El Supremo archiva la querella del PP contra el fiscal general por el ascenso de Dolores Delgado

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido no admitir a trámite y, por tanto, archivar la querella interpuesta por el PP contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al no apreciar indicios de delito en el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal de la Sala Togada o Militar, la máxima categoría de la carrera, en 2022. En un auto notificado este lunes, la Sala concluye que en este caso no concurren los elementos de los delitos de prevaricación administrativa ni de nombramiento ilegal. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo sí consideró hace cinco meses, por unanimidad, que ese nombramiento supuso un ejercicio de “desviación de poder”, porque la única finalidad de García Ortiz era conceder un ascenso a Delgado, de quien él había sido número dos en la Fiscalía General del Estado.

El PP sostenía que García Ortiz propuso en octubre de 2022 el ascenso de Dolores Delgado —su predecesora en el cargo— con la finalidad de “pagar una deuda personal de gratitud”. Así, apartándose del criterio del Consejo Fiscal, el fiscal general del Estado facilitó que su antecesora, que lo había sido hasta apenas unos meses antes, se reincorporase a la carrera fiscal “en la más elevada categoría” y no como fiscal rasa. Los populares afirmaban que el nombramiento era, por tanto, arbitrario e injusto, y causaba un perjuicio a la función pública al atentar contra los principios de igualdad, mérito y capacidad, generando un descrédito de la institución. También había perjudicado personalmente, mantenía el PP, al otro fiscal que aspiraba a ser nombrado jefe de la Sala Togada y que perdió la oportunidad al ser designada Delgado.

El auto del Supremo, sin embargo, concluye que “la querella presentada no revela ningún indicio de criminalidad que justifique la apertura de un proceso penal”. En relación con el delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es), la Sala advierte de que el fiscal general del Estado no dictó una resolución propiamente dicha sino que solo hizo una propuesta: el nombramiento, formalmente, lo realizó el Gobierno de Pedro Sánchez atendiendo esa propuesta. Y, aunque admite que otra sala del Tribunal Supremo —la contencioso administrativa— dictó el pasado noviembre que García Ortiz había incurrido en “desviación de poder” y que no ascendió a Delgado por sus méritos sino para beneficiarla personalmente, la Sala Penal subraya que “no cabe trasladar de forma automática” la desviación de poder “al ámbito penal del delito de prevaricación”.

En cuanto al supuesto delito de nombramiento ilegal que también señalaba el PP, el tribunal lo descarta porque Dolores Delgado sí “reunía formalmente los requisitos establecidos” para ser nombrada: tenía una antigüedad de veinte años de servicio y pertenecía a la segunda categoría de la carrera.

La Sala que ha dictado el auto está formada por el presidente y ponente, Manuel Marchena, y los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela.

En la sentencia del pasado noviembre en la que consideró que García Ortiz había cometido una “desviación de poder”, la Sala contencioso administrativa del Supremo anuló el nombramiento de Delgado. Pero las consecuencias prácticas de esa anulación fueron inexistentes, porque Delgado ya no era para ese entonces fiscal de sala de lo Militar: en junio de 2023 fue nombrada para otro puesto, también en la máxima categoría, el de fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. No obstante, este último nombramiento había sido técnicamente posible porque Delgado ya tenía la categoría máxima —adquirida al ser nombrada para la Sala Militar—, por lo que expertos juristas consultados por EL PAÍS consideraban que la anulación del primer ascenso podía afectar a su destino actual. El nombramiento de Delgado como fiscal de Memoria Democrática también está recurrido y el Supremo aún no se ha pronunciado.