El juez pide al Supremo investigar el papel del fiscal general en la difusión de un comunicado sobre el novio de Ayuso

El magistrado Francisco José Goyena, instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ha decidido enviar al Tribunal Supremo la causa abierta contra la Fiscalía por revelación de secretos a raíz de la querella presentada por Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En su resolución, fechada este lunes, el magistrado reclama investigar el papel de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, en la publicación de una nota de prensa que desmentía un bulo difundido por el equipo de la dirigente del PP tras conocerse la causa por fraude fiscal abierta contra su pareja —con el que los populares trataban de desacreditar al ministerio público y vender la tesis de que todo era una persecución política contra la jefa del Ejecutivo madrileño—.

El novio de Ayuso arguye que ese comunicado incluía datos confidenciales, como los términos en los que su abogado había propuesto un pacto de conformidad para librarlo a él de la cárcel. Pero, por su parte, la Fiscalía defiende que no se reveló ninguna información que fuera secreta, ya que todo había sido ya publicado por la prensa a raíz de una filtración procedente del entorno de González Amador. A su vez, el ministerio público recalca que cumplió así con su “obligación” de ofrecer información veraz a la ciudadanía ante los intentos del Gobierno madrileño de desacreditar a la institución. “No se descubrió hecho alguno”, afirma el fiscal Francisco Javier Montero, que ha asumido el caso abierto en el TSJM contra la institución encabezada por García Ortiz, que salió en público a asumir toda la responsabilidad por la emisión de la nota de prensa. “Lo que es previamente conocido ya no es secreto”, incide el ministerio público, apoyándose en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Sin embargo, el juez instructor del TSJM sostiene que la “difusión de dicha información no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal”: “Pues, aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la prensa, supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros, al perjudicar a un tercero e incluso a un interés colectivo, si atendemos al derecho de defensa [...] [Sobre] la alegada justificación que se esgrime para la difusión de la nota, [esta] podría haber tenido otro formato y contenido, que no vulnerara el deber de reserva que debía guardarse”.

El origen de esta historia se sitúa en la noche del 13 de marzo, horas después de conocerse que la Fiscalía había presentado una denuncia contra la pareja de Ayuso por defraudar 350.951 euros a Hacienda. Ese día, después de que la presidenta madrileña se presentase antes los periodistas como víctima de un complot, su equipo comenzó a difundir el bulo de que el ministerio público había ofrecido un pacto a González Amador por correo electrónico. Una información tergiversada que, finalmente, El Mundo publicó por la noche —incluyendo parte del contenido de un email firmado por el fiscal Julián Salto, que llevaba el caso—.

La realidad era muy distinta. Había sido el propio novio de Ayuso quien, más de un mes antes, había tomado la iniciativa de tratar de alcanzar ese acuerdo a través de otro correo electrónico enviado por su abogado, Carlos Neira, al ministerio público. Así lo desvelaron varios medios, entre ellos EL PAÍS y la SER, entre la medianoche del mismo 13 de marzo y primera hora de la mañana del 14, publicando ese correo originario de la pareja de la presidenta.

Pero, el principal asesor de la dirigente del PP, Miguel Ángel Rodríguez, aprovechó el desconcierto generado por la información tergiversada de El Mundo. Y, al poco de su publicación, lanzó un mensaje en redes sociales con la teoría de que esa supuesta oferta de la Fiscalía, que después supuestamente se había retirado, formaba parte de una especie de chantaje con fines políticos. Multitud de medios pidieron entonces explicaciones al ministerio público, que emitió un comunicado el día 14 para aclarar lo ocurrido. Esa nota, atribuida a la Fiscalía Provincial de Madrid, echaba por tierra las mentiras que el equipo de la presidenta estaba propagando y dejaba claro que la iniciativa de intentar un pacto había partido de González Amador.

Aun así, en su resolución de este lunes, el juez Goyena aprecia indicios de delito al analizar la emisión de ese comunicado y expone: “Se constata, por su mera lectura y en principio, que la nota informativa de la Fiscalía Provincial de Madrid contiene una exhaustiva, minuciosa y detallada narración, descripción y secuencia de los hechos”. En esa línea, el instructor obvia la filtración del bulo originario del PP; y señala a la Fiscalía General del Estado como el organismo que ordenó la publicación de la nota que lo desmentía: “La elaboración y difusión de la expresada nota excedió del ámbito de decisión de la Fiscalía Provincial de Madrid. Contó con el explícito consentimiento e indicaciones, incluso con el apremio, de la Fiscalía General del Estado”.

Por ello, el juez del TSJM cree que ahora se deben “contrastar” las pesquisas con “la versión de estos hechos que pudiera dar el fiscal general del Estado, a los que es notorio que no es ajeno”. El caso queda así en manos del Supremo, que tiene en su mano imputar a Álvaro García Ortiz.

“Evidenció el bulo”

En contraste a la tesis del juez, el fiscal Francisco Javier Montero ya manifestó en un escrito la posición del ministerio público, que descarta cualquier irregularidad: “Las dudas acerca del recto proceder del Ministerio Fiscal deslizadas, además de por distintos medios, por la propia presidenta de la Comunidad y su jefe de gabinete, aconsejaban trasladar a la opinión pública la realidad de lo acontecido, ofreciendo datos objetivos que despejaran cualquier sombra de duda a propósito de la actuación desarrollada por el Ministerio Fiscal”.

En un comunicado emitido este lunes tras conocerse la decisión del TSJM, García Ortiz ha subrayado lo mismo: “La nota se emitió para poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario fiscal, y para cumplir con la obligación de la Fiscalía de ofrecer información veraz a la ciudadanía”. El ministerio público dice que no se reveló ningún dato secreto —pues todo se conocía ya por la prensa— y que la respuesta fue proporcional: “El deber de informar a la opinión pública de sus propias actuaciones es un mandato legal que la Fiscalía ha cumplido en el pasado y seguirá haciendo en el futuro. La difusión del contenido de querellas, denuncias, escritos de acusación o informes relevantes para la opinión pública es, ha sido y seguirá siendo parte del trabajo habitual de sus oficinas de prensa y portavoces”.

El novio de Ayuso se querelló por esta nota de prensa contra Julián Salto, el fiscal que llevaba su denuncia por fraude fiscal, y contra la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez. Ambos fueron imputados. Pero este lunes, a la vez que se ha pedido elevar el caso al Supremo, el juez Goyena ha archivado la causa contra Salto por carecer su actuación de “relevancia penal” —su papel “en relación a la elaboración de la nota de la Fiscalía Provincial de Madrid fue meramente instrumental”—. El magistrado sí mantiene bajo sospecha a Rodríguez, sobre la que dice que “no dijo toda la verdad, bien por omisión o bien por indicar que no lo recordaba”, durante su declaración ante el juez del TSJM.