La cláusula franquista que perdonó el IBI a la concesionaria de la Autopista del Atlántico llega a su fin

Las menguadas arcas de los 33 municipios gallegos por donde transcurre la Autopista del Atlántico (AP-9) recibirán este año un boleto de lotería premiado con siete millones de euros. Es la cantidad que se repartirán cada año por el cobro del 100% del IBI a Audasa, la concesionaria de esta vía de peaje, que hasta ahora se beneficiaba de una bonificación del 95% impuesta por la ley franquista de autopistas que se aprobó en 1972. Un portavoz de la empresa ha asegurado a este periódico que abonará la totalidad del impuesto sin necesidad de que los ayuntamientos presenten ninguna reclamación. La compañía responde así a la movilización de la mayoría de alcaldes de las localidades afectadas, que esta semana han mantenido contactos con abogados para asegurarse el abono del dinero.

Los regidores respondieron al llamamiento del Ayuntamiento de Abegondo (A Coruña), uno de los 33 municipios por los que pasa la vía. Su alcalde, José Antonio Santiso (PP), los ha reunido para plantearles la presentación de una reclamación conjunta a Audasa después de que el pasado agosto caducase la bonificación que le permitía tributar tan solo el 5%. Los regidores pretenden aplicar el impuesto con carácter retroactivo basándose en un dictamen jurídico. La cuestión fue tratada el pasado martes en un encuentro con abogados al que asistieron representantes de 22 de los 33 municipios afectados. El portavoz del despacho Gonzalo Abogados Iurislocalia, José María Simón, defendió que la reclamación es histórica y viable: “Sería como si le tocase la lotería a estos ayuntamientos”. Un portavoz de Audasa ha asegurado a este periódico que tampoco pondrá problemas para pagar el 100% del IBI que corresponde entre agosto y diciembre del año pasado.

La reivindicación planteada por los alcaldes gallegos cuenta con el precedente de varios ayuntamientos de Castilla y León. En diciembre pasado prosperó la demanda que les permite recaudar el 100% del IBI de la autopista AP-66. La movilización en Galicia en el mismo sentido implica a 22 ayuntamientos, de norte a sur de la comunidad y de diverso color político, entre ellos Culleredo, Cambre, Bergondo, Betanzos, Paderne, Cabanas, Ferrol, Oleiros, Mesía, Ordes, Oroso, Santiago de Compostela, Teo, Padrón, Valga, Caldas o Mos. “La situación actual era una injusticia patente”, defiende Santiso. “Es hora de dedicar esos fondos al interés vecinal”.

Para empezar, cada ayuntamiento ha hecho su propio cálculo. En Abegondo, de apenas 6.000 habitantes, las infraestructuras de Audasa afectan a 20 kilómetros de terreno municipal y, sin embargo, el vial no tiene accesos para los vecinos. Santiso concretó que ingresan por el IBI de la concesionaria 29.000 euros al año, cuando la empresa tendría que abonar 550.000 euros. El regidor señala ejemplos paradigmáticos de otras pequeñas localidades como Caldas (Pontevedra), con apenas 10.000 habitantes, que de facturar 15.000 euros pasaría a cobrar 300.000, casi el mismo porcentaje que Vigo, que supera los 293.000 habitantes. También es significativo el montante de 700.000 que recibiría Santiago, frente a los 35.000 que ingresa con el recibo bonificado, según los cálculos que ha expuesto Manuel Casal Vilas, concejal de Economía y Hacienda.

La Diputación de A Coruña, la administración gobernada por PSOE y BNG que tiene las competencias de la función tributaria de 18 de los 20 municipios de esta provincia afectados por la AP-9 (todos salvo las ciudades de A Coruña y Ferrol), ha comunicado también su intención de reclamar el 100% del IBI este mismo año. El diputado responsable del área de Hacienda, José Ramón Rioboo (PSOE), ha explicado que los 18 ayuntamientos bajo su competencia tributaria pasarán a percibir 3,7 millones de euros frente a los 175.000 euros de la última liquidación, incluyendo el de Abegondo.

Audasa admite que el Real Decreto Ley 173/2000 que prorrogó su concesión contempla la extensión de “todos y cada uno de los beneficios tributarios, económico-financieros y de cualquier otra índole otorgados hasta la fecha” salvo los relacionados con el IBI, que expiraron el pasado 19 de agosto. La empresa añade que los siete millones de euros que deberá abonar a los ayuntamientos por este concepto ya están consignados en su presupuesto. Según sus datos, pasará a pagar 67 millones de euros en impuestos en Galicia. En 2022 la concesionaria obtuvo un beneficio de 61 millones de euros frente a los 42 millones de 2019, año anterior al estallido de la pandemia. Los ingresos por peajes también subieron, pasando de 153 en 2019 a 171.

La batalla judicial por los peajes abusivos

La Autopista del Atlántico, de titularidad estatal, transcurre entre Ferrol y la frontera portuguesa y es la más transitada de Galicia. A lo largo de sus 214,7 kilómetros pasa por las ciudades de A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra y Vigo, y en Tui enlaza con la autopista lusa A-3 con destino a Oporto. En ocho años la infraestructura ha pasado de 156,3 kilómetros de viales a los actuales 214,7, es decir, ha aumentado un 29% y, sin embargo, los ingresos han pasado de 46,8 millones a 118,2, con un incremento del 156%.

Después de que en diciembre de 2008 una serie de accidentes múltiples causados por el hielo mantuvieran incomunicadas durante más de cuatro horas las principales ciudades de Galicia, se abrió un debate en la comunidad sobre la recuperación por parte del Estado del control de la Autopista del Atlántico. Las principales fuerzas políticas con representación parlamentaria, PP, PSdeG y BNG, responsabilizaron a Audasa de mala gestión en materia de seguridad y mantenimiento de la autopista y reclamaron su gestión pública ante la nefasta situación de la principal vía de comunicación de Galicia.

Desde entonces, la polémica en torno a la concesionaria ha sido recurrente, con el encarecimiento de los peajes como eje. De hecho, las acusaciones contra Audasa por peajes abusivos es otro capítulo que ha acabado en los tribunales. La Fiscalía de Pontevedra abrió diligencias por el supuesto cobro indebido a los conductores durante las obras de ampliación del puente de Rande entre febrero de 2015 y junio de 2018, cuando se produjeron atascos a diario sin compensación para los usuarios afectados, que se contaron en miles. Casi 60.000 vehículos tuvieron que soportar los inconvenientes de una reforma estructural en la vía de entrada y salida a Vigo, sin ninguna carretera de acceso alternativa. Se registraron más de 81 incidencias en la ejecución de estos trabajos.

La denuncia de la Fiscalía ha tenido un largo recorrido y ha acabado en el Tribunal Supremo. Una primera sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 condenó a la concesionaria a indemnizar a los perjudicados por los atascos que se registraron durante los tres años que duraron los obras. En abril de 2021, sin embargo, la sección primera de la Audiencia de Pontevedra estimó el recurso de apelación de Audasa. El letrado de la empresa pidió revocar la sentencia anterior en la vista de apelación al apreciar contradicciones en varios testigos a los que además señaló como posibles perceptores de una indemnización. Argumentó que la ley les obliga a cobrar siempre por el peaje y que sostuvo que la reclamación se debería dirimir en el contencioso-administrativo y no en un juzgado de lo mercantil.

El asunto está aún pendiente del dictamen del Supremo. La Fiscalía de Pontevedra presentó un recurso de casación que solicita a la Sala Civil que anule el fallo que da la razón a Audasa. Fue admitido en mayo pasado, por lo que el alto tribunal tendrá la última palabra sobre si la actuación de la concesionaria fue o no abusiva.