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El Parlamento asturiano exige por unanimidad la supresión del peaje de la autopista del Huerna que Álvarez-Cascos prorrogó hasta 2050

La Comisión Europea considera ilegal aquella operación y afirma que se hizo para sacar más dinero tras la privatización de la concesionaria Aucalsa

El peaje del huerna, en la autopista AP-66, en una imagen tomada a finales de 2023
El peaje del huerna, en la autopista AP-66, en una imagen tomada a finales de 2023EUROPA PRESS
Nacho Poncela

Frente común en el Parlamento asturiano para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez la anulación del peaje de la autopista AP-66, conocida popularmente como la autopista del Huerna (el valle que atraviesa entre Asturias y León), con 78 kilómetros de recorrido. Por primera vez todos los partidos políticos de la Junta General del Principado se han puesto de acuerdo para secundar una proposición no de ley presentada por Foro Asturias en la que se insta al Ejecutivo central a “iniciar los trámites para suprimir este peaje” y al Principado a ser “parte activa de este procedimiento, encargando un estudio en el que se exploren las vías jurídicas para la anulación de la prórroga concedida irregularmente y se valoren los costes económicos que tendría para el Estado la asunción de la gestión directa de la AP-66″. Todos votaron a favor de suprimir un pago que, unido al peaje de la A-6 en Adanero, acerca a los sesenta euros el coste en aranceles en el trayecto Asturias-Madrid-Asturias.

La posición favorable de los partidos en Asturias viene provocada por el dictamen de la Comisión Europea, que hace semanas censuró la ampliación del peaje que, en 2000, el entonces ministro de Fomento del Partido Popular, Francisco Álvarez-Cascos concedió a la empresa concesionaria de la autopista AP-66 hasta el año 2050. Según Bruselas, en respuesta a una denuncia interpuesta por el ex diputado de Podemos Daniel Ripa, aquella operación fue ilegal y se hizo contraria a derecho entre otros motivos para, según expone la UE, sacar más dinero de la posterior privatización de Autopista Concesionaria Asturleonesa (Aucalsa) en 2003, empresa que explota el Huerna.

El único diputado de Foro Asturias, partido fundado por Álvarez-Cascos, fue el que presentó la proposición no de ley, y fue el PP, donde el expresidente del Principado y exvicepresidente del Gobierno pasó la mayor parte de su carrera política, el que apoyó el escrito de Adrián Pumares, evitando de este modo el coste político que hubiese tenido ser el único partido en votar en contra, según han admitido dirigentes populares. El diputado popular Pedro de Rueda defendió el voto de su grupo, mostró dudas sobre la supresión del peaje y cargó contra el ministro Óscar Puente. “Recientemente, dijo que se suprimiría un peaje en Alicante y ya dijo que no se emocionen en otros territorios”.

La situación del Huerna, que tiene un coste de 15 euros por paso y está pendiente de las nuevas rebajas anunciadas por el ministerio, está en manos de Europa y el Ejecutivo central debe contestar al informe de la Comisión. Bruselas da plazo al Gobierno de España para que presente nuevos argumentos que defiendan la legalidad de la operación o plantee cómo va a regularizar la situación. El expediente de infracción reconoce la misma vulneración de la normativa comunitaria en la prórroga de la AP-9, en Galicia, donde el BNG planteó una moción instando a la Xunta a requerir al Ministerio de Transportes que inicie los trámites para revertir el peaje. Una iniciativa similar contó con la unanimidad de las Cortes de Castilla y León.

El diputado socialista Ángel Morales afirma que el informe de la Comisión Europea “demuestra que los argumentos del PP y del señor Álvarez-Cascos para defender la prórroga no son válidos, que se aumentaron los beneficios de forma estratosférica, que cuando en el año 2000 aprobaron la ampliación Aucalsa era una empresa pública, pero ya se sabía que iba a ser privatizada”.

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El consejero de Fomento del Principado, Alejandro Calvo, indica que desde el Ejecutivo autonómico “no queremos quedarnos quietos, recogemos ese guante y lo que vamos a hacer es analizar con más profundidad jurídicamente las posibilidades de que de ese expediente pueda suponer la reversión del peaje. Eso lleva su tiempo, va a necesitar actuaciones administrativas, tiene evidentemente un análisis jurídico y lo que va a hacer el Gobierno de Asturias es ayudar y aportar conocimiento e informes para ver si eso es posible”.

La postura ministerial la verbalizaba hace unos días en Oviedo el Comisionado del Gobierno para el corredor atlántico, José Antonio Sebastián. En su visita aseguraba sin mojarse: “El Ejecutivo central lo tiene claro en lo relativo a los peajes en las autopistas y, por eso, está trabajando en la eliminación progresiva de los mismos, siempre y cuando evidentemente el contrato que tienen sea posible”.

Sebastián explicó que el Ministerio de Transportes está estudiando cada uno de los casos “y se han ido desgranando punto a punto cómo todas estas autopistas han sido prorrogadas, incluso muchísimos años antes de su finalización del contrato, incluso con modificaciones legales ‘ad hoc’ para esta modificación”.

La autopista del Huerna fue de peaje desde el principio y los primeros vehículos que transitaban por ella pagaban a Aucalsa 785 pesetas. Una cifra lejana que ha ido aumentando con el paso de los años.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió en la campaña de 2004 la supresión del peaje. Desde entonces se han aplicado dos reducciones parciales. Una para los vehículos pesados y otra para quienes utilicen más de una vez la autopista al mes. Ahora, el Ministerio de Transportes promete nuevas reducciones, según el uso de este paso.

En 2023 circularon por la autopista del Huerna 3,23 millones de vehículos, un 3,93% más que en 2022. La intensidad media diaria fue el pasado año de 8.852 vehículos.

Un reto histórico

La cordillera Cantábrica ha sido siempre el gran reto de las infraestructuras entre Asturias y la Meseta. Los interminables viajes a través del Puerto de Pajares por la N-630 o los eternos desplazamientos en tren por la obsoleta rampa ferroviaria del puerto han sido retos cuya resolución técnica ha tardado cerca de medio siglo. La historia de la autopista entre Campomanes (Lena) y Onzonilla (León) se inició antes, al principio de los años 70, cuando se planteó la necesidad de crear una vía alternativa de comunicación entre las dos comunidades.

Los trabajos se adjudicaron en 1975, y en diciembre de ese año se constituyó la Autopista Concesionaria Asturleonesa (Aucalsa). La primera calzada se presupuestó en 70.000 millones de pesetas y los primeros movimientos de tierra se llevaron a cabo en junio de 1976.

Las cifras que se manejaron durante aquellos años fueron muy llamativas: 1.300 trabajadores, 90 kilómetros de trazado de alta montaña, con siete túneles de una longitud conjunta de 8.302 metros y seis viaductos, con una longitud de dos kilómetros.

Después de tres años de retrasos, el 11 de agosto de 1983 se abrió al tráfico la primera fase de la autopista, con la presencia del entonces ministro de Obras Públicas, Julián Campo Sainz de Rozas, y el presidente del Principado, Pedro de Silva.

A esta primera inauguración le sucedieron muchas otras. En 1985 se elaboraron los proyectos de la segunda calzada entre la boca sur del túnel del Negrón y el enlace de la Magdalena. También ese año se abrió al tráfico el segundo túnel de Cosera y siete viaductos. Posteriormente, entrarían en servicio el segundo túnel de Entrerregueras y el de Oblanca, los túneles de Pando y Vegaviesca y el de Barrios.

La conclusión de las obras de la autopista llegaría finalmente en 1997, con la apertura al tráfico del segundo túnel de El Negrón, de más de 4 kilómetros de longitud, para el que se necesitó una inversión de 7.400 millones de pesetas. Habían pasado 21 años.

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