Pacto de silencio entre el PSOE y Junts a 24 horas de la comisión en la que se votará la ley de amnistía

Ya no hay vuelta atrás. La hora del desenlace sobre la amnistía ha llegado. La votación de la piedra angular de la que depende que la legislatura no tenga un final abrupto se producirá en 24 horas en la comisión de justicia del Congreso. El Gobierno la afronta sin ningún vértigo, segurísimo de que cerrará un pacto con Junts, y en medio de un manto de silencio que nadie está dispuesto a romper ante el temor de desbaratar una norma nuclear que, a su vez, es la llave maestra para los Presupuestos Generales.

“El acuerdo está cerca”, afirmó este martes la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, que evitó entrar en los cambios que el PSOE está dispuesto a realizar en el texto que el pleno del Congreso rechazó el 30 de enero debido al voto en contra de Junts. Los socialistas han insistido durante las últimas semanas en que no tocarán el capítulo de la norma referido a los delitos de terrorismo y alta traición, que Junts quería ampliar para que abarcase a todos los delitos de este tipo y blindar en los tribunales a su líder, Carles Puigdemont, pero no explican qué cambios están dispuestos a introducir en el texto para lograr el voto favorable de los neoconvergentes. El Ejecutivo sí incide en que no puede aceptar todas las exigencias de Junts, ya que harían peligrar la ley porque la podrían tumbar el Tribunal Constitucional y la justicia europea.

“Esta ley entró impecable al Congreso y va a salir impecable, constitucional y conforme al derecho europeo y con una apuesta y objetivo claro: mejorar la convivencia en Cataluña y de Cataluña con el resto de España”, fue el compromiso que lanzó Alegría en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. “Nada está acordado hasta que todo está acordado”, apostilló, escudándose de ese modo en la “prudencia” para no entrar en los pormenores de las negociaciones. El día anterior, la portavoz del PSOE, Esther Peña, sí fue tajante al negar la posibilidad de modificar la parte de la proposición de ley que tenga que ver con el terrorismo. “Todos los independentistas catalanes serán amnistiados porque no son terroristas”, llegó a decir Pedro Sánchez el mes pasado.

Fuentes socialistas e independentistas coinciden en que, por encima de las diferencias que puedan tener sobre el contenido de la medida de gracia, todos sufrirían una derrota colosal si el dictamen de la amnistía decae este jueves. Los vencedores de la falta de acuerdo serían el PP y Vox, concluyen todas las partes, interesadas en pasar cuanto antes de pantalla y dejar atrás la amnistía, que desde otoño monopoliza la política española. Si no hay fumata blanca, el PSOE quedaría todavía más debilitado mientras sigue a merced del cataclismo político del caso Koldo. Y para Junts sería imposible explicar a su electorado, a menos de un año de las elecciones catalanas, que cientos de personas, entre ellas ciudadanos anónimos y cuadros medios de su partido y ERC, no se habrían beneficiado de una malograda amnistía.

Como el PSOE, Junts también mantiene una disciplina férrea y guarda con celo las claves que tienen que permitir desbloquear la ley de amnistía. Un malentendido, una palabra fuera de contexto, podría echar por tierra el acuerdo. Fuentes parlamentarias contemplan por eso mismo que el acuerdo no trascienda hasta el mismo jueves, poco antes del inicio de la comisión de justicia, que fue convocada el lunes para las 11.00. Ya sucedió lo mismo en la anterior ocasión en que la comisión aprobó el dictamen de la ley de amnistía, cuya aprobación evitó una semana más tarde Junts en el pleno del Congreso en un giro inédito. Una vez aprobada la amnistía en comisión, el Gobierno pretende que se el Congreso la apruebe el jueves de la próxima semana, 14 de marzo, para que prosiga su tramitación en el Senado. El PP, con mayoría absoluta en la Cámara alta, tiene la intención de dilatar su rechazo a la norma hasta dos meses, antes de que regrese al Congreso para su aprobación definitiva a finales de mayo o primeros de mayo. Es decir, en plena campaña de las elecciones europeas.

Junts ha evitado pronunciamientos públicos que pudieran dar pistas acerca de qué cesiones ha logrado arrancar para transformar en un sí el veto que impuso a la ley hace un mes en el pleno del Congreso. En privado, lo único que varios cargos de la formación dan por sentado es que esta vez el pacto está cerrado. Este martes había sesión plenaria en el Parlament y los mandos de Junts evitaron las declaraciones públicas, conscientes que iban a ser reiteradamente preguntados sobre la amnistía. Carles Puigdemont ha fijado silencio y discreción acerca del avance de las negociaciones con el PSOE, bajo el argumento de que revelar algún contenido de las conversaciones con los socialistas conllevaba darle margen de maniobra al PP y a los miembros de la judicatura que quieran impugnar el despliegue de la amnistía. A diferencia de ocasiones anteriores, la máxima en Junts ha sido esta vez la de hacer el menor ruido posible, una estrategia singular para un partido que se ha pasado toda la época posterior al procés abrazado a las soflamas, las llamadas a la épica y a las arengas para movilizar al independentismo.

El mutismo encaja con el cambio de guion que ha impuesto Puigdemont desde Waterloo. Y más después de que el Tribunal Supremo le abriera una causa penal la semana pasada por delito de terrorismo en el caso Tsunami. El ex president, que huyó a Bélgica en 2017 para evitar ser juzgado, figura entre los potenciales beneficiados de la aprobación de la amnistía. Desde que el escrutinio del 23-J convirtió a los siete diputados de Junts en fundamentales para desequilibrar el juego de mayorías en el Congreso, Puigdemont y Junts han virado hacia la vía negociada con el Gobierno, en contraposición al frentismo que habían propugnado durante años, y hasta justo antes de las elecciones.

Solo el núcleo más cercano de Puigdemont ha estado al corriente de la negociación de la amnistía. En el partido se ha tenido claro que el criterio sobre los aspectos legales lo fijaba Gonzalo Boye, el letrado del expresident. Puigdemont ha tenido línea directa con un grupo muy reducido de colaboradores, entre los que está Josep Rius, portavoz de Junts, Miriam Nogueras, líder de Junts en el Congreo, y Jordi Turull, secretario general. Turull sufrió la semana pasada una insuficiencia cardiaca que lo obligó a pasar dos veces por el quirófano. En Junts cuentan que su evolución es buena, pero que los médicos le han recetado reducir la actividad. Incluso convaleciente, el secretario general ha estado al día de la negociación. Fuentes del partido detallan que cuando sufrió el infarto, el lunes de la semana pasada, la mayoría de detalles de la amnistía ya estaban acordados con el PSOE.

ERC también sigue atento la evolución de las conversaciones entre el PSOE y Junts, sus socios más imprevisibles y volátiles. El Govern catalán insiste en aprobar la amnistía “cuanto antes”. Su portavoz, Patrícia Plaja, resaltó que la situación es urgente, en una crítica implícita a Junts: “Aún hay mucha gente sufriendo la represión, también ciudadanos anónimos”, informa Camilo S. Baquero.