El Supremo archiva el ‘caso Tsunami’ contra Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg

El Tribunal Supremo ha dado carpetazo este martes a la vertiente del caso Tsunami Democràtic abierta contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg (ERC). La magistrada Susana Polo, instructora del alto tribunal, ha acordado el archivo del procedimiento contra ambos políticos independentistas, actuales diputados electos del Parlament, después de que el juez Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, decidiese el lunes lo mismo para el resto de imputados en estas pesquisas, abiertas en 2019 por delitos de terrorismo.

Este movimiento de Susana Polo se produce tan solo unas horas después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictase la resolución que ha desencadenado todo. En la tarde del lunes, este tribunal emitió un auto donde concluía que el magistrado García-Castellón prorrogó la investigación del caso Tsunami fuera de plazo en julio de 2021 y, por tanto, no vale ninguna de las averiguaciones recabadas desde ese momento. La Sala le ordenaba, además, que revaluase el sumario y, en base a lo que tenía antes del verano de hace tres años, acordase si existían indicios suficientes para procesar a alguien. O, en su caso, debía archivar el procedimiento contra los sospechosos. Por la noche, el juez García-Castellón optó por la segunda opción y sobreseyó la causa contra las 10 personas que él mantenía imputadas: entre ellas, Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana.

La decisión de García-Castellón no afectaba a Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg, ya que el Supremo había asumido la parte del caso Tsunami sobre ellos. Sin embargo, la resolución de la Audiencia Nacional abocaba a que se adoptase una medida similar sobre ambos políticos independentistas, ya que la causa del Supremo tiene su origen en la de García-Castellón. De hecho, este magistrado envió en noviembre de 2023 la petición al Supremo para que asumiese esa parte de las pesquisas, apoyándose especialmente en varios informes de la Guardia Civil elaborados ese mismo año (es decir, emitidos en el periodo de tiempo ahora invalidado).

El Supremo ya esperaba en la tarde de este lunes que García-Castellón moviese ficha tras la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que echaba por tierra los últimos tres años de sus pesquisas. Según fuentes del alto tribunal, si se quería seguir adelante con la causa contra Puigdemont y Wagensberg, este juez debería haber reelaborado la petición de imputación que remitió al Supremo, planteando los indicios válidos que tiene contra los aforados (es decir, solo los recabados antes del 29 de julio de 2021). En cambio, García-Castellón acordó archivar el caso para sus 10 imputados y enviar su decisión al alto tribunal, al concluir que la causa había quedado herida de muerte.

Este martes, tras recibir la resolución de García-Castellón, Susana Polo ha seguido la misma línea. La magistrada instructora expone que la petición de imputación enviada al Supremo se hizo dentro del periodo de tiempo ahora invalidado. Y remacha que, antes del 29 de julio de 2021, “no se llevó a efecto ninguna investigación de la causa determinante de la participación de los investigados en los hechos que se les imputa”. “Así se desprende del auto de archivo dictado por el instructor del Juzgado Central [de la Audiencia Nacional], en el que consta que no se había acordado ni tomado declaración a ninguno de los investigados —tampoco ha tenido lugar la de los aforados en la presente causa—, lo que impide que las actuaciones puedan continuar”, apostilla la jueza.

La Audiencia Nacional abrió el caso Tsunami por delitos de terrorismo para investigar las protestas y disturbios registrados en Cataluña tras la sentencia del procés en octubre de 2019. Las pesquisas, que permanecieron bajo secreto durante años, han marcado la actualidad política y jurídica en los últimos meses. Especialmente desde noviembre de 2023, cuando García-Castellón decidió citar a declarar a los imputados: entre ellos, a Puigdemont y Rovira. Esa iniciativa se produjo en plenas negociaciones sobre la amnistía. Y el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE), que ha impulsado esta ley después de que los partidos secesionistas la pusieran como condición para la investidura del dirigente socialista, tuvo muy en cuenta esta investigación a la hora de elaborar la nueva norma, con el objetivo de poder incluir a los 12 imputados entre los beneficiarios. Aunque, de momento, los tribunales no se habían pronunciado sobre si se les debía aplicar a ellos.

Tras conocerse la decisión del Supremo, Laura Borràs, presidenta de Junts, ha celebrado la resolución de este martes: “Ayer, García-Castellón. Hoy, Polo. Qué bien que al menos los defectos de forma ayuden al defecto de fondo que representa una causa fantasma total. Deberían archivar todas las persecuciones”, ha tuiteado.