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Los exresponsables del Gobierno canario niegan que Koldo García les introdujese la trama

El expresidente y ahora ministro de Política Territorial se desvincula de los contratos de mascarillas investigados por la justicia

El expresidente canario y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, este lunes ante la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas en el Congreso.
El expresidente canario y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, este lunes ante la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas en el Congreso.Sergio Pérez (EFE)
Xosé Hermida

Cargos y excargos políticos van desfilando por las comisiones parlamentarias de investigación sobre los contratos de mascarillas y el guion se va repitiendo casi al milímetro, sin que aporten mucho para seguir engordando el escándalo político. Este lunes le tocó en el Congreso a los exresponsables del Gobierno de Canarias, una comunidad donde, además de la conocida como trama Koldo, la justicia investiga otros dos presuntos fraudes en la adquisición de tapabocas. El expresidente de la comunidad y ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se desvinculó de todos esos contratos bajo sospecha. Tanto él como su director de gabinete, Antonio Olivera, que dirigió el Servicio Canario de Salud al estallar la pandemia, negaron que sus tres contratos con la empresa Soluciones de Gestión por valor de 12,6 millones fuesen adjudicados por intercesión de Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes y acusado de cobrar comisiones de esa firma.

—¿Conocía usted a Koldo?.

El popular Elías Bendodo formuló al ahora ministro Torres la pregunta de rigor, la cuestión que el PP trata de presentar como el test definitivo para saber si el compareciente está o no involucrado en la trama. El expresidente canario respondió sin rodeos:

—Claro que lo conocía. Era asesor del ministro de Transportes.

Bendodo proclamó entonces con el aire triunfal de quien siente que ha dado en la diana:

—¡Tres de tres! Illa [Salvador, exministro de Sanidad], Armengol [Francina, expresidenta de Baleares] y ahora Torres… ¡Todos conocían a Koldo!

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En las bancadas socialistas afloraron las sonrisas. Torres se apresuró a atajar:

—¡Pero si era un asesor del ministro! ¡Si todo el mundo trata con los asesores de los ministros!... Hasta los alcaldes del PP.

Pero Bendodo ya no necesitaba más y, como suele hacer siempre, al acabar la comisión proclamó ante la prensa la gravísima implicación de Torres en el caso.

Antes que el expresidente canario, el antiguo responsable de su servicio sanitario había negado ningún contacto con Koldo García y afirmado que la oferta de las mascarillas le llegó a través de Íñigo Rotaeche, uno de los propietarios de Soluciones de Gestión. Cuando el diputado de Vox Carlos Flores preguntó a Torres si no fue “una temeridad” contratar con una empresa sin vínculos con el sector sanitario, el expresidente replicó: “Lo que sería una temeridad hubiese sido rechazar una oferta a buen precio, con el compromiso de suministro en pocos días, en la situación en que estábamos entonces”. Torres y el actual director de su gabinete en el ministerio aseguraron que la única incidencia en los contratos con esa empresa fue que una parte de los suministros no se correspondía con la calidad comprometida. “Y se le rebajó el precio el 66%. Si hay una trama, eso no se hace”, enfatizó el ministro.

Donde sí han aflorado bastante más que incidencias es en un asunto que estalló antes que el de Koldo y que se conoce en Canarias como el caso mascarillas. El Gobierno socialista del archipiélago pagó por adelantado —lo que no ocurrió con Soluciones de Gestión— cuatro millones de euros a RR7, una empresa de compraventa de coches que nunca llegó a suministrar el material. La firma trajo un millón de mascarillas de Etiopía que resultaron ser falsas y fueron destruidas por Aduanas. Otro exdirector del servicio de salud de las islas, Conrado Domínguez, está imputado en este caso por prevaricación y tráfico de influencias.

Sobre ese asunto se extendieron tanto Flores, de Vox, como especialmente la representante de Coalición Canaria, Cristina Valido. Tuvieron que emplearse a fondo para que Torres acabase reconociendo, un tanto a regañadientes, que Domínguez fue destituido por su implicación en el caso. El expresidente negó que tuviese ninguna participación en el contrato. “Nunca he pedido que se contratase o dejase de contratar a una empresa”, aseguró. Olivera, su director de gabinete, era el responsable sanitario cuando se apalabró el suministro con RR7, pero afirmó que todas las gestiones corrieron a cargo de Domínguez. A la pregunta de si no había sentido preocupación por saber quién estaba detrás de las empresas que ofrecían mascarillas, respondió: “Estaba más preocupado en salvar vidas que en saber quién estaba detrás. No tenía esa preocupación ni esa curiosidad”.

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Sobre la firma

Xosé Hermida
Es corresponsal parlamentario de EL PAÍS. Anteriormente ejerció como redactor jefe de España y delegado en Brasil y Galicia. Ha pasado también por las secciones de Deportes, Reportajes y El País Semanal. Sus primeros trabajos fueron en el diario El Correo Gallego y en la emisora Radio Galega.
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