inmigrantes irregulares hasta la fecha. En sus ocho años al frente del Gobierno, Aznar facilitó los papeles de trabajo y residencia a 524.621 inmigrantes no comunitarios.

Poco después de su llegada al Gobierno, Zapatero promovió la última gran regulación extraordinaria en 2005. En un proceso abierto durante cuatro meses, los inmigrantes en situación irregular debían acreditar su estancia en España con anterioridad al 8 de agosto de 2004 y presentar un contrato de trabajo de seis meses o más y 40 horas semanales. 576.506 personas se acogieron a la medida. Una de las principales artífices de esta política, la que fuera secretaria de Estado de Migraciones durante ese Gobierno, Consuelo Rumí, explica a EL PAÍS que antes de 2004 —como alegan ahora los movimientos en defensa de los derechos de los migrantes— el trámite ordinario “podía durar años”. Y añade que nada de lo que vive estos días España es único: “Las crisis migratorias son cíclicas. Cada equis tiempo los gobiernos de todos los países que reciben inmigración han hecho una regularización extraordinaria y hace muchos años que no se ha hecho nada. Es verdad que requiere valentía, hay que luchar contra el miedo que puede causar en la opinión pública y hay que hacer mucha pedagogía, hay que explicarlo bien”.

Por su parte, Victoria Columba del comité Cataluña del movimiento Regulación Ya, que lideró la recogida de firmas para la ILP, cuenta que la medida ya está prevista dentro de la ley de extranjería. “No hay que modificar nada, solo decidir cómo arbitrarla. Los partidos de Gobierno tienen la oportunidad de dejar de desoír a las comunidades migrantes. Si dicen no a la regulación, tendrán que explicar por qué. La irregularidad solo nos deja en situación de desprotección”, denuncia Columba.

La inmensa mayoría llega por avión

Desde el año 2001 hasta agosto de este año, han llegado a España jugándose la vida más de 560.000 personas, según las cifras publicadas por Interior, que solo registran las entradas por vía marítima y terrestre. No incluyen tampoco las miles de personas, se estima que cerca de un 80%, que llegaron desde países como Colombia, Venezuela y Honduras, que son los lugares de procedencia más habituales, según los últimos informes de Por Causa.

La escasez de cifras oficiales sobre los flujos migratorios oscurece un diagnóstico de cuántas personas en situación irregular conviven en España. Y a menudo la falta de información confunde el debate público. No necesariamente cuantos más migrantes entren por embarcaciones o saltos a las vallas de Ceuta y Melilla provoca mayor presión migratoria, pues no se tiene en cuenta cómo fluctúan las llegadas de quienes lo hacen de forma regular (por avión) y, pasados unos meses, se convierten en irregulares.

La falacia de las “deportaciones masivas”

Como opuesto a “las regulaciones masivas”, los partidos de la derecha alientan la ejecución de “deportaciones masivas” de las personas en situación irregular. Lo cierto, a la luz de los datos recopilados, es que el Gobierno que más expulsiones realizó fue el de Zapatero, 74.389, frente al de Mariano Rajoy, que ejecutó 46.965. Cabe destacar que el Ministerio de Interior solo ofrece estos datos digitalizados desde el año 2004 hasta 2017 sobre expulsiones. Las cifras sobre este fenómeno de 2017 a 2023 solo se han hecho públicas a través del portal de transparencia gracias a una petición del medio Newtral, lo que refleja una opacidad del Ministerio que ahora dirige Fernando Grande-Marlaska sobre este asunto frente a sus predecesores. Los números reflejan que Pedro Sánchez por el momento es el presidente que menos expulsiones ha realizado: 13.804 entre 2019 y 2023, si se atribuye al mandato de Rajoy las ejecutadas en 2018.

Es reseñable que en los balances anuales que publica Interior en su web hasta 2016 también incluyen un cómputo general de las repatriaciones totales, es decir, la suma de estas expulsiones (“repatriados en virtud de las causas recogidas en la Ley de Extranjería a través de expedientes administrativos derivados de la estancia ilegal en España”), con las devoluciones (“personas que trataron de entrar en España por puestos no habilitados como fronteras”), las readmisiones (“expulsados de España en virtud de acuerdos de readmisión con terceros países”) y con las denegaciones de entrada (“personas rechazadas en los puestos fronterizos habilitados, habitualmente, puertos y aeropuertos”). En esta categoría global de retornos, Zapatero sigue liderando con 349.836 repatriaciones en siete años de gobierno. Destaca que el ministerio de Interior, dirigido entonces por Alfredo Pérez Rubalcaba, definía estos números como una prueba de la “eficacia” del Ejecutivo en materia migratoria.

También llama la atención la réplica años antes de Rajoy, por entonces ministro de Interior en 2001, cuando le preguntaba la oposición por la poca agilidad del Gobierno de Aznar para ejecutar las expulsiones: “Nos gustaría que nos dijeran cómo se puede expulsar a una persona cuando el país del que es nacional no lo admite”.

La respuesta de Rajoy, ahora reutilizada por los socialistas, pone el foco en una realidad que no ha cambiado en los últimos 30 años de democracia: el regreso de los inmigrantes irregulares está gravemente condicionada por los acuerdos de España o la Unión Europea con sus países de origen. Todos los presidentes o ministros de Interior viajaron a países africanos para fijar pautas sobre la readmisión y tránsito de personas en situación irregular que llegaban a España. Incluso tejieron alianzas con terceros países para que admitieran ciudadanos de otros Estados africanos, las conocidas “readmisiones”.

Los acuerdos más conocidos son los que emprendió personalmente Rubalcaba para presionar a países como Malí o Mauritania, Senegal, Nigeria, Cabo Verde, entre otros, que controlasen el flujo migratorio en sus fronteras y aceptasen las repatriaciones de personas en situación irregular. El trabajo de la mano derecha de Zapatero logró reducir la llegada de inmigrantes irregulares hasta un 50%, según datos que aportó en 2009 el ministro, año en el que tampoco arribó ninguna patera a Canarias procedente de Senegal. Por otra parte, estos viajes en avión recibieron críticas de determinadas ONG que advertían que los países africanos no respetaban los derechos humanos de los inmigrantes irregulares que regresaban de España.

En las hemerotecas aún hay artículos y fotografías del viaje de Aznar a Marruecos en 2003 en el peor momento diplomático entre ambos países para insistirle al primer ministro, Driss Jettu, “la aplicación cabal de los acuerdos existentes” para la devolución de “indocumentados” y menores que, según el Gobierno de entonces, Rabat incumplía. Por entonces, según las cifras oficiales, había 4.878 menores no acompañados acogidos en España.

Pero estos acuerdos no solo se firmaban para frenar la presión migratoria, sino para fomentar la cooperación económica. Rubalcaba lo hizo, pero también Aznar. En ese viaje a Rabat en diciembre de 2003, entre su séquito de 80 personas estaba Rodrigo Rato como ministro de Economía para firmar un plan con Marruecos de 390 millones de euros. “Con 390 millones de euros, la cumbre soy yo”, dijo Rato ante la prensa.

Un modelo que también aplicó Rajoy. De hecho, en 2017 introdujo el debate sobre inmigración durante el G20, en el que exigió aumentar la cooperación con el desarrollo de los países de origen de los inmigrantes ilegales y recordó al resto de asistentes que la crisis migratoria que ya estaba asomando había que responder ante ella con responsabilidad y solidaridad. Sánchez aplica la misma receta, tanto de forma general con el Plan África de este 2024, que presta prioridad a las regiones del África Occidental y el Sahel de donde proceden ahora gran parte de los inmigrantes irregulares, como con viajes concretos a países como Mauritania.

Años de espera para regularse

Fuentes del actual Gobierno socialista confían en que no es necesaria una regularización extraordinaria “porque el sistema actual de regulación ordinaria funciona bien”. Dentro del marco legal, la figura a la que más se acogen las personas en situación irregular es la del arraigo, especialmente el social y el familiar. Los últimos datos aportados por la secretaria de Estado de migraciones dicen que al cierre del año pasado se sumaron 210.334 personas, casi 100.000 más que en 2022. En porcentaje, el 40% de esas autorizaciones eran por arraigo familiar y otro 40% por social aproximadamente. Los arraigos con menos peso son los de formación (introducido en la reforma del reglamento de 2022) y el laboral, el primero con casi un 11% y el segundo con un 7%.

Cada tipo de arraigo requiere unos requisitos específicos. El social exige haber permanecido en España durante al menos tres años de forma continua y tener un con el salario mínimo, entre otras cosas. El familiar se enfoca en que el solicitante sea progenitor o tutor de un menor o estar casado (o pareja de hecho) con una persona de nacionalidad española.

Pero lo cierto es que el camino para regularizarse es complejo y puede durar años. Además del tiempo requerido de residencia para algunas de las solicitudes, está la demora de la burocracia. Los datos registrados muestran un crecimiento constante desde 2013, en el que de media una persona tardaba unos cinco años en conseguir el arraigo, hasta 2020, en el que está el pico con más de siete años y medio. Desde entonces, la agilización del proceso ha mejorado considerablemente y la espera ha bajado hasta casi los tres años para entrar en el sistema y acceder a un trabajo regular.