Galicia pelea en Madrid por la demanda histórica que más la une: la gestión y gratuidad de la AP-9

Pocas reivindicaciones concitan mayor acuerdo en Galicia, desde A Coruña a Vigo, que la gratuidad de la AP-9, la autopista de peajes desbocados que vertebra la franja atlántica en la que vive el 60% de la población. Se abrió en los albores de la democracia e iba a ser liberada de pago en 2013, pero decisiones de gobiernos del PSOE y del PP han condenado a sus 25.000 conductores diarios a seguir pagando hasta 2048 un total de 25 euros por recorrer 220 kilómetros y a cargar con continuas subidas de tarifas. Los portavoces de los tres partidos con representación en el Parlamento gallego han defendido este martes en el Congreso de los Diputados una ley para traspasar la vía a la Xunta y acabar con sus peajes “inasumibles”.

La tramitación de la norma ha salido aprobada con 309 votos a favor y 33 noes de Vox. Es el cuarto intento en ocho años y habrá que ver si esta vez el barco llega a puerto. Alberto Pazos (PP) ha alertado contra un posible bloqueo del Gobierno de Pedro Sánchez porque el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya ha puesto pegas a la petición. Ana Pontón (BNG) ha reprochado al PSOE que utilice “sin ningún rubor” las “excusas” que en su día esgrimió el Ejecutivo de Mariano Rajoy para cuestionar la transferencia. La AP-9 “ya está pagada, debería ser nuestra”, ha reivindicado, por su parte, el socialista José Ramón Gómez Besteiro, que denuncia la “sangría” que esta vía de peaje supone para “las economías familiares y la competitividad empresarial”.

El traspaso de la AP-9 estaba ya en el programa electoral de Alberto Núñez Feijóo cuando en 2009 se presentó por primera vez a la Presidencia de la Xunta. El representante del PP de Alfonso Rueda, que se ha expresado en gallego pese a la oposición de su partido al uso en el Congreso de las lenguas cooficiales, ha citado unas palabras de su líder, ausente en su escaño, para reclamar que Galicia “no puede conformarse con menos” de lo que ya disfrutan otras comunidades. “Señorías, atiendan la llamada y Galicia sabrá reconocerlos entre los buenos y generosos”, ha emplazado Pazos en alusión a la letra del himno gallego. Vox rechaza la medida y acusa a los populares de “mimetizarse con el nacionalismo”: “Nosotros tendremos cero escaños [en Galicia], pero no nos vendemos”.

PP y PSOE se culpan mutuamente de los años transcurridos desde que se planteó esta demanda por primera vez. Para la nacionalista Pontón, la demora se explica porque “las fuerzas estatales se alternan en la discriminación a Galicia” y recuerda que el millonario rescate de las radiales de Madrid se ejecutó “sin problema” porque la petición vino “de la banca y las grandes constructoras”.

Bruselas investiga si la concesión es ilegal

El traspaso de la autopista a la Xunta no es la única vía que se ha abierto para intentar levantar las barreras de la AP-9. La Comisión Europea (CE) tramita un expediente contra España que puede acabar en la anulación de la concesión. Bruselas investiga si la prórroga del contrato con la concesionaria que aprobó el Gobierno de José María Aznar fue ilegal, ya que no se convocó un concurso público. “Cada vez estamos más cerca de la anulación de la concesión. La CE se ha puesto seria con esto”, asegura Diego Maraña, portavoz y fundador de la asociación de consumidores En Colectivo que denunció ante la UE.

Bruselas ha enviado una segunda carta de emplazamiento al Gobierno de España por la supuesta ilegalidad del contrato y le ha dado hasta finales de este mes para presentar alegaciones. El Ejecutivo de Sánchez podría asumir ya que la ampliación de la concesión es nula y liberar la AP-9 indemnizando a la concesionaria Audasa, o seguir defendiendo aquella medida de Aznar a la espera del dictamen definitivo de la Comisión Europea. El ministro Puente ya ha avanzado que ve inviable rescatar esta autopista porque, sostiene, costaría 4.000 millones de euros.

La cifra se la ha copiado Puente al Gobierno de Rajoy, que se escudó en ella en 2016. Sin embargo, la propia Audasa estima la compensación que le correspondería en unos 1.000 millones. “Audasa debe de estar frotándose las manos porque el ministro ha cuadruplicado lo que puede reclamar”, ironiza Maraña, quien advierte de que la transferencia a Galicia de la vía “no soluciona el problema, pero sí acerca la solución”: “Todo lo que sea acercar la autopista a una gestión de la Xunta es positivo porque desde aquí la percepción es distinta a la de Madrid, que pasa olímpicamente de los gallegos”.

Grandes beneficios para una concesionaria de capital extranjero

La AP-9 pasa por cinco de las siete ciudades (Ferrol, A Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo) y “sustenta buena parte de la economía y de la movilidad cotidiana” de la comunidad, tal y como se puede leer en la propuesta debatida este martes. Sus peajes están entre los más caros de España y la concesionaria bate récords de beneficios. En 2023, Audasa ganó 82 millones, un 25% más que en el ejercicio anterior. Esta compañía nació pública, pero el Gobierno de Aznar la privatizó. Hoy está en manos del grupo Itínere, propiedad al 100% de accionistas extranjeros con el fondo holandés APG a la cabeza.

La compañía se embolsa al año 60 millones de dinero público. Son fondos que le inyecta la Administración a través de bonificaciones y peajes en sombra para rebajar algo la elevada factura que pagan los conductores en la AP-9. Sus peajes subieron en enero un 6,55%, entre las mayores alzas de España. Esta infraestructura es “una mina” para Itínere, subraya Maraña, porque la empresa ha ido retrasando “al máximo” la amortización de la infraestructura para así repartir más dividendos.

El texto de la proposición de ley orgánica bendecido por el PP de Rueda y por el PSdeG incluye críticas a la prórroga de la concesión y a medidas aprobadas por dos ministros gallegos de Fomento de ambos partidos. El socialista José Blanco primero y la popular Ana Pastor después permitieron a la adjudicataria de la vía financiar obras y bonificaciones con aumentos extraordinarios de peajes que, según admite ahora la propuesta, suponen “un agravio comparativo para Galicia” con “consecuencias de especial relevancia”. Entre los perjuicios de aquellas decisiones se citan “la pérdida de competitividad” de las empresas, el “trasvase de tráfico a las carreteras convencionales”, el “incremento de la siniestralidad” o incluso “más emisiones de gases de efecto invernadero”. Ninguno de estos dos exministros está ya en política: Blanco tiene una consultora para asesorar a empresas y Pastor acaba de fichar por una compañía aseguradora.

Todos los partidos en Galicia consideran “económica y socialmente inasumible mantener las condiciones actuales de los peajes” de esta autopista y reclaman una “gestión más directa y más pegada al territorio” porque “conllevará una mayor sensibilidad, que redundará en una mejora de la calidad del servicio”. Su traspaso a la Xunta se intentó en el Congreso de los Diputados por primera vez en 2016. Hubo dos tentativas más, pero todas se estrellaron en algún punto de su tramitación en la carrera de San Jerónimo. “¿Será esta la definitiva o van a seguir burlándose de la ciudadanía gallega?”, preguntó este martes Pontón desde el estrado.