Encuentro a pie de fosa en Soria entre el PP y el PSOE: “Las instituciones estamos para ayudar. Veo mucha más paz que rencor”

“Seguramente, por ideología no me correspondería”, afirma el vicepresidente segundo de la Diputación de Soria, José Antonio de Miguel Nieto, del PP, “pero asistí a la exhumación de muy buen grado porque tengo muy claro que, independientemente de los colores políticos o de los partidos a los que pertenezcamos, quienes estamos en las instituciones debemos ayudar a que los descendientes de las víctimas de la Guerra Civil recuperen los restos, aunque sea muy tarde. Me pongo en su lugar, tienen una herida abierta y se cierra de esa forma. Yo veo mucha más paz que rencor entre los familliares”. De Miguel acudió hace unos días, invitado por la Asociación Recuerdo y Dignidad, a la apertura de una fosa común en el municipio soriano de Adradas, donde fueron exhumados cuatro hombres fusilados en octubre de 1936: Juan García Gutiérrez, concejal de Iruecha (Soria) por Izquierda Republicana; Estanislao Gil, maestro de Aguaviva de la Vega, y otras dos personas de las que se duda sobre su identidad, una de ellas, menor de 30 años, podría ser hijo del maestro. Allí coincidió con el bisnieto de García Gutiérrez, Enrique Pueyo, actual alcalde socialista de Aínsa-Sobrarbe (Huesca), y con la nieta del edil asesinado, Felisa García Bartolomé, de 72 años. “Estuvimos hablando un rato y creo que hicimos una amistad verdadera. Fue una charla agradable, que no es poco tal y como están las cosas”, añade De Miguel refiriéndose a la escalada de crispación política. Los trabajos, a cargo de Aranzadi y ARECO, contaron con la financiación de la Dirección General de Memoria Democrática a través de un convenio con la Junta de Castilla y León.

Solo unos días después de que De Miguel visitara la exhumación, su partido, el PP, presentó con Vox una proposición de ley para derogar la normativa regional de memoria y sustituirla por otra llamada de Concordia que evita referirse como tal al golpe de Estado de 1936 y elude, asimismo, la palabra “dictadura”. “No estoy muy al tanto de ese proyecto”, afirma el vicepresidente de la Diputación, “pero creo que intentar, desde la legislación, dependiendo de quién tenga el poder, aunque sea con coaliciones, decir que la historia fue así o asá, es un absoluto despropósito. Aquello fue una tragedia y nadie va a poder cambiarlo. Ni unos ni otros”.

Felisa García, nieta del concejal de Izquierda Republicana asesinado, afirma que la decisión de PP y Vox en Castilla y León “es una puñalada para los familiares de las víctimas”. “No entiendo por qué quieren derogar la ley. Yo no tengo rencor hacia nadie, solo quiero enterrar a mi abuelo con mi padre. Me gustaría poder explicárselo a estas personas”. García, no obstante, destaca la presencia del vicepresidente de la Diputación de Soria en la exhumación: “Tengo que darle las gracias porque se portó muy bien con nosotros. Nos dijo que se alegraba mucho de que los hubiésemos encontrado y que la administración está para ayudar a la gente. También vino el subdelegado del Gobierno, varios alcaldes... Para nosotros fue muy importante”. Su hijo, Enrique Pueyo, recuerda: “El vicepresidente de la Diputación de Soria le dijo al presidente de la Asociación Recuerdo y Dignidad, Iván Aparicio, que podían contar con él para lo que necesitasen, como el acceso a los archivos. No tenía ninguna obligación de ir a la fosa y estuvo allí casi dos horas. Me sorprendió”.

A Iván Aparicio no le llamó tanto la atención. “El vicepresidente de la Diputación”, relata, “ya había colaborado con nosotros en la exhumación de la fosa de los maestros de Cobertelada”. De Miguel lo recuerda bien: “Se produjo un episodio que no debió haber ocurrido. Gente del pueblo recriminó a los familiares de las víctimas que hubiesen puesto una bandera republicana en el lugar de la exhumación. Tuve que intermediar y poner un poco de paz y pedirles a los del pueblo que respetaran el sentimiento de lo que esa bandera significó para esa gente”. En la fosa de Adradas también estuvieron presentes agentes de la Guardia Civil, policía judicial y varias fiscales. La asociación ha presentado una denuncia por crímenes contra la humanidad en el juzgado de Almazán.

Felisa espera ahora la identificación genética definitiva para poder enterrar a Juan García con su padre. Cuenta que su abuelo tenía 49 años y cuatro hijos cuando murió: una chica y tres chicos. “A los tres varones los llamaron a filas y lucharon en el bando nacional. Cuando mi padre se enteró de que habían matado al suyo, se fugó para combatir con el bando republicano, el que perdió. Sus hermanos no tuvieron ningún problema, pero a él lo metieron en la cárcel y lo condenaron a muerte, aunque luego le conmutaron la pena”. El padre de Felisa, que falleció muy joven, a los 50, tuvo que comprar a un vecino del pueblo el reloj que llevaba su padre cuando lo mataron, ya que había sido subastado en la localidad. “Era de bolsillo, yo lo llegué a ver”, recuerda Felisa, pero al quedarse viuda, mi madre se fue a vivir a Logroño y se perdió. Tampoco tenemos, por desgracia, ninguna foto de mi abuelo. Si la hubo, debieron destruirla, por miedo, porque durante mucho tiempo en este país no se podía ni hablar de lo que había pasado”.

Enterrados por sus vecinos

Felisa inició la investigación para tratar de localizar la fosa de su abuelo hace cinco años. Cuenta que, inicialmente, la gente del pueblo era reacia a hablar. “Al principio”, relata Aparicio, “cuesta un poco, porque todavía hay cierto complejo de culpabilidad, pero al final la gente acaba colaborando. Sin ellos no se encontrarían las fosa nunca. Lo habitual aquí era que obligasen a vecinos a enterrar los cuerpos. El recuerdo que había en la localidad es que el sitio estaba en el llamado camino de la Alcubilla, entre cuatro encinas, y que pusieron unas piedras encima para que no se los comieran los animales. Pero tantos años después, el terreno había cambiado considerablemente. Removimos muchísima tierra hasta que al quinto día, por fin, dimos con ellos”.

Sherezade Benito Menéndez, investigadora de la Asociación Recuerdo y Dignidad, explica que a Juan García Gutiérrez le abrieron en 1941, cinco años después de haberlo fusilado, un expediente de responsabilidades políticas para requerirle el pago de 13.870 pesetas. La familia relata que les arrebataron todo cuanto tenían. En el caso del maestro Estanislao Guerrero, relata la investigadora, cuatro años después de su asesinato fue depurado y dado de baja como maestro nacional. Sus tres hijos, Timoteo, Germán y David se dedicaron también a la enseñanza. Uno de ellos, Germán, fue fusilado.