García Ortiz defiende su criterio sobre la amnistía al ‘procés’ ante una cúpula fiscal dividida

La cúpula fiscal afronta este martes un duro debate sobre la aplicación de la ley de amnistía a los principales dirigentes del proceso independentista catalán. La Junta de Fiscales se reúne con el fiscal general, Álvaro García Ortiz, para analizar el criterio que debe seguir el ministerio público en este asunto. El máximo responsable de la Fiscalía defiende aplicar la ley de amnistía a los condenados o imputados por el delito de malversación, entre ellos el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont —huido a Bruselas desde 2017—, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el exvicepresidente catalán y presidente de ERC, Oriol Junqueras —indultado en 2021 de la pena de prisión, pero no de la inhabilitación para ejercer cargo público—. Los fiscales del procés defienden lo contrario: la ley de amnistía no se puede aplicar a los condenados o imputados por malversación. El resultado de la votación de los 37 fiscales convocados a la Junta no es vinculante para García Ortiz, que tiene la potestad de marcar el camino a seguir. Los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que han acusado a los principales líderes independentistas ya han avisado que no asumirán sus indicaciones y se apartarán del caso, por lo que el informe de la Fiscalía que ha pedido el magistrado instructor, Pablo Llarena, lo tendrán que redactar otros fiscales.

La Junta de Fiscales, el máximo órgano consultivo de la carrera fiscal, está formado por 36 fiscales de Sala, el fiscal general del Estado y su número dos, la teniente fiscal del Tribunal Supremo María Ángeles Sánchez Conde. El órgano cuenta con un amplio número de fiscales que han ascendido a dicha categoría (la máxima de la carrera fiscal) durante el mandato de García Ortiz o de su predecesora, Dolores Delgado, que también está citada a la reunión como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

Este grupo, compuesto por una decena de incorporaciones al cónclave en los últimos años que se suman a los miembros que ya solían mostrarse afines a las tesis más progresistas, volverán a apoyar la postura del jefe del ministerio público, según fuentes fiscales. El pasado mes de abril, en el último encuentro de la Junta de Fiscales, la mayoría de integrantes, entre los que se encuentran este conjunto, apoyó la tesis de la teniente fiscal a favor de proponer el archivo de la denuncia por revelación de secretos presentada contra la propia Fiscalía por la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En el otro bando figuran los miembros más conservadores y los más veteranos que, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, suelen oponerse al criterio de García Ortiz. Entre ellos, se encuentran los fiscales que dirigieron la acusación en el Supremo por el procés (Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno), que han forzado la reunión de este martes al invocar el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el mecanismo que eleva al órgano consultivo del ministerio público las discrepancias entre superiores y subordinados.

García Ortiz pretende reforzar su postura frente a los cuatro fiscales que se han atrincherado en la versión opuesta y que rechazan aplicar la amnistía al delito de malversación, ya que ello supondría apoyar el levantamiento de las órdenes de detención que pesan todavía sobre los imputados que se encuentran fuera de España, como Puigdemont. En cualquier caso, la última palabra la tendrán los jueces que instruyen las distintas causas judiciales por el proceso independentista de otoño de 2017. El juez instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha preguntado a las distintas partes personadas en el procedimiento si cabe aplicar la medida de gracia a la malversación y si consideran que la causa afecta a los intereses financieros de la Unión Europea y, por tanto, no puede ser amnistiada.

Los fiscales del procés consideran que los delitos de desobediencia y de desórdenes públicos que se atribuyen a los encausados por el proceso independentista pueden ser amnistiados, ya que encajan en lo contemplado en la norma. Sin embargo, sostienen que la amnistía no se puede aplicar en el caso de la malversación de fondos públicos, al entender que “supuso un beneficio patrimonial” para sus autores y que el texto deja este supuesto fuera del perdón. Y así lo expondrán en la reunión de este martes en la Fiscalía General del Estado.

El fiscal general discrepa de esta interpretación y asegura que los fiscales confunden los conceptos “ánimo de lucro” que exige el delito de malversación con el “enriquecimiento personal de carácter patrimonial”. En este sentido, en un decreto con fecha del pasado viernes, y en respuesta a los fiscales, García Ortiz destaca que la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a 12 líderes independentistas ya concluyó que, aunque estos “obraron con ánimo de lucro”, no lo hicieron con el propósito de obtener un enriquecimiento personal. Y ello es lo que justifica, en su opinión, que dicho delito puede ser amnistiado en aplicación del texto de la ley.

Estos argumentos chocan con el criterio de los cuatro fiscales del Supremo, que ya advirtieron que si la Junta impone aplicar la amnistía a la malversación, no firmarán el decreto, sino que deberá hacerlo el propio fiscal general u otro fiscal que él designe. La “orden (de García Ortiz) es improcedente y contraria a las leyes al no ajustarse a los criterios más elementales de la lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de las normas”, remacharon.