Galicia ve más cerca el traspaso de su principal autopista

Galicia ha dado este martes un paso histórico para gestionar su principal vía de comunicación. El Congreso de los Diputados ha decidido tomar en consideración —con el único anuncio de la oposición de Vox— la propuesta unánime del Parlamento gallego para que se traspase a la Xunta la Autopista del Atlántico (AP-9), la infraestructura de peaje que vertebra la franja costera gallega. Ello supondrá no solo la titularidad y competencias de la Xunta sobre el régimen de concesión de la vía, sino también el de las funciones y servicios ejercidos hasta ahora por el Estado. Galicia lleva 13 años reclamando esta transferencia, con tres resoluciones unánimes del Parlamento autonómico y dos vetos del Gobierno del PP de Mariano Rajoy.

La toma en consideración de la propuesta es un primer paso para aprobar la ley que traspasará la infraestructura estatal a la comunidad autónoma. Ello permitiría poner fin o rebajar el precio de los peajes que cobra la concesionaria, Audasa, una “estafa legalizada”, según todos los grupos representados en el Parlamento gallego.

Las tasas por viajar por la AP-9 —22,30 euros por viajar en turismo entre Ferrol (Coruña) y Tui (Pontevedra), los dos extremos de la vía— son de las más altas de España, según destacó en su intervención el vicepresidente del Parlamento gallego, Diego Calvo. El representante del PP autonómico destacó que en este asunto Galicia trasciende las diferencias ideológicas. “Galicia siempre es leal a España y no quiere crear problemas”, afirmó Calvo que reprobó también los “cuatro años consecutivos de las mayores subidas de los peajes de España” con la concesionaria haciendo valer su posición.

El líder del PSOE gallego, Gonzalo Caballero, calificó de “expolio inadmisible” el precio del peaje. Caballero recordó que la demanda de la transferencia se remonta en realidad a 2005. Entonces, la Xunta gobernada por el bipartito de PSOE y BNG incluyó entre sus reclamaciones de competencias la gestión de las autopistas de peaje y el PP de Feijóo se unió a la reivindicación en 2007. No obstante, la propuesta que ha llegado al Congreso este martes fue presentada en 2016 por el BNG, que lidera Ana Pontón.

En su intervención, Pontón denunció que los gallegos “son víctimas de la estafa millonaria” y del “saqueo” de la concesionaria, destacando que mientras el viaje de 600 kilómetros de Madrid a Vigo sale por 13 euros, el de Vigo a A Coruña cuesta 17. La líder nacionalista reprochó además al PSOE de Felipe González y el entonces ministro de Transportes Josep Borrell, así como al PP, la ampliación de la concesión hasta el año 2048.

Tanto Pontón como el diputado en el Congreso por el BNG, Néstor Rego, reclamaron en sus respectivas intervenciones la transferencia libre de cargas para Galicia y la supresión de los peajes, aunque la proposición de ley del Parlamento gallego no incluye la eliminación de las tarifas que, una vez transferida la infraestructura, deberá negociar la Xunta con la empresa.

El diputado de Unidas Podemos (UP) por Galicia Antón Gómez-Reino coincidió con el BNG en reclamar que la proposición de ley para la transferencia recoja que la autopista “sea pública y gratuita”. La nacionalista Ana Pontón ha subrayado además que la gestión de la AP-9, “tras años sin aumentar el autogobierno”, supondrá la gestión de una “infraestructura básica” que, recordó, otros territorios como Cataluña y Euskadi gestionan “desde hace décadas”.

A este aumento del autogobierno se refirió el portavoz de Vox, Francisco Contreras. En su opinión, forma parte de “la lógica perversa del estado de las autonomías”. No vamos a favorecer el nacionalismo de Feijóo” destacó Contreras para anunciar el voto en contra de su grupo tras acusar al presidente gallego de mantener relegado el castellano en la enseñanza. “Feijóo ha copiado el aparato propagandístico de la ideología nacionalista”, concluyó el diputado de Vox.

El diputado del PP Celso Delgado reprochó al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que hubiese dado carta blanca a Audasa para subir los peajes para financiar la obra del puente de Rande, en Vigo. El diputado Guillermo Meijón, del PSOE, rebatió que fue un Gobierno del PP el que amplió hasta 2048 una concesión que, en caso contrario, estaría a dos años de caducar. Meijón reivindicó las partidas de los nuevos Presupuestos para financiar la rebaja en los peajes de esta vía.

554 millones de euros

Los vetos levantados por el Gobierno del PSOE tras la investidura de Pedro Sánchez en 2018, permitieron el debate de la propuesta ante el pleno en diciembre de ese año. Entonces, la iniciativa obtuvo el apoyo de todas las formaciones del Congreso excepto Cs, que se abstuvo considerando que el traspaso costaría a las arcas estatales 554 millones de euros.

La disolución anticipada de las Cortes Generales, por la convocatoria de elecciones frenó de nuevo la tramitación hasta ahora. En esta ocasión, el partido de Inés Arrimadas apoya su toma en consideración. Su diputada María Muñoz advirtió de que el traspaso no implica por sí solo ni la rebaja de peajes, ni el rescate de la concesión, ni la reducción del coste operativo de la infraestructura, cuestiones que, afirmó, podrían abordarse sin la transferencia.