El acuerdo con Desokupa abre una crisis en el SUP: “Dimito por su deriva ultra”

Las aguas del Sindicato Unificado de Policía (SUP) bajan revueltas. El anuncio del acuerdo firmado por esta organización con Daniel Esteve, dueño de la empresa dedicada a los desalojos extrajudiciales Desokupa, para que adiestre a miles de agentes ha provocado un aluvión de críticas, y no solo de otros sindicatos y del Ministerio del Interior, sino también internas. Estas se han reflejado en peticiones de baja de afiliados y, al menos, la dimisión de un dirigente, según ha podido constatar EL PAÍS.

Esta es la de Óscar G., hasta ahora secretario de organización del sindicato en Bizkaia, quien en una carta adelantada por eldiario.es, y a la que también ha tenido acceso este periódico, ha comunicado su renuncia al cargo con duros reproches a la actual dirección nacional del SUP, a la que acusa de haber llevado en los últimos años a la organización a una “deriva ultra” para convertirla “en un instrumento político al servicio de intereses personales”. Fuentes de la dirección del sindicato restan importancia a este hecho y lo achacan a la celebración, el año que viene, del congreso en el que se tiene que elegir un nuevo secretario general tras anunciar la actual, Mónica Gracia, que no se presentará a la reelección.

En la misiva, el ya exdirigente provincial del sindicato asegura que “la reciente alianza con la organización ultra Desokupa” es el punto de no retorno en esta deriva. “Me parece inaceptable que el SUP se alíe a una organización que busca debilitar a un gobierno legítimamente constituido [en referencia al Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez, contra el que carga habitualmente Esteve]”, añade, para recordar a continuación que esta empresa “es una organización que se caracteriza por su ideología” y que ha sido “denunciada en varias ocasiones por coacciones, intimidación y lesiones”. “Me parece inaceptable que el SUP establezca alianzas con una organización que promueve la discriminación y el odio hacia determinados grupos de personas”, recalca.

En la carta, Óscar G. considera que lo más preocupante del acuerdo es que “se produce en un momento político muy concreto”. “Me hace pensar que algunos responsables sindicales están utilizando la organización en beneficio de su ideología. Me parece que se está utilizando el sindicato para promover una agenda política que no tiene nada que ver con los intereses de los policías”, afirma, para concluir que todo ello le “obliga” a renunciar a su cargo dentro del SUP, así como a su condición de afiliado.

Una posible encuesta

Mientras tanto, el sindicato se ha reafirmado este martes, mediante un mensaje en la red social X (antes Twitter), en su intención de continuar adelante con el curso impartido por Esteve a través de una de sus sociedades. En ese mensaje, el SUP insiste en que con el mismo únicamente busca “complementar y reforzar los conocimientos” que los agentes reciben del Ministerio del Interior e intenta desligarlo de las polémicas actividades de Esteve. “Esta empresa [cuyo nombre comercial es Club Desokupa], pese a la similitud del nombre y que su dueño también es Daniel Esteve, no guarda relación con las actividades de la compañía Desokupa”, afirma el SUP en dicho mensaje, en el que insiste en que el programa será impartido por agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza. “La cosa no va de matones instruyendo a Policías”, añade.

La decisión de mantener la convocatoria del curso ―que está previsto que se inicie en septiembre con una parte online para continuar con otra práctica de ocho horas― se ha comunicado después de que durante este lunes algunos dirigentes plantearan la posibilidad de realizar una encuesta entre los afiliados para que ellos decidieran si se suspendía el acuerdo de colaboración con la empresa de Esteve después de la polémica creada, según han confirmado a este diario varios dirigentes que piden mantener el anonimato. “Se valoraron y se están valorando muchas iniciativas, entre ellas consultar a los afiliados el grado de aceptación del curso de cara a medir el impacto de potenciales alumnos”, admite un miembro de la actual dirección.

Siempre según estas fuentes, en el texto que se planteaba enviar a los afiliados para recabar su opinión se lamentaba el revuelo “institucional y mediático” que había provocado la decisión, y la dirección del SUP admitía que no se había sabido dejar al margen del proyecto la imagen de Esteve, quien en su día alentó a través de las redes sociales las protestas ante la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. En dichas protestas se produjeron graves altercados protagonizados por ultraderechistas que causaron lesiones a decenas de agentes. No obstante, miembros de la dirección del sindicato insisten en que el proyecto ha sido “malinterpretado” para convertirlo en “una batalla política”.

Este tipo de medidas no ha convencido a los más críticos con el acuerdo. “Es imposible desligar la imagen de Desokupa de este curso, por mucho que digan que no es la misma empresa. Se ha provocado un daño enorme a la imagen del SUP y alguien tendría de dimitir”, señala un exdirigente que pide mantener el anonimato. “No todo vale para conseguir afiliados”, se queja un miembro de las escalas de mando que admite que también ha barajado dejar de pertenecer al sindicato “tras décadas de formar parte de él”. Miembros de la dirección admiten conocer que “está habiendo movimientos y hoy [por este martes] alguno más habrá”.

El SUP fue el sindicato mayoritario entre los agentes hasta que en junio de 2019 fue desplazado de ese puesto por Justicia Policial (Jupol), una organización de nueva creación surgida durante las protestas para exigir la equiparación salarial con los cuerpos policiales autonómicos. En los últimos comicios, de 2023, el SUP recuperó parte de su electorado, pero siguió por detrás de Jupol en número de votos aunque le igualó en el de miembros en el Consejo de la Policía, el órgano de negociación entre los sindicatos e Interior.

Con un acuerdo de colaboración con CC OO y considerado cercano al PSOE ―algunos de sus exdirigentes han ocupado y ocupan puestos de responsabilidad en Interior durante los gobiernos socialistas―, en los últimos años ha mantenido una posición de enfrentamiento con el Gobierno de Sánchez. De hecho, ha sido uno de los sindicatos que en este tiempo se ha movilizado en la calle para oponerse a la reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, y para pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.