Recetas para la regeneración democrática: regular los conflictos de interés y controlar la financiación de la prensa

A petición propia, en un pleno extraordinario, el presidente del Gobierno informará este miércoles en el Congreso del llamado Plan de Acción por la Democracia, que anunció, sin detallar, en una comparecencia sin preguntas en La Moncloa el pasado 29 de abril tras meditar durante cinco días si seguía o no en el puesto. De lo trascendido hasta ahora, ese plan se centra en los medios de comunicación, para combatir lo que Pedro Sánchez llama “la máquina del fango”. El pasado 6 de mayo, EL PAÍS, tras consultar con una docena de expertos en distintas disciplinas, recopiló una serie de propuestas para esa regeneración democrática en materia de bulos y desinformación; Justicia, colonización institucional y conflicto de intereses. Tres organizaciones, Más Democracia por un lado, y Hay Derecho y España Mejor por otro, han elaborado con especialistas en distintas disciplinas, respectivamente, un plan con 25 ideas “para mejorar la convivencia y regenerar la democracia” y un “Código Ético del Gobierno”. En el primer caso, abarca a toda la clase política, el poder legislativo, el judicial, los medios de comunicación y la sociedad civil. El segundo es solo para el presidente del Gobierno, los vicepresidentes y los ministros. “Entendemos”, afirma la presidenta de Más Democracia, Cristina Monge, politóloga y profesora de Sociología, “que la calidad de la democracia no es solo responsabilidad del Gobierno, ni siquiera solo del ámbito político en todos sus niveles, sino algo que se construye o derriba entre todos”. Miriam González, fundadora de España Mejor y abogada internacional, explica que se centran en el Ejecutivo porque “son los que tienen más responsabilidad y han de marcar el tono para el resto del país. Si los que están más arriba adoptan una serie de compromisos, la sociedad también se acostumbra a exigir mucho más”.

El objetivo de ambas propuestas, que quieren compartir con las autoridades y la sociedad civil, es combatir la creciente desconfianza hacia las instituciones en las democracias occidentales, donde la clase política se ha convertido, a menudo, en un problema más, o así al menos lo percibe la ciudadanía, según recurrentes sondeos.

La crispación, el lenguaje y las redes sociales

Para que el poder legislativo se dedique plenamente a su labor, en lugar de “trasladar la contienda electoral al interior del Parlamento”, Más Democracia pide al presidente del Gobierno “que se aplique a sí mismo la máxima de criticar las políticas y no a los políticos para no contribuir a la crispación” y a los ministros, que no instrumentalicen su cargo “para hacer de azote de la oposición”. También advierten al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que “la carga de acusaciones de inmoralidad a decisiones plenamente legales es el camino más rápido hacia la ruptura, incluso violenta, de la convivencia” y le recuerda que “cuestionar la legitimidad del Gobierno es “poner en duda la propia legitimidad de la oposición”.

Por su parte, el Código de España Mejor y Hay Derecho recuerda que los miembros del Gobierno deben “mantener una actitud respetuosa” en todo momento, incluidas “las redes sociales”, sin caer en “la descalificación, el insulto, el hostigamiento, o el acoso”. En X hay ejemplos diarios de esa falta de pudor o respeto institucional, no solo por parte del Ejecutivo, siendo el ministro de Transportes, Óscar Puente, el más señalado, sino también entre los partidos y dirigentes de la oposición.

Conflictos de interés, asesores y grupos de presión

Para González, existe un problema con la normativa y el funcionamiento de la Oficina de Conflicto de Intereses, “que debería tener más fuerza y más independencia”. El Código Ético que plantean distingue tres tipos de conflicto: real, potencial y aparente, y recuerda que todos ellos dañan la confianza ciudadana. La fundadora de España Mejor cree que debe haber un mecanismo “más preventivo que sancionador” para evitar que esos conflictos lleguen a producirse y para ello, el grupo propone crear dos nuevas figuras: el “asesor independiente” y la “Oficina de Ética”, a quienes poder consultar previamente cualquier posible situación dudosa. En el primer caso, se trata de “una persona de probada integridad, con más de 15 años de experiencia profesional sin relación alguna con los partidos” y elegido por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. La oficina estaría compuesta por tres expertos que reunirían idénticos criterios y serían elegidos por mayoría simple.

Más Democracia plantea crear una Agencia Anticorrupción, que integre la actual oficina de conflictos y poner en funcionamiento la oficina de protección al informante, así como dotar al Consejo de Transparencia de mayor independencia y capacidad sancionadora. Ambas oficinas son compromisos políticos ya adquiridos que no terminan nunca de aterrizar.

El Código Ético de España Mejor y la fundación Hay Derecho también propone que el proceso para elegir a los asesores del Gobierno (hasta cinco por ministro; nueve para los vicepresidentes, incluyendo sus jefes de gabinete, y sin límite pare el presidente) sea supervisado por la Oficina de Ética y que se publicite su mérito y capacidad, sueldo y funciones, siendo el Gobierno “políticamente responsable” de la actuación de todos ellos, quienes “nunca podrían interferir directamente en los nombramientos,ceses o contrataciones del ministerio para que el trabajan”. “Acabamos de tener un caso”, explica González, refiriéndose a Koldo García, asesor del exministro de Transportes socialista José Luis Ábalos, “en el que a gran parte de la sociedad le ha sorprendido por qué estaba esa persona ahí”. El Código propone, además, que todos los cargos por debajo de secretario de Estado sean funcionarios. “Llega un Gobierno nuevo”, afirma González, “y se produce un tsunami de nombramientos. Eso debilita la Administración, que tiene una cierta función de control [otra de sus propuestas es que haya un funcionario “siempre presente” en todas las conversaciones relacionadas con “asuntos gubernamentales”]. Si tuviésemos una administración más independiente se generaría más confianza en el sistema”.

Más Democracia insiste en la necesidad de regular la actividad de los grupos de interés o lobbies, como hace la legislación europea en materia de registro y de transparencia en las agendas y reuniones. Monge recuerda que este aspecto “se ha discutido muchas veces en las Cortes, pero nunca acaba de cerrarse”. España Mejor propone que la Oficina de Ética supervise, dentro de los cuatro años posteriores a dejar el cargo, si un exministro puede o no trabajar en una de esas empresas.

Comisiones de investigación y voto secreto

Más Democracia plantea “proteger la autonomía de los diputados respecto a las direcciones de sus partidos”, asunto que ha provocado, en el pasado, sonoras polémicas, como la negativa de algunos parlamentarios, entre ellos Sánchez, a abstenerse para favorecer la investidura de Mariano Rajoy o la multa a la popular Celia Villalobos por no acatar la disciplina de voto sobre la ley del aborto. “El diputado tiene que tener un ámbito de libertad”, explica Monge, quien también destaca que en las comisiones de investigación deberían “poder votar en secreto porque puede que el investigado sea su propio partido”. Este plan de regeneración también propone que no se puedan abrir comisiones de investigación sobre temas que están en ese momento judicializados —ahora no se cumple—; que tampoco se puedan celebrar en ambas Cámaras sobre el mismo tema y que los grupos minoritarios puedan plantearlas. En cuanto a los partidos, Monge propone recuperar incentivos “para que los mejores quieran entrar en política”, lo que a juicio de Más Democracia pasa también por “fomentar el debate dentro de los partidos y establecer garantías públicas para que las primarias no sean meros procedimientos de ratificación de las decisiones de las élites partidarias”. Ese nuevo mecanismo podría discutirse en una “comisión de estudios en el Congreso”.

Medios de comunicación: publicidad institucional y auditorías

El documento de España Mejor y Hay Derecho obliga a los miembros del Gobierno a someterse “periódicamente al escrutinio de los medios con ruedas de prensa, sin que pueda favorecerse o vetarse a ningún medio o periodista” y adoptar el compromiso de no amenazar “de forma directa o indirecta, a medios de comunicación o periodistas”. El Código solo alude a miembros del Ejecutivo central, pero recientemente fue Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, del PP, quien amenazó y trató de intimidar a periodistas que investigaban el escándalo fiscal que afecta a la pareja de la política. Ese Código Ético también propone que las reuniones de representantes del Gobierno con propietarios de medios se publiquen trimestralmente “independientemente del propósito” del encuentro. Asimismo, plantean que los fondos públicos a disposición de los medios se concedan de conformidad a “criterios transparentes, objetivos, proporcionados y públicos”.

Más Democracia va un poco más allá. Pide a las asociaciones de informadores que, junto a expertos y representantes de la sociedad civil, impulsen un “consejo profesional” que establezca “criterios deontológicos que dificulten el ejercicio espurio de la profesión y exija la total transparencia en la publicación de la composición del accionariado de cualquier tipo de medio y el origen pormenorizado de sus ingresos” —algo que ya exige el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación—. Y del lado del Gobierno, solicitan que excluyan del reparto de publicidad institucional a quienes incumplan esos criterios previamente fijados por la profesión teniendo en cuenta, además del número de suscriptores, “el cumplimiento de las reglas fiscales, condenas firmes por faltar a la veracidad o porcentaje de contenidos creados con Inteligencia Artificial”. “De esta forma”, explica Monge, “sería necesario presentar una serie de auditorías que acrediten esos criterios, como por otro lado ya ocurre cuando cualquier asociación o fundación quiere acceder a financiación pública. Ese proceso lo harían las casas auditoras, que se jugarían su prestigio si mienten”. Para combatir los bulos y la desinformación urgen a “impulsar un acuerdo con las asociaciones profesionales para una reforma rápida del derecho de rectificación, adaptándolo a la realidad de la sociedad digital”.

Independencia en la Justicia: sorteos y extensión de mandatos

Tras el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante cinco años y medio, Más Democracia plantea “establecer un límite de mandato improrrogable y un sistema de concurso como alternativa a la ausencia de acuerdos futuros”. “Se presenta quien quiere”, explica Monge, “se comprueba que reúne los méritos necesarios, se hace una entrevista con los candidatos y luego se somete a un sorteo. Sería una forma de evitar que el cambio de cromos pueda alterar la idea de independencia”. Además, el grupo propone que los mandatos del fiscal general del Estado no coincidan con los del Ejecutivo. “De esa forma, un fiscal general podría convivir con dos gobiernos, del mismo o distinto color político. Es uno de los instrumentos habituales para intentar garantizar la independencia de una institución” .

El Código Ético que propone España Mejor y Hay Derecho recuerda, así mismo, que los miembros del Gobierno “tienen la obligación de evitar un uso partidista de las estadísticas oficiales” —esta semana el PP impulsará en el Senado una comisión de investigación sobre el funcionamiento del CIS— y, en caso de caer en esas prácticas, la Oficina de Ética publicaría un informe denunciándolo. Del mismo modo, el Ejecutivo debe “evitar un uso partidista de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia”, como ha ocurrido con la llamada policía patriótica que investigó y fabricó pruebas contra rivales políticos durante los Gobiernos del PP. En caso de detectar una conducta de ese tipo, la misma oficina realizaría “una investigación urgente” que llevaría a las Cortes “para la exigencia de responsabilidades políticas y jurídicas. Si se determina que un ministro ha utilizado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o los servicios de inteligencia con un fin partidista”, afirma el Código Ético, “debe dejar el cargo”.

Libros de memoria, chófer y residencias oficiales

El documento de Hay Derecho y España Mejor, en una clara referencia a Manual de resistencia y En tierra firme, ambos de Pedro Sánchez, establece que los miembros del Gobierno “se abstendrán, mientras estén en el cargo, de publicar un libro sobre su experiencia ministerial”. Y va más allá, al someter a la autorización previa de la Oficina de Ética y el Asesor Independiente la publicación de unas memorias por parte de exministros. La propuesta restringe también a casos de amenaza sobre la seguridad la disponibilidad de residencias oficiales y plantea que solo el presidente, los vicepresidentes, y los ministros de Interior, Defensa, Justicia y Asuntos Exteriores dispongan de vehículos y conductores oficiales.