El PP acepta regularizar a todos los inmigrantes con dos años de residencia y un año de contrato

La portavoz de inmigración del PP en el Congreso, María Ángeles Muñoz, asegura que con el reglamento del Gobierno del PP, que no llegó a aprobarse por la derrota electoral de los populares el 14 de marzo, la regularización de inmigrantes por arraigo laboral habría beneficiado a "las personas que pudieran acreditar un contrato de un año, la permanencia en España de dos años y vínculos familiares con un ciudadano español u otro extranjero con permiso de residencia". Durante la etapa de José María Aznar fueron regularizados casi 500.000 inmigrantes, pero el PP rechaza ahora el proceso impulsado por el Ejecutivo socialista.

El reglamento del PP establecía también que, si no existían esos vínculos familiares -cónyuge, ascendientes o descendientes, o con una relación de consaguinidad hasta segundo grado- el extranjero debía acreditar cuatro años de estancia en España para poder ser regularizado. Además de "contar con un contrato de trabajo formalizado o acreditar medios de subsistencia suficientes en el momento de la solicitud".

Si el borrador de reglamento del PP hubiera visto la luz, los extranjeros que cumplirían el mínimo tiempo exigido de residencia, dos años, habrían sido 1.340.167. La misma cifra que está manejando el Gobierno, y que se desprende del cruce de los datos de inmigrantes empadronados en España a 1 de enero de 2003 (2.664.168), y el número de extranjeros con tarjeta o permiso de residencia en vigor en esa misma fecha (1.324.001). Sin embargo, Muñoz rechaza esa cifra, "ya que el padrón no es una fuente fiable". Y asegura: "Ya se lo decía yo a [Jesús] Caldera, [ministro de Trabajo] que sus estimaciones no eran correctas precisamente por eso".

Un asunto heredado

Dirigentes del Gobierno insisten en pedir al principal partido de la oposición que aclare qué haría con los cientos de miles de inmigrantes que trabajan de forma ilegal en España y que no cumplirían con estos requisitos. "Quienes han estado ocho años en el Gobierno y han consentido que todos estos inmigrantes estén en esta situación son ellos. Y por lo que dicen, si estuvieran en el Gobierno, seguirían fomentando la bolsa de irregulares, que trabajan sin ningún tipo de derecho y alimentando la economía sumergida", indican las mismas fuentes.

Ante la pregunta de cómo abordaría la situación de estas personas, la responsable de Inmigración del PP declaró que "de forma escalonada, no de golpe como pretende el Gobierno", pero no aclara si permitiría que siguieran trabajando de forma irregular, ni si serían expulsadas.

La novedad que aporta el proceso de normalización que realizará el Gobierno, previsiblemente a partir de febrero y durante un periodo de tres meses, es que será el empleador quien solicita los papeles para el inmigrante, que deberá acreditar una estancia mínima de seis meses en España. Hasta ahora, todos los procesos de regularización habían exigido una oferta de trabajo, que en muchos casos después no se materializaba. Fuentes de la secretaría de Estado de Inmigración aclaran que no se trata de que se vayan a regularizar 20, 30.000 o 800.000 extranjeros, sino de que se darán permisos de trabajo a quienes tengan un trabajo, no una oferta, sino un empleo con alta en la Seguridad Social. "Y eso nunca se ha hecho".

Tras el periodo de normalización, al que se opone el PP, el reglamento establece que los inmigrantes podrán obtener una autorización de residencia temporal por arraigo laboral cuando "acrediten la permanencia en España durante un periodo mínimo de dos años, siempre que carezcan de antecedentes penales, y que demuestren la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a un año". O cuando se "acredite la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de tres años, siempre que carezca de antecedentes penales, cuente con un contrato de trabajo firmado por el trabajador o el empresario en el momento de la solicitud y, o bien acredite vínculos familiares con españoles o con otros extranjeros residentes, o bien presenten un informe acreditando su inserción social emitido por el Ayuntamiento en el que tenga su domicilio habitual".

Estas dos fórmulas son casi idénticas en los reglamentos del PP y del Gobierno. En la primera, los populares añaden la necesidad de contar con vínculos familiares con extranjeros residentes o con españoles. Y en la segunda opción, amplían el plazo de estancia de tres a cuatro años, y exigen que los inmigrantes "cuenten con un contrato de trabajo formalizado" o que "acrediten medios de subsistencia suficientes en el momento de la solicitud". En ocho años de Gobierno, el PP regularizó a casi medio millón de inmigrantes, y dejó un atasco de 400.000 expedientes de extranjeros pendientes de resolución, la mayoría renovaciones de permisos de trabajo y residencia de quienes vivían legalmente en España, con lo que muchos entraron en una situación de irregularidad sobrevenida.