Sánchez garantiza que el Gobierno no tendría influencia en el nombramiento de los jueces del Supremo con su reforma

La propuesta de Pedro Sánchez, inspirada en la idea del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, de quitarle a este órgano la discrecionalidad de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo para que sean elegidos de forma objetiva por méritos, como se hace en otros países europeos, ha provocado una reacción de gran inquietud en algunas asociaciones judiciales e incluso en el propio Guilarte, que lanzó la sospecha de que la fórmula pudiera ser utilizada para que el Gobierno pudiera controlar de alguna manera esos nombramientos. Este jueves, en una comparecencia conjunta con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, Sánchez fue rotundo al dejar claro que en ningún caso está planteando una reforma en la que el Gobierno vaya a tener ninguna influencia en el nombramiento de jueces del Supremo. Al contrario, ha explicado, se trata de “despolitizar”, y dejar que sean los jueces con criterios objetivos quienes decidan.

Pero lo que sí ha querido dejar claro Sánchez es que el tiempo de la negociación se está agotando: si en las próximas dos semanas, en las que probablemente habrá una nueva reunión entre el Gobierno y el PP con la mediación de la Comisión Europea, los populares no dan síntomas de querer desbloquear, el Ejecutivo de coalición y sus socios de la mayoría aprobarán una reforma en el Congreso para desbloquear la situación. Esa iniciativa, de la que Sánchez aún no quiere dar todos los detalles porque está en preparación y se tiene que negociar en la coalición y después con los socios, no parece que vaya encaminada a reducir las mayorías para renovar el CGPJ, como plantea Yolanda Díaz, sino más bien hacia la fórmula Guilarte de hacer menos atractivo el CGPJ para el control político porque le quitarían la decisión más jugosa: la elección directa de los jueces del Tribunal Supremo. El control que han logrado los conservadores de este órgano, el CGPJ, casi de forma ininterrumpida desde que José María Aznar llegó al poder, en 1995, ha ido logrando que poco a poco casi todas las salas del Tribunal Supremo, y en especial la más importante, la de Lo Penal, fueran girando hacia mayorías conservadoras muy claras como la que tiene ahora mismo, cuando hay un 12-3 en contra de los progresistas. A principios de la década de 1990, antes de que el PP llegara al poder, esa sala tenía mayoría progresista.

Sánchez fue rotundo en la rueda de prensa con Erdogan. “Todos podemos estar de acuerdo en que el día de la marmota ha durado demasiado. Son cinco años incumpliendo la constitución. El PP tiene que decidir si quiere ser un partido constitucional o no. No se puede poner otra excusa. Después de 2.000 días hemos llegado a un punto en que a finales del mes de junio, si no hay acuerdo, el Gobierno propondrá una modificación para desbloquear esta situación inaceptable”, aseguró el presidente. Pero enseguida aclaró que en ningún caso se está pensando en un control del Gobierno de los nombramientos. “Queremos liberar al CGPJ del secuestro político. Nos estamos inspirando en algunas propuestas, entre ellas la del presidente del CGPJ. Ahí nada tiene que ver el Gobierno. Al contrario, lo que queremos es despolitizar. Es una reforma respetuosa con la independencia del poder judicial, acorde con la normativa europea”.

Sánchez respondía así claramente a Guilarte, que había dado la bienvenida a Sánchez al “círculo” de quienes creen que “el problema radica en la fórmula de elección de la cúpula judicial” —viciada, dice, de “discrecionalidad”— y consideran necesario dar más peso a los principios de mérito y capacidad. Pero advierte de que esos nombramientos “deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional más elemental asentada en el art. 122.2 [de la Constitución]”; y añadía que “no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno, sea directamente o se enmascare a través de organismo o comisión interpuesta”. “No tiene sentido alguno volver a épocas pasadas [en los que los nombramientos los hacía el Ministerio de Justicia] si bien con distintos protagonistas. Ante las dudas que pueden suscitar las palabras del presidente es imprescindible aclarar este extremo, pues la amenazante alternativa esbozada resultaría aterradora y directamente encaminada a evitar cualquier acuerdo”, señaló Guilarte. La respuesta fue pues bastante clara: nada de influencia gubernamental.

También Alberto Núñez Feijóo apuntó a esa idea de que Sánchez estaba proponiendo un control gubernamental, algo que Sánchez descartó. El líder del PP no quiso entrar a valorar el fondo de la propuesta de Sánchez para evitar que los jueces del Supremo sean elegidos directamente por el CGPJ pero sí mostró, con duras críticas al presidente, que la cosas están muy lejos de un posible acuerdo y por tanto todo camina hacia la decisión del Gobierno cuando termine el mes de junio, aunque antes es probable que haya alguna reunión con la Comisión Europea. “Sánchez no es fiable. El PP desconoce esta propuesta en su totalidad. Nunca fue comentada en la mesa de conversaciones presidida por el comisario de justicia europeo. Nosotros somos un partido de Estado y vamos a defender al Estado del Gobierno. Si el Gobierno si quiere invadir las competencias del Poder Judicial solo o en connivencia con el legislativo esto no es aceptable. Si el presidente quiere asaltar al CGPJ tendrá al PP en contra. Lamento la terrible agenda judicial del presidente, pero es su problema. Sánchez empieza a ser un peligro para la independencia judicial en nuestro país. Ni órdagos ni chantajes ni amenazas”, aseguró Feijóo, quien propuso “retomar la negociación en el punto donde estaba”, aunque en realidad después de varias reuniones con el comisario no se avanzó nada porque el PP sigue exigiendo un cambio en el sistema de elección a cambio de la renovación, algo que los socialistas no aceptan porque creen que primero hay que renovar con el actual sistema, esto es con la ley que aprobó el propio PP cuando tenía mayoría absoluta, y después hablar de reformarlo.

El presidente dio también cifras de lo que está provocando el bloqueo del PP durante cinco años y medios. “La ciudadanía puede pensar que esta es una lucha de poder. Pero este bloqueo cuesta a las arcas publicas 12,5 millones al año. Hay 1.000 asuntos con retraso en el Supremo. Un 30% de plazas en el Supremo sin cubrir. 72 en los tribunales superiores de justicia. Se ha paralizado la carrera profesional de cientos de jueces. Se acabó. Nuestra responsabilidad es defender el buen nombre del Poder Judicial”, remató.

Sánchez también se mostró convencido de que terminará la legislatura pase lo que pase en Cataluña. “Gracias por su visión optimista”, bromeó el presidente cuando le preguntaron si un adelanto en Cataluña llevaría también a un adelanto de las generales. “Hoy el Congreso ha avalado los decretos leyes planteados por el Gobierno. Es una legislatura compleja. Pero si alguien puede manejarla es el gobierno de coalición progresista. Estoy convencido de que en Cataluña habrá gobierno y no habrá repetición. Tenemos tres años por delante para seguir implementando políticas progresistas. Fíjese si van bien las cosas que ayer la Comisión Europea hacia el cuarto desembolso de los fondos europeos, y hoy el servicio estudios del BBVA eleva la previsión de crecimiento de España. Estas cosas son las que realmente importan a la ciudadanía”, aseguró Sánchez.