El proyecto de regadíos Tierra de Barros en Badajoz se queda sin fondos para ponerlo en marcha

Unos 1.200 agricultores de la comarca de Tierra de Barros, en el centro de la provincia de Badajoz, viven desde hace meses en la incertidumbre debido a la ausencia de avances en el desarrollo de un proyecto de regadíos, que no está claro que se puede llevar a cabo pese a que se anunció por primera vez hace unos 26 años. En una comarca caracterizada por cultivos de secano, sobre todo viñas y olivos, consiste en la puesta en riego de 15.500 hectáreas, terrenos en los que se verían beneficiados 12 municipios y cuyas aguas tendrían que provenir de los embalses de Alange y de Villalba de los Barros.

El proyecto cuenta con los permisos, con la declaración de impacto ambiental por parte de la Junta de Extremadura y con los fondos necesarios, incluso hay terrenos que ya se han comenzado a expropiar después de que el Gobierno de España lo declarase de interés general.

La inversión asciende a 250 millones de euros y el promotor es la Junta con dinero de Europa ―en concreto, del Programa de Desarrollo Rural (PDR), que aporta 193 millones de euros―, al que suma 14 millones en expropiaciones y 65 de los propios agricultores comuneros a través de préstamos bancarios. En noviembre de 2020, el gobierno de Guillermo Fernández Vara (PSOE) informó de que se iniciarían las obras en 2023 y que terminarían en 2026. En mayo de 2023, cambió el signo político con un nuevo Ejecutivo de Partido Popular y Vox, que aseguraron, al comienzo de su mandato, que todo iba a continuar según lo previsto, pero todo cambió a comienzos de 2024.

El proyecto poco a poco se está quedando sin fondos, ya que la Junta primero usó más de 20 millones para otras ayudas agrarias como al viñedo y ha anunciado una reunión el próximo miércoles para estudiar el destino de otros 104. El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, justifica que la desviación de fondos en que el dinero procede del PDR y que si no se utiliza, al no haber comenzado el proyecto en la comarca pacense, se perderá y habrá que devolverlos a Europa, al tiempo que ha remarcado el apoyo a esta infraestructura que considera vital y estratégica.

Para Higuero, lo importante es que la partida se va a gastar en la región y no se va a quedar sin destino. “Los fondos PDR no son finalistas para la transformación de las 15.000 hectáreas en regadío en Tierra de Barros”, remarca el consejero de Vox, que asegura que el proyecto se va a hacer y que se tiene que hacer llevar a cabo con financiación nacional, autonómica y con lo que aporten los regantes.

José Manuel Sánchez, el técnico de los regantes de Tierra de Barros, explica que el Gobierno de María Guardiola les traslada que hay un problema a la hora de poner en marcha las obras, aparentemente, porque la Comisión Europea está poniendo en dudas algunos aspectos que hay que dejar claros. “Es necesario que se respondan las demandas de Europa antes de comenzar con las obras para que podamos utilizar los fondos europeos con total tranquilidad y que no haya que devolverlos si no se ven satisfechas sus demandas”, dice el representante de estos agricultores.

A lo largo de los últimos meses, se ha convertido en un arma política, con cruces de declaraciones a diario de quien tiene razón y quien está más a favor de que se lleve a cabo. Como perjudicados, los regantes, que piden que se pongan de acuerdo: “Queremos que dejen el y tu más, estamos en un punto que no beneficia a nadie. Es una inversión tan importante que creemos que deberían sentarse, mirar al futuro y dejarse de emitir juicios sin el conocimiento total de qué ha pasado y qué puede pasar, que se pongan a construir y no a destruir”.

José Manuel Sánchez cree que el miedo es libre y que la Junta de Extremadura no quiere que esto se convierta en un caso similar al de Valdecañas: “Creemos que antes de dar cualquier paso es necesario que tengamos las espaldas cubiertas, conocer cuáles son los riesgos que asumimos si seguimos adelante con el proyecto”. El técnico de la comunidad de regantes cuenta que Europa lo que pide son aclaraciones sobre si se va a poder garantizar el agua dentro de unos años, ya que “es una inversión muy grande y no queremos que en los próximos 50 años tengamos problemas ante la falta de agua”.

La Junta indica que es necesario el visto bueno de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, la cual condiciona los fondos al cumplimiento de requisitos medioambientales. Eso permitiría licitar las obras y desatascar el problema de la financiación, ya que el dinero está retenido por Bruselas. También cuentan que, a finales de 2021, el comisario de Medio Ambiente de la UE alertó al anterior ejecutivo de la imposibilidad de realizar el proyecto, expresando su agradecimiento por “eliminar de su documentación y base de datos todas las referencias al proyecto y su compromiso de no iniciar la ejecución de este desarrollo hasta que se resuelven todas las dudas de la Comisión”.

La Delegación del Gobierno en Extremadura dice que el regadío es iniciativa de la Junta y que los regantes cuentan con la concesión de agua por parte de Confederación Hidrográfica del Guadiana y con la declaración de interés general por parte del Ministerio de Agricultura. El delegado, José Luis Quintana, denuncia el uso de los fondos del proyecto para otros fines. “La Junta quiere anular el convenio con la comunidad de regantes y llevar ese dinero a otro sitio, si ellos renuncian al convenio firmado los regadíos no se van a ejecutar. La Junta lo está liando todo”, critica Quintana, para recordar que ya hay otros proyectos en Extremadura similares a este, como los regadíos de Monterrubio de la Serena (Badajoz).

”Los regadíos son imprescindibles, donde hay agua hay riqueza, los agricultores tienen más renta, el 6% de superficie agrícola de la región es de este tipo de cultivo y esto produce el 60% de la producción”, afirma Quintana, que lamenta el cambio de postura de la Junta: “No entiendo qué ha cambiado en el Gobierno regional que en noviembre el director general dijo que el proyecto iba a llevarse a cabo y, a principios de año, ya no quieren y buscan razones para no hacerlo”.

El PSOE de Extremadura considera que, con la cantidad de millones que se están desviando, lo van a quedar sin fondos, por lo que va a ser complicado volverlo a poner en marcha. Su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, ha pedido a la Junta responsabilidades políticas, tilda de fraude el desvío de dinero y habla de entierro del proyecto agrícola. “Estamos hablando del proyecto más importante de modernización para el campo extremeño y desde luego esta noticia no puede pasarse por alto, porque nuevamente se demuestra que han mentido, que han buscado un relato que se les ha caído punto por punto”, señala el líder de la oposición extremeña.

Unidas por Extremadura considera que el proyecto es insostenible desde un primer momento. Su portavoz, Irene de Miguel, ha pedido toda la trasparencia y ha conseguido sacar adelante una comisión en la Asamblea de Extremadura para su seguimiento. “No hay agua para tantos regadíos en la cuenca del guadiana y no es la solución a los problemas del campo, ni siquiera en la zona de regadíos los agricultores están satisfechos”, dice De Miguel, que aventura que el proyecto no va a salir adelante y que está más muerto que vivo.

El Partido Popular considera que el gobierno anterior engañó a los regantes. “El dinero estaba, pero no la autorización para gastarlo, lo que si había era una amenaza de la UE para penalizar a la región en los posibles fondos de la PAC, una irresponsabilidad del PSOE en este asunto a sabiendas de que no se podían gastar los fondos de desarrollo rural en el regadío de tierra de barros”, cuenta el diputado Bibiano Serrano.

Los regantes del proyecto aseguran que no se plantean que no pueda salir adelante. “Sería un error brutal que no se llevase a cabo, genera cerca de 60 millones de euros de PIB, que Extremadura necesita. Es la subsistencia del campo lo que está en juego”, concluye José Manuel Sánchez.