Bruselas reclama propuestas concretas al Gobierno y al PP para reactivar la negociación sobre el Poder Judicial

La Comisión Europea quiere las cosas claras. Y asegurarse de que su mediación entre el PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no se utiliza con fines políticos. Bruselas ha reclamado este jueves al Gobierno español y al principal partido de la oposición que clarifiquen sus propuestas para poder reactivar una negociación que lleva paralizada semanas. El PP, a través de Esteban González Pons, y el Ejecutivo, a través del ministro de Justicia, Félix Bolaños, habían pedido el miércoles a la comisaria y vicepresidenta Vera Jourova una nueva reunión. Un portavoz de la Comisión ha respondido hoy en su nombre: “Hemos recibido la petición de un encuentro por las dos partes, lo estamos mirando y estamos en contacto con las dos partes”. Pero fuentes comunitarias señalan que Jourova ha reclamado a los dos partidos que, en todo caso, expliciten sus propuestas.

Vera Jourova, una política liberal checa que lleva muchos años en la Comisión Europea, no quiere ver a la institución en medio de una batalla política de un Estado miembro y que después, además, sea para nada. Bruselas se resiste a propiciar una reunión solo para la foto y que descarrile en el último momento.

El ambiente es tenso. Este jueves, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que fue vocal del órgano de los jueces, ha cargado contra el PP por mantener el bloqueo del CGPJ y les ha acusado, además, de utilizar a la Comisión Europea y su mediación, que no cree necesaria, para dilatar el proceso de renovación. “No necesitamos la intervención de nadie para cumplir la Constitución. Que por favor el Partido Popular no se escude en Bruselas y que cumpla la Constitución; la ley es clarísima y la Constitución es muy clara también”, ha reclamado Robles en Bruselas, donde participa en una reunión de ministros de Defensa de la OTAN.

Robles, además, ha pedido a los vocales del órgano del CGPJ que dimitan para permitir la renovación. “Ellos son los primeros que están contribuyendo a un deterioro institucional y constitucional clarísimo”, ha dicho Robles. Y ha remarcado: “La justicia está tomada como rehén por parte del Partido Popular”.

El pasado diciembre, de forma inédita, la Comisión aceptó ejercer de mediadora entre el PP y el Gobierno de Pedro Sánchez para un “diálogo estructurado” que condujese al desbloqueo del CGPJ, el órgano de gobierno de todos los jueces de España y cuyo mandato lleva cinco años caducado. Este es uno de los asuntos que más preocupan a la UE y que es objeto de crítica cada año en los informes sobre la situación del Estado de Derecho. Bruselas designo al comisario de Justicia, Didier Reynders, como mediador. Pero, después de tres reuniones en las que parecía que la cosa avanzaba, todo volvió a bloquearse.

Reynders, un liberal belga que es percibido desde hace tiempo como cercano a las posiciones del PP, se marchó de excedencia a finales de marzo para emprender una carrera en otro organismo, el Consejo de Europa. Y Vera Jourova ha heredado de momento, hasta que vuelva a finales de mes, sus temas; entre ellos, el de la mediación sobre el CGPJ, una patata caliente que las instituciones comunitarias no quieren que les salpique.

El presidente Sánchez lanzó el miércoles un ultimátum al PP para renovar el CGPJ, que tiene una mayoría conservadora que no corresponde a la actual relación de fuerzas en el Parlamento sino a la de la época en la que gobernaba Mariano Rajoy. Si antes de final de este mes de junio no hay acuerdo con los populares para desbloquear el CGPJ, el PSOE y sus socios tomarán su propio camino, impulsando una reforma —que el presidente no concretó— para renovarlo de otra manera.

El PP rechazó el ultimátum y se puso inmediatamente en contacto con Jourova para cargar contra Sánchez en un mensaje en el que hablaba del “intento del Gobierno de desestabilizar la negociación”. Y reclamó un encuentro a tres con carácter urgente. Bolaños también llamó a Jourova para proponerle una reunión en Madrid mañana viernes o la semana próxima en Bruselas.

En medio, de todos esos movimientos, la Comisión Europea recuerda a España que es urgente proceder a la renovación del órgano de los jueces, cuyo bloqueo está causando graves problemas de funcionamiento de la justicia española. “La recomendación es que se debe proseguir con la renovación del Consejo de la Judicatura como cuestión prioritaria e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus jueces-miembros, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los Consejos de la Judicatura”, dicen fuentes comunitarias, recordando el mantra que, un año tras otro, dictan los informe sobre el Estado de Derecho en España. No hay, sin embargo, una norma europea que asimile los nombramientos en todos los Estados miembros.