El acuerdo con Desokupa abre una crisis en el SUP: “Dimito por su deriva ultra”

Las aguas del Sindicato Unificado de Policía (SUP) bajan revueltas. El anuncio del acuerdo firmado por esta organización con Daniel Esteve, dueño de la empresa dedicada a los desalojos extrajudiciales Desokupa, para que adiestre a miles de agentes ha provocado un aluvión de críticas, y no solo de otros sindicatos y del Ministerio del Interior, sino también internas. Estas se han reflejado en la tramitación de bajas por parte de afiliados, la exigencia del comité provincial de A Coruña de convocar un congreso extraordinario y, al menos, la dimisión de un dirigente en el País Vasco, según ha podido constatar EL PAÍS. Un miembro de la actual dirección del SUP resta importancia a estos movimientos y los atribuye a una guerra por el control del sindicato que había permanecido larvada en los últimos años y que se ha reactivado al calor de la polémica de los últimos días.

La renuncia es la de Óscar G., hasta ahora secretario de organización del sindicato en Bizkaia, quien en una carta adelantada por elDiario.es, y a la que también ha tenido acceso este periódico, lanza duros reproches a la actual dirección nacional del SUP, a la que acusa de haber llevado en los últimos años a la organización a una “deriva ultra” para convertirla “en un instrumento político al servicio de intereses personales”. En la misiva, el ya exdirigente provincial considera “inaceptable que el SUP se alíe a una organización que busca debilitar a un gobierno legítimamente constituido [en referencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez, contra el que carga habitualmente Esteve]”. “Me parece inaceptable que el SUP establezca alianzas con una organización que promueve la discriminación y el odio hacia determinados grupos de personas”, recalca.

La convocatoria de un congreso extraordinario la ha lanzado este martes el comité provincial de A Coruña en un comunicado en el que sus seis miembros también hablan de “deriva” para referirse a la actual línea del sindicato y aseguran haber sentido “vergüenza” al conocer los detalles del acuerdo con Desokupa a través de los medios de comunicación. Estos dirigentes sindicales reclaman la dimisión de la actual secretaria general del SUP, Mónica Gracia, y la convocatoria de un congreso extraordinario antes de que acabe el año para que se produzca “un cambio de rumbo” en la organización. Marcos Franco, uno de los firmantes, asegura que desde que han lanzado el comunicado han recibido el apoyo de “numerosos afiliados” y espera que los comités de otras provincias se unan.

El tsunami también ha llegado a CC OO, sindicato con el que el SUP mantiene un acuerdo de colaboración desde 2015. “El acuerdo es de hace tiempo y debe renovarse periódicamente, aunque en los últimos años está prácticamente inactivo”, señalan fuentes de Comisiones. “Tras este acuerdo de formación con la empresa Desokupa, que nos parece peligroso para la democracia, CC OO nos plantearemos la continuidad del acuerdo de colaboración”, han señalado a este diario.

Una posible encuesta

Mientras tanto, el sindicato se ha reafirmado, mediante un mensaje en la red social X (antes Twitter), en su intención de continuar adelante con el curso, aunque intenta desligarlo de las polémicas actividades de Esteve. “Esta empresa [cuyo nombre comercial es Club Desokupa], pese a la similitud del nombre y que su dueño también es Daniel Esteve, no guarda relación con las actividades de la compañía Desokupa”, afirma el SUP en dicho mensaje, en el que insiste en que el programa será impartido por agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza. “La cosa no va de matones instruyendo a Policías”, añade.

La decisión de mantener el curso ―previsto para septiembre― se ha comunicado después de que este lunes algunos dirigentes plantearan realizar una encuesta entre los afiliados para que decidieran si se suspendía el acuerdo, según han confirmado a este diario varios dirigentes que piden mantener el anonimato. “Se valoraron y se están valorando muchas iniciativas, entre ellas consultar a los afiliados el grado de aceptación del curso de cara a medir el impacto de potenciales alumnos”, admite un miembro de la actual dirección.

Según estas fuentes, en el texto que se planteaba enviar a los afiliados para recabar su opinión se lamentaba el revuelo “institucional y mediático” que había provocado la decisión, y la dirección del SUP admitía que no se había sabido mantener al margen del proyecto la imagen de Esteve, quien en su día alentó a través de las redes sociales las protestas ante la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. En dichas protestas se produjeron graves altercados protagonizados por ultraderechistas que causaron lesiones a decenas de agentes. No obstante, miembros de la dirección del sindicato insisten en que el proyecto ha sido “malinterpretado” para convertirlo en “una batalla política”. Este tipo de medidas no convence a los más críticos con el acuerdo. “Es imposible ya desligar la imagen de Desokupa de este curso, por mucho que digan que no es la misma empresa. Se ha provocado un daño enorme a la imagen del SUP y alguien tendría de dimitir”, señala un exdirigente que pide mantener el anonimato.

El SUP fue el sindicato mayoritario entre los agentes hasta que en junio de 2019 fue desplazado de ese puesto por Justicia Policial (Jupol), una organización de nueva creación surgida durante las protestas para exigir la equiparación salarial con los cuerpos policiales autonómicos. En los últimos comicios, de 2023, el SUP recuperó parte de su electorado, pero siguió por detrás de Jupol en número de votos, aunque lo igualó en el de miembros en el Consejo de la Policía, el órgano de negociación entre los sindicatos e Interior.

Con un acuerdo de colaboración con CC OO y considerado cercano al PSOE ―algunos de sus exdirigentes han ocupado y ocupan puestos de responsabilidad en Interior durante los gobiernos socialistas―, en los últimos años ha mantenido una posición de enfrentamiento con el Gobierno de Sánchez. De hecho, ha sido uno de los sindicatos que en este tiempo se ha movilizado en la calle para oponerse a la reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, y para pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.