El Gobierno presiona a CC y al PP para cerrar ya la crisis de los menores migrantes en Canarias

El Gobierno presiona al PP y a Coalición Canaria para resolver de una vez la crisis de los menores inmigrantes en esta comunidad. El Ejecutivo central había pactado una solución en julio con el Gobierno de Canarias —liderado por Coalición Canaria e integrado también por el PP—, para reformar la ley de extranjería y permitir así un reparto obligatorio entre todas las autonomías de los menores que tiene el archipiélago ahora (5.200, que podrían llegar a 7.000 este otoño, cuando se espera que aumenten las llegadas), pero el PP rechazó esta reforma y la situación se ha empantanado desde entonces. El Gobierno pensó que Coalición Canaria se volcaría contra los populares por tumbar la solución previamente consensuada, e incluso hubo especulaciones sobre una posible crisis en el Ejecutivo canario. Pero la situación ha dado la vuelta por el golpe de timón de Fernando Clavijo, presidente y líder de CC, que ahora ha dejado de apretar al PP y se ha volcado contra La Moncloa.

El viraje de Clavijo ha llevado al Gobierno a reaccionar rápidamente presionando al presidente canario con duras palabras. “Esto no va de distribución de competencias. Esto va de atender a niños y niñas”, ha advertido la ministra portavoz, Pilar Alegría, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros este martes. “El señor Clavijo se está equivocando. Creo que todos los esfuerzos que está realizando tendría que emplearlos para convencer a su aliado en el Gobierno, que es el PP. Clavijo está cogobernando con el PP, y fue quien votó en contra. El Gobierno trabaja en soluciones con la mano tendida”, ha insistido Alegría.

El empuje de la ministra se ha producido después de que el PP revelase hoy que este mes de agosto hubo reuniones para intentar cerrar un acuerdo, algo que admiten en el Ejecutivo. Sin embargo, mientras los populares plantean que el Estado asuma los menores cuando las comunidades hayan sobrepasado el 150% de su capacidad, el Gobierno insiste en que ya había un acuerdo con Canarias, Ceuta y Melilla —estas últimas en manos del PP—, cerrado en julio, para establecer un reparto obligatorio de los menores. La Moncloa exige al PP que lo asuma aprobando ya la tramitación de la reforma de la ley de extranjería sin rodeos y que luego planteen otras reformas.

Ha sido el portavoz del PP, Miguel Tellado, quien ha confirmado desde el Congreso que el pasado 12 de agosto tuvo lugar una reunión a tres bandas celebrada en la oficina del Gobierno de Canarias, en Madrid, un encuentro adelantado por Artículo 14. Clavijo citó allí a Tellado y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Durante el encuentro, según el PP, el dirigente canario acudió con una serie de propuestas para intentar acercar posturas. “Clavijo llevó un documento a esa reunión y nos valía”, afirman fuentes de la dirección del Partido Popular.

En dicha reunión, asegura el PP, Clavijo puso sobre la mesa un cambio en la acogida de los menores no acompañados, cuya competencia según la normativa vigente corresponde a las comunidades autónomas. La propuesta consiste en tres supuestos: las comunidades autónomas seguirán asumiendo la acogida de los niños en sus centros hasta que se alcance el 100% de su capacidad; cuando los centros estén entre el 100 y el 150% seguirán en los centros gestionados por las comunidades pero el Estado tendrá que transferirles recursos económicos y que, cuando se sobrepase ese 150%, será el Estado el que acoja a los menores en soluciones habitacionales destinadas a tal efecto, como ocurre con los adultos. Esas soluciones habitacionales podrían ser cuarteles, pabellones u otro tipo de alojamientos bajo el paraguas de la Administración central.

Fuentes de Génova arguyen que, antes de negociar cuotas de reparto, La Moncloa tendría que aceptar estas últimas condiciones, además de convocar la conferencia de presidentes y de aprobar la declaración de emergencia migratoria. La dirección del PP asegura que el ministro Torres iba a estudiar los números y emplazarles a una reunión futura para tratar el asunto. Uno de los problemas que plantea este supuesto es que por ahora no se ha establecido un criterio objetivo cuantitativo sobre cuántos recursos han de habilitar las comunidades autónomas para la acogida de estos niños. “No estamos en contra del reparto obligatorio. Pedimos que el Estado incorpore recursos a la capacidad de la autonomía sobre soluciones habitacionales. Y a partir de ahí podemos repartir con un mapa previo”, señalan desde el PP.

El propio presidente de Canarias admitió este lunes en declaraciones a la Cadena Ser la existencia de estos puntos exigidos por su socio de Gobierno en las islas y cargó la mayor parte de la responsabilidad del desencuentro sobre el PSOE. “La situación está que el Partido Popular ha presentado un documento con cuatro puntos a incluir en ese proyecto legislativo”, detalló el líder nacionalista, que matiza que estos puntos vienen del grupo parlamentario en el Congreso, no del PP en Canarias. “Esa es la situación”, afirmó Clavijo. “Quien no ha contestado es el Gobierno de España [...] Yo estoy pendiente de que se pueda dar esa reunión con el Partido Popular, que es el principal partido de la oposición, y con Junts”, subrayó. “Luego, la pelota lleva en el tejado del Gobierno de España a lo largo de todo el mes de agosto. Yo he llamado… he pedido… Y se lo dije al presidente Sánchez cuando me reuní con él en La Palma, y él se comprometió a dar un impulso”, informa Guillermo Vega.

El Gobierno admite el encuentro, pero insiste en que la solución es modificar la ley. “En esa reunión del 12 de agosto se plantearon porcentajes de carácter ordinario y extraordinario en cuanto a la llegada de menores al territorio español. Y la importancia de este asunto reside en determinar cuál es la capacidad máxima de cada comunidad, cuáles serían sus recursos potenciales y conforme a qué criterios”, señalan en el Ejecutivo. “Ante la urgencia de Canarias, desde el Gobierno recordamos que ya hay un acuerdo de texto aprobado por nueve grupos parlamentarios. Un acuerdo que, con el sí del PP, sería de aprobación inmediata y al que se podrían añadir las cuestiones que se seguirían negociando con el PP”, remata el Gobierno.

De fondo hay un problema político evidente: el PP tiene mucha presión de Vox y sectores conservadores para que no acepte el reparto de miles de menores. Y para la formación de Alberto Núñez Feijóo resulta más cómodo si es el Gobierno quien impone ese reparto, trasladando así la pelota al Ejecutivo. De hecho, los gobiernos del PP y Vox se rompieron por esta cuestión. El Gobierno central insiste en defender el acuerdo y reclama a todos que asuman sus responsabilidades. “Menos discursos incendiarios y más responsabilidad. Estamos hablando de 6.000 niños que necesitan cuidados. Somos un país frontera, hemos pedido solidaridad a Europa, ¿de verdad el PP no puede aportar responsabilidad con 6000 niños en un país de más de 45 millones?”, clamó Alegría.

La cuestión por tanto no está cerrada, pero todo indica que habrá negociaciones en los próximos días y aunque parece complejo desde el punto de vista político, la situación en Canarias es tan apremiante que hay mucha presión también para que se encuentre un acuerdo.