El empresario Aldama calla en la comisión de investigación del Parlamento balear sobre la compra de mascarillas

El empresario Víctor de Aldama, uno de los principales investigados en el caso Koldo sobre la compra de material sanitario durante la pandemia, se ha acogido a su derecho a no declarar durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento balear que indaga en la adquisición de 1,5 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión por parte del gobierno de las islas, presidido entonces por la socialista Francina Armengol. En 39 ocasiones, el empresario ha repetido la frase “no voy a declarar” después de haber avanzado en la primera pregunta que se iba a acoger a su derecho a guardar silencio a las preguntas de los diputados de los diferentes grupos parlamentarios.

De Aldama apenas ha permanecido 20 minutos en la sala de la Cámara autonómica sin contestar a los diputados de PP, PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Vox y Més per Menorca. Tan solo se ha desmarcado de la negativa a declarar tras escuchar una pregunta del diputado del PP, José Luis Mateo, a quien ha agradecido que precediera sus acusaciones sobre él con el término “presunto”. “Es la primera vez que lo escucho, gracias”, ha señalado. El silencio de De Aldama no ha pillado por sorpresa a los parlamentarios, ya que venía precedido de su negativa también a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso. La comparecencia del gerente de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche, que estaba prevista para este lunes, ha sido aplazada a la semana que viene.

Tras la comparecencia del empresario ha llegado el turno del que fue subdirector de compras del Servicio de Salud de las islas, Antoni Mascaró, responsable de la adquisición del material sanitario durante la pandemia, que ha insistido en que las mascarillas se compraron para uso civil y de profesionales esenciales y pasaron a formar parte de un stock de emergencia. El Gobierno de Baleares pagó 3,7 millones de euros por unos cubrebocas que resultaron tener un nivel de protección menor del contratado. El Gobierno de Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados, inició el proceso de reclamación de la diferencia de precio, un proceso que el Ejecutivo actual, del PP, ha dejado decaer argumentando que pretende recuperar todo el importe. “Eran mascarillas pensadas para la población civil y profesionales esenciales fuera del ámbito sanitario, eso es el ok a la compra de material a Soluciones de Gestión” ha dicho Mascaró, quien ha recalcado que el millón y medio de unidades fueron codificadas de esta manera en el propio Servicio de Salud.

Tanto la diputada de Vox, Patricia de las Heras, como el del PP, José Luis Mateo, han reprochado a Mascaró que las mascarillas terminaran si usar, almacenadas en una nave. El funcionario ha reconocido que fue él quien acordó que se almacenasen para formar parte de un stock de material de emergencia y quien ordenó que las mascarillas no fueran destruidas hasta que el proceso de reclamación finalizase. También ha rechazado las críticas de ambos partidos, que han censurado que su departamento librara un certificado de idoneidad a Soluciones de Gestión. “Es un documento estándar, se firman en un año cien documentos de este tipo, son muy habituales. Este certificado lleva haciéndose igual en los últimos 12 años” ha señalado.

Sobre la tardanza a la hora de reclamar, esgrimida por PP y Vox contra el anterior gobierno, Mascaró ha explicado que la reclamación se hizo “cuando se pudo” y que, en todo caso, fue presentada dentro del marco temporal contemplado por ley. El exsubdirector de compras ha subrayado que la principal prioridad en aquel momento era contar con el material suficiente y que su departamento se hizo también cargo de la coordinación de las vacunaciones y de la compra del material. “Después de todo esto, se hizo la propuesta de reclamación” ha señalado.