El dueño de Desokupa adiestrará a miles de policías tras un acuerdo con un sindicato de agentes

Daniel Esteve Martínez, dueño de Desokupa, la empresa dedicada a los desalojos extrajudiciales en España con prácticas que exploran los márgenes de la ley, y célebre por sus vídeos en redes sociales con duros ataques a los partidos de izquierda, adiestrará a partir de septiembre a “miles” de agentes de la Policía Nacional. Lo hará tras firmar un acuerdo de colaboración con Mónica Gracia, secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP, el segundo en número de votos en las últimas elecciones sindicales, de junio de 2023), según han anunciado ambas partes a través de las redes sociales con un vídeo. El acuerdo ha provocado enorme malestar en el resto de sindicatos policiales ―la Unión Federal de Policía ha denunciado en X que el acuerdo puede dañar la imagen policial― y en el Ministerio del Interior por el polémico perfil de Esteve. Fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska se han apresurado este domingo a recalcar que la formación que impartirá el dueño de Desokupa a los policías son cursos “no homologables ni baremables [para la promoción interna] y no cuentan con ningún respaldo por parte de la Dirección General de la Policía”. Sumar ha anunciado que preguntará en el Congreso a Interior “qué medidas va a adoptar para impedir que grupos de civiles violentos formen a miembros de la policía en activo”.

“Nosotros no pedimos el carné político a nadie. Lo hemos firmado con quien creemos que puede ayudarnos a lograr el objetivo de mejorar la formación que los agentes reciben de la Dirección General de la Policía y de Interior”, justifica un miembro de la ejecutiva del SUP que insiste en que el acuerdo no tiene “ninguna connotación política”. La secretaria general, en el vídeo que anunciaba el acuerdo, hablaba de hecho “histórico” motivado por una supuesta “violencia desmedida” y la pérdida de autoridad de los agentes que, en su opinión, acrecienta el riesgo al que se enfrentan los policías. Por su parte, Esteve ―una de cuyas últimas acciones fue colocar justo antes de las últimas elecciones generales una lona gigantesca en la fachada de un edificio en obras en el centro de Madrid, con un mensaje dirigido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Tú a Marruecos. Desokupa ¡a La Moncloa!”―, defiende el que califica de proyecto “brutal”, e incide en que esta formación para agentes es necesaria porque “la inseguridad es un problema en las calles”.

El convenio recoge que Esteve, a través de una de su empresas, Desokupa Manda SL.*, y la marca comercial de esta, el Club Desokupa, impartirá a partir de septiembre clases online y presenciales a los afiliados del sindicato ―algo más de 20.000 según la propia organización― y sus familiares directos a un precio aún por fijar. Según señalan las dos partes, rondará los 15 o 20 euros en el caso de la parte que se imparte por internet ―”ya hemos grabado varios vídeos”, asegura el dueño de Desokupa― y los 50 euros por ocho horas prácticas. Esta consistirá en media docena de situaciones prácticas que incluirán desde nociones de primeros auxilios, a técnicas para utilizar las porras extensibles de acero con la que los agentes han sido dotados en los últimos años por Interior, a pesar de que el ministerio les imparte obligatoriamente esta formación antes de habilitarlos para su uso. También incluirá técnicas para engrilletar a un detenido o el denominado “grappling policial”, que combina diferentes maniobras de lucha para inmovilizar a una persona. Esteve asegura a este diario que cuenta con instalaciones propias para ello y que, además, contará con la colaboración de 150 gimnasios de toda España para futuros cursos de actualización.

“El 85% de los 60 instructores que lo darán serán policías y guardias civiles en activo que colaboran con el Club Desokupa”, afirma Esteve, empeñado en desligar su ideología política del proyecto. “Ya tengo sobre la mesa cinco propuestas para firmar acuerdos similares”, presume, antes de asegurar que sabía que el proyecto iba a crear polémica precisamente por su presencia. Desde el SUP, sin embargo, apuntan que el acuerdo es de exclusividad, y que va dirigido solo a agentes afiliados a este sindicato, aunque también podrán asistir, pagando una cantidad mayor, tanto civiles como miembros de otras fuerzas de seguridad, funcionarios de prisiones y militares. “La mayor parte de las lesiones que sufren los agentes en el desempeño de sus funciones son músculo-esqueléticas durante las maniobras para detener a un sospechoso. Con este curso pretendemos mejorar ese aspecto para mejorar la seguridad de los policías, pero también, por extensión, la de la ciudadanía”, insiste el miembro de la ejecutiva consultado, que recalca que para el SUP los instructores de Desokupa son “de los mejores” para impartir esta formación.

No obstante, este dirigente del SUP admite que el acuerdo es “arriesgado” y que hubo “dudas” por la imagen de Esteve. De hecho, el dueño de la empresa alentó en su día a través de las redes sociales ―acumula cientos de miles de seguidores en Instagram, Twitter, YouTube y TikTok― las protestas antes la sede federal del PSOE por la ley de amnistía en las que se produjeron graves altercados protagonizados por violentos de ultraderecha que causaron lesiones a decenas de agentes. Esteve niega, sin embargo, la etiqueta de neonazi o ultraderechista que se le adjudica, y presume del número de desalojos extrajudiciales que ha realizado con sus empresas. “Más de 9.700, de ellos 578 para policías y guardias civiles a los que habían ocupado sus casas”, detalla antes de recalcar que todo ello “sin ninguna condena” por supuestas prácticas ilegales.

Esteve aparece en la actualidad como administrador único de media docena de empresas con objetos sociales que van de la hostelería a la cosmética y el ocio nocturno. Aunque el buque insignia de su entramado empresarial es Conciencia y Respeto 1970 S. L. ―el nombre social de Desokupa―, los cursos de formación para policías los impartirá a través de otra mercantil, Desokupa Manda, una sociedad unipersonal creada en 2021 y sin empleados que tiene como objeto social “la realización de todas aquellas actividades y servicios relacionadas con el ejercicio de los derechos de propiedad y de posesión, de cualesquiera fincas de naturaleza rústica o urbana”. Los Mossos d’Esquadra han investigado a Esteve y sus empresas en diversas ocasiones. Apareció en el radar policial hace más de una década, cuando empezó a dedicarse al cobro de morosos.

El SUP fue el sindicato mayoritario entre los agentes hasta que en junio de 2019 fue desplazado de ese puesto por Justicia Policial (Jupol) una organización de nueva creación surgida durante las protestas para exigir la equiparación salarial con los cuerpos policiales autonómicos. En los últimos comicios, recuperó parte de su electorado, pero siguió por detrás de Jupol. Con un acuerdo de colaboración con CC OO y considerado durante años como cercano al PSOE ―algunos de sus exdirigentes han ocupado y ocupan puestos de responsabilidad en Interior durante los gobiernos socialistas―, desde la llegada de Sánchez al Palacio de la Moncloa ha mantenido una posición de enfrentamiento con el ejecutivo de coalición. Ha sido uno de los sindicatos que en los últimos años se ha movilizado en la calle para oponerse a la reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, que han promovido hasta ahora sin éxito el PSOE y sus socios parlamentarios y para pedir la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska.