El juez imputa a la cadena de mando por la muerte de dos soldados en unos ejercicios en Cerro Muriano

El Juzgado Togado Militar Central Número 2 ha acordado investigar a cuatro mandos de la Brigada Guzmán el Bueno del Ejército de Tierra por la muerte del cabo Miguel Ángel Jiménez y del soldado Carlos León, el pasado 21 de diciembre mientras realizaban maniobras en un embalse de la base de Cerro Muriano (Córdoba). Se trata de dos coroneles, el que ostentaba la jefatura del regimiento de Infantería La Reina número 2 cuando se programó el ejercicio y el que lo había sustituido en el mando cuando este se ejecutó; del teniente coronel que dirigía la plana mayor de la unidad en el momento en que se aprobó el plan de instrucción de los reclutas y del comandante que ejercía estas funciones el día del accidente. Todos ellos integraban la cadena de mando del regimiento.

El titular del Juzgado Togado militar número 21 de Sevilla, que investigó inicialmente el caso, ya apreció responsabilidad por omisión del deber de vigilancia de estos cuatro mandos, que “debían autorizar y supervisar el ejercicio, lo que no se hizo por ninguno de ellos”. Sin embargo, el juez de Sevilla no pudo imputarlos porque la competencia para investigar a los militares de empleo igual o superior a comandante corresponde en exclusiva a los juzgados togados centrales, lo que le llevó a inhibirse en favor del juzgado central, que finalmente ha asumido la investigación.

Estas cuatro imputaciones se suman a las del jefe de la compañía, el capitán Ignacio Zúñiga, y dos de sus subordinados: el teniente Jaime Tato y el sargento Gustavo Álvarez, como presuntos responsables de dos delitos contra la eficacia del servicio con resultado de muerte, equivalentes al homicidio imprudente. La investigación ha acreditado que los soldados fueron sometidos a un ejercicio consistente en cruzar un embalse artificial por una zona por la que no se hacía pie, cargados con todo su equipo de combate y con las aguas extremadamente frías, sin que se adoptaran las mínimas medidas de seguridad: ni existía una cuerda tensa que sirviera como línea de vida, ni existían embarcaciones ante una emergencia, ni las mochilas eran estancas. Lejos de flotar, se hundieron; y algunas de ellas llevaban como sobrepeso minas inertes de 3,5 kilos. Además de los dos fallecidos, otros dos militares requirieron atención médica por hipotermia.

En sus primeras diligencias, el juez togado ha acordado citar como testigos a 34 militares (27 soldados, seis cabos y subteniente), así como a cinco peritos (la mayor parte forenses), un teniente médico, un comandante enfermero y un guardia civil, así como encargar varios informes sobre los efectos de la inmersión en aguas frías y el ejercicio militar conocido como “paso de ríos”. También ha anulado las declaraciones que prestaron como testigos los tres primeros imputados.

Luis Romero, abogado de la familia del soldado Carlos León, ha destacado la importancia de aclarar la responsabilidad de toda la cadena de mando y ha recordado que la acusación particular ya solicitaba su imputación en el primer escrito de denuncia y la ha venido reiterando desde entonces. Inicialmente, el fiscal del juzgado militar de Sevilla se opuso a elevar la investigación a los juzgados centrales por no apreciar indicios de delito en los mandos superiores, pero la Fiscalía ha apoyado finalmente que estos asuman el caso “por razones de eficacia y economía procesales”.