El fiscal general del Estado asciende a Dolores Delgado, pese al rechazo de la mayoría del Consejo Fiscal

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto este jueves ascender a su antecesora, Dolores Delgado, a fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera. Delgado, que tras presentar su renuncia como fiscal general en julio por razones de salud debía incorporarse a su destino de fiscal en la Audiencia Nacional, era una de las 20 aspirantes a la jefatura de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo (en la Sala de lo Militar).

La propuesta de nombramiento la ha hecho García Ortiz con el voto en contra de la mayoría del Consejo Fiscal, su principal órgano asesor: los seis miembros de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) han rechazado respaldar a Delgado, que sí ha contado con el apoyo de los dos consejeros de su asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF); de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde; la inspectora Jefe, María Antonia Sanz, y del fiscal general. El vocal de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, se ha abstenido en la votación porque su mujer, la fiscal anticorrupción María Teresa Gálvez, también aspiraba a ella.

El voto del Consejo Fiscal no es vinculante y el fiscal general ha defendido el ascenso de su antecesora. García Ortiz ha optado también por no renovar al teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, de la AF, también con la oposición de la mayoría del Consejo. El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, sí ha sido propuesto para seguir en su cargo.

El de Delgado es uno de los primeros nombramientos del Consejo Fiscal desde que cambió su composición tras las elecciones a este órgano celebradas el pasado 4 de mayo. Las urnas ampliaron la mayoría con la que ya contaba la Asociación de Fiscales, muy crítica con Delgado durante todo su mandato y a la que acusaban de aupar a los cargos más relevantes de la carrera a miembros de su asociación, la Unión Progresista de Fiscales. La renuncia de Delgado y la llegada al cargo de García Ortiz ha contribuido a rebajar algo la tensión en la carrera, aunque la asociación conservadora ha recibido también con fuertes reparos al nuevo fiscal, que fue la mano derecha de Delgado en el ministerio público y al que acusan de ser el autor intelectual de muchas de sus decisiones.

El ascenso de Delgado era, para los fiscales conservadores, la primera prueba de fuego que tenía García Ortiz, y llega después de que el PSOE retirara en junio pasado una iniciativa parlamentaria que blindaba el ascenso de la fiscal general a la máxima categoría de la carrera cuando cesara en su puesto. La iniciativa levantó gran polvareda tanto por su contenido como por la forma, ya que el PSOE la incluyó a través de una enmienda en la tramitación de la ley concursal, una norma que regula los procesos de quiebra de las empresas y que no guarda ninguna relación con el funcionamiento del ministerio público. La propuesta implicaba cambiar la ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que cuando el puesto de fiscal general del Estado sea ocupado por un fiscal de carrera, este adquiriera “la categoría de fiscal de sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese”, lo que en el caso de Delgado, que ha ejercido como fiscal durante 25 años en la Audiencia Nacional, donde la mayoría del tiempo estuvo dedicada a la lucha contra el terrorismo.

El PSOE negó estar confeccionando un “traje a medida” para Delgado, y sostuvo que la enmienda que propone ascender a la fiscal general a la categoría de fiscal de sala cuando sea cesada del cargo es una de las recomendaciones sugeridas por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco). El argumento del ala socialista del Gobierno era que este blindaje favorece la independencia del fiscal general ante posibles presiones políticas o judiciales durante su mandato, ya que al tener garantizado el ascenso a la máxima categoría se disipa el peligro de que pueda actuar con temor a que, cuando deje el cargo, sufra represalias y tenga problemas en su carrera. Fuentes de la Fiscalía General, que también defendían esta tesis, apuntaron además que el ascenso a fiscal de sala de los fiscales de menor categoría que han ocupado el puesto de fiscal general es una “práctica consolidada” que la enmienda del PSOE solo elevaría a rango de ley.

Este argumento se apoya en los dos precedentes de fiscales que, como Delgado, saltaron a la Fiscalía General desde un puesto de segunda categoría, fueron ascendidos a fiscal de sala (la máxima categoría) a los pocos meses de dejar el cargo. Ocurrió en 1997 con Juan Ortiz Úrculo, que apenas un año antes había sido el primer fiscal general nombrado por José María Aznar. Tras ser cesado volvió a su plaza de fiscal ante el Tribunal Constitucional, pero cinco meses después fue ascendido a fiscal de sala a propuesta de su sustituto en la Fiscalía General, Jesús Cardenal. Este había llegado también al cargo desde un puesto de segunda categoría (fiscal jefe del País Vasco), pero tras su cese se jubiló como fiscal y pasó a ejercer la abogacía. La propia Delgado hizo lo mismo con su antecesora, María José Segarra, a la que ascendió a fiscal de sala a los pocos meses de dejar el cargo, aunque en aquel caso la iniciativa contó con el apoyo de todos los vocales electos del Consejo Fiscal, incluidos los de la conservadora Asociación de Fiscales.

Relevo en la Audiencia Nacional

El Consejo Fiscal ha afrontado en su reunión de este jueves, que se ha prolongado durante más de 10 horas, otras 13 plazas. Una de las más importantes de las que estaba en liza era la de teniente fiscal de la Audiencia Nacional, donde Miguel Ángel Carballo, de la AF, aspiraba a la reelección. García Ortiz, sin embargo, ha optado por revelarlo por Marta Durántez, fiscal no asociada, pero que ha trabajado con el nuevo fiscal general en la Secretaria Técnica de la Fiscalía General. Este nombramiento se ha hecho también contra el criterio mayoritario: por siete votos (los seis vocales de la AF y el vocal de APIF) frente a cinco (UPF, la teniente fiscal del Supremo, la jefa de la Inspección y el propio García Ortiz). También estaba en juego la Fiscalía Anticorrupción, pero en este caso García Ortiz sí que ha avalado la continuidad del actual jefe, Alejandro Luzón, que ha obtenido el voto de todos los vocales del órgano, salvo el del portavoz de la APIF, que apostó por Belén Suárez.