El Gobierno descarta aprobar la próxima semana por decreto el reparto obligatorio de menores migrantes

El Gobierno descarta aprobar por decreto en el primer Consejo de Ministros que se celebrará tras la pausa estival la semana que viene el reparto obligatorio de los menores migrantes entre comunidades. Ante la situación de colapso que experimentan desde hace meses los recursos de acogida para estos jóvenes en Canarias, su presidente, Fernando Clavijo, reclamará este viernes “soluciones” a Pedro Sánchez en su reunión en La Palma. Las islas, con una capacidad máxima de 2.000 plazas, cuentan actualmente con alrededor de 5.100 jóvenes bajo tutela del Gobierno insular y aunque la cifra, según reconocen fuentes de ese Ejecutivo, ha descendido en las últimas semanas —en julio llegó a rondar los 5.600—, se espera un repunte en las llegadas a lo largo de los próximos meses. Este mismo jueves, 346 inmigrantes, entre ellos 14 menores, han arribado a la isla de El Hierro a bordo de tres embarcaciones.

En el primer encuentro entre ambos presidentes, al que acudirá el ministro de Política Territorial y exmandatario canario Ángel Víctor Torres, también se abordará la agenda canaria, cuestiones relacionadas con la financiación y los Presupuestos de 2025, según esbozan ambos ejecutivos. Sobre migración, fuentes del Gobierno central afirman que estarían dispuestos a facilitar el uso de instalaciones militares como centros de acogida, aunque recuerdan que la Fiscalía ha recomendado que no se destinen a menores. La reunión se produce, además, antes del viaje de la semana que viene de Sánchez a Senegal, Gambia y Mauritania para reforzar el control migratorio. Este último país, que vive su propia crisis de refugiados, es clave en la ruta hacia Canarias, con más de 20.000 desembarcos en lo que va de año.

El jefe del Ejecutivo canario volvió a reclamar el miércoles “todos los esfuerzos para que la modificación legislativa salga” adelante. Después de que el PP —Junto a Junts y Vox— tumbara en el último pleno del período de sesiones en el Congreso la reforma de la ley de Extranjería presentada por PSOE, Sumar y Coalición Canaria, lo más rápido sería aprobar mediante real decreto, como ha solicitado de manera reiterada Clavijo, el reparto obligatorio de menores. Esta fórmula permitiría poner en marcha la gestión para los traslados en cuanto el Consejo de Ministros diese luz verde a la iniciativa, aunque fuentes del Gobierno central rechazan optar por esta vía si no cuentan antes con el compromiso de los populares para su respaldo en las Cortes, que se tendría que producir en el plazo máximo de un mes. Sin este, argumentan, los menores podrían quedar en una situación de inseguridad jurídica. El partido de Alberto Núñez Feijóo, que pide que el Gobierno declare la situación de crisis migratoria y convoque la conferencia de presidentes, ha subido esta última semana el precio de su apoyo y el martes registraba en la Cámara baja una proposición no de ley que ponía el foco en el refuerzo del control de fronteras.

Mientras, tanto Canarias como Ceuta, territorios en los que el PP forma parte del Gobierno y que soportan una mayor presión migratoria, reclaman también una actuación urgente para paliar la congestión actual y hacer obligatorio el reparto. Tras el acuerdo sellado en la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada el pasado julio por el que las comunidades (también las dirigidas por los populares) se comprometieron a acoger a 347 menores, 59 han sido derivados desde el Archipiélago y la ciudad autónoma a la Península. Aquella cifra, simbólica e insuficiente cuando las infraestructuras de ambas están desbordadas, fue pactada en una tensa reunión que acabó provocando un tsunami en la derecha y rompió los cinco gobiernos de coalición entre PP y Vox.

Los contactos entre el Gobierno (fundamentalmente desde el Ministerio de Infancia y Juventud) y Canarias y Ceuta han sido constantes durante el verano con el objetivo de tratar de agilizar los traslados. También de forma bilateral entre las autonomías, pero todas reconocen que el proceso es “largo”.

Particularmente complicada es la situación en Canarias, que actualmente acoge a unos 5.100 menores, el 255% de su capacidad máxima. Desde la reunión de julio, en la que se pactó la salida de 260 jóvenes, han dejado las islas 39 con destino a Navarra, Galicia, Castilla y León, Asturias y Aragón, según informan fuentes del Gobierno canario. Desde la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, además, confían en que entre lo que queda de agosto y el mes de septiembre sean derivados al menos otros 49 menores a Castilla-La Mancha, Galicia y Castilla y León. El propio Clavijo (de Coalición Canaria) elevó el miércoles la presión sobre los ejecutivos populares de estas dos últimas comunidades al agradecerles públicamente el esfuerzo extra que, según él, están dispuestas a realizar al acoger a más migrantes de los comprometidos en la última conferencia, aunque ambas han desmentido o matizado este extremo.

El departamento canario reconoce que la cifra de menores en las islas se ha reducido ligeramente en los últimos meses por las salidas, las reagrupaciones familiares o porque algunos han cumplido la mayoría de edad y han dejado de estar bajo su tutela. Las mismas fuentes aseguran que “en breve” se pondrá en marcha un “plan de choque” para cubrir las necesidades de personal existentes en la Dirección General y poder seguir “agilizando” los traslados. De los 39 derivados ya, no todos corresponden al cupo pactado en julio, precisan, sino también a acuerdos anteriores pendientes.

No ocurre lo mismo con Ceuta, donde desde la conferencia sectorial han sido trasladados ya 20 de los 87 menores establecidos para este año, un número que, aseguran, no supone en ningún caso un “alivio” para la ciudad autónoma, que mantiene un nivel de ocupación del 360%, por encima de los 400 niños y adolescentes, cuando su capacidad máxima se sitúa en 88. Los menores han sido derivados hasta ahora a Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia o Cataluña. Según aseguró esta misma semana el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, en lo que va de agosto han entrado en la ciudad autónoma más 150 menores, cuando la cifra total el mismo mes del año pasado no sobrepasó los 16. Sin hacer mucho ruido, el Ejecutivo ceutí, que dirige el popular Juan Jesús Vivas, sí ha reclamado también la reforma de la ley de extranjería con una financiación adecuada para las comunidades de acogida y en la que se tenga en cuenta sus condiciones.