La trama corrupta de la cárcel de Puerto III: 9.000 euros por un permiso, 15.000 por un tercer grado

De los 9.000 euros por un permiso a los 15.000 por un tercer grado. El supuesto catálogo de precios que manejaba la trama corrupta de la prisión de Puerto III, en El Puerto de Santa María, era variado. Y el segmento de clientes al que estaban mayoritariamente dirigidos, concreto: presos narcotraficantes con mucho dinero en efectivo. Con esos mimbres trabajaban los cinco detenidos este miércoles por facilitar beneficios penitenciarios a cambio de dinero, en el transcurso de la Operación Ergástulo. La Guardia Civil de Cádiz investiga a un exdirector del centro y el actual administrador como presuntos cabecillas de esa red corrupta.

Ambos han acabado detenidos a primera hora de este miércoles en un operativo dirigido por el Juzgado de Instrucción Número 5 de El Puerto, según han confirmado a EL PAÍS fuentes cercanas al caso. Los agentes se han desplazado hasta el centro penitenciario de Puerto III —el más grande de los tres de la localidad, con capacidad para más de mil presos— y al domicilio de uno de los principales investigados para explotar una operación que culminó a finales de 2022 y que implica además a otras tres personas que no son empleadas de las instalaciones, pero que actuaban como colaboradoras de la red de compra de beneficios penitenciarios.

La Guardia Civil se puso tras la pista de la trama después de que, a finales de 2022, una mujer denunciase que su pareja había pedido un permiso penitenciario y, mientras esperaba la valoración, otro preso le informó que podía ayudarle con la mediación del personal y previo pago de una compensación económica. Durante estos dos años, los investigadores de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz han reconstruido los movimientos de un grupo organizado que cobraba “a partir de 9.000 euros por un permiso y entre 14.000 y 15.000 por una pase de segundo grado a tercer grado”, según apunta otra fuente cercana al caso.

Entre los dos principales investigados se encuentra el exdirector de la prisión hasta 2020 y el actual administrador, uno de los puestos de más relevancia del centro. Los dos tejieron una supuesta red en la que eran capaces de influir en la junta de tratamiento que debe decidir sobre los beneficios penitenciarios. Para ello, contaban con el preso que les hacía de enlace con otros internos que pudiesen estar interesados en sus servicios. A eso sumaban a otra persona que a otra persona que, en el exterior de la prisión, hacía las gestiones necesarias para convencer a familiares de los presos para que pagasen el dinero pactado.

Pero la trama presuntamente también usaba amaños contra sus propios clientes. “Había veces que conociendo las resoluciones de la junta, retrasaban la comunicación a los internos, les pedían dinero y luego les hacían creer que habían influido para su beneficio penitenciario”, apunta la misma fuente cercana a las pesquisas. Por ahora, se investiga el alcance del beneficio económico de los investigados, el número de internos que accedieron a pagarles y los años que llevaban con su red, pero se prevé que el alcance “es amplio y que hay muchos casos”, según añade.

La forma de cobro de los cabecillas, en efectivo, y los importes ya marcaban el sesgo de sus principales clientes en una prisión nutrida por multitud de narcotraficantes del Estrecho y del Guadalquivir, habituales poseedores de dinero negro. Uno de los supuestos beneficiados fue Isidoro M., alias El Doro, un conocido narcotraficante de Sanlúcar de Barrameda, también en la provincia de Cádiz, que estuvo en prisión hasta los primeros meses de 2023. Isidoro M., según las pesquisas, consiguió supuestamente un beneficio penitenciario alegando que tenía fobia a estar a estar encerrado y logró que la supervisión de su estado de salud mental se la hiciese un psicólogo privado y no el del centro. “Fue irrisorio”, apuntan desde la investigación.

El Doro ya era famoso en su localidad gracias a sus patrocinios de conciertos —contrató en 2019 al artista internacional de reguetón Nicky Jam— y por su papel de presidente de un modesto club de fútbol, el Unión Deportiva Algaida. El salto a la palestra nacional le vino cuando, en noviembre de 2021, acabó detenido acusado de narcotráfico y blanqueo de capitales. Isidoro, apresado entonces por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, estaba señalado por haber lavado, al menos, tres millones de euros procedentes del narco.

Los detenidos están investigados por supuestos delitos de uso de secreto o información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, estafa y extorsión. La operación contra la trama de Puerto III ha estado dirigida por la Fiscalía Anticorrupción de Cádiz y ha contado con el apoyo de la actual directora del centro, Esther Serrano. “Su colaboración ha sido esencial”, desde la investigación. Instituciones Penitenciarias ha eludido dar detalles del caso y solo ha insistido en la “colaboración total” con las pesquisas.

Esta nueva trama de corrupción, en este caso en prisión, con narcotraficantes entre los principales clientes pone de nuevo el foco en la capacidad del narco del Estrecho para comprar favores. A la lista de policías y guardias civiles que han acabado enredados y detenidos por sus supuestas implicaciones con traficantes —que buscan comprarles para acceder a valiosa información sobre investigaciones y operativos—, se suman en estos años otros profesionales, como funcionarios municipales —ahí está la secretaria municipal de Jimena, apresada en 2019—, estibadores de los puertos e incluso notarios, como el detenido en El Puerto en 2019.