El órgano fiscalizador de Canarias descartó irregularidades en los contratos de la empresa del ‘caso Koldo’

Uno de los cuatro auditores de la Audiencia de Cuentas de Canarias —un órgano dependiente del Parlamento canario y que fiscaliza la gestión económica del sector público de la comunidad— censuró en mayo de 2022 que el Gobierno autonómico presidido entonces por el PSOE hubiese contratado durante la pandemia con dos empresas que “carecían de capacidad de obrar con la Administración”. Una de esas empresas era Soluciones de Gestión SL, la firma implicada en el ‘caso Koldo’ de presunta corrupción en la compraventa de mascarillas. El auditor expresó sus críticas en un borrador de informe que ponía la lupa sobre los contratos a 16 sociedades que se habían acogido a la tramitación por procedimiento de emergencia, con un importe total de 81,9 millones. Pero el pleno de la Audiencia de Cuentas rechazó ese borrador de informe y lo elevó a continuación al Tribunal de Cuentas, que en diciembre archivó igualmente las pesquisas al no detectar irregularidades.

El caso Koldo investiga el presunto enriquecimiento ilícito, entre otros imputados, de Koldo García, asesor del exministro de Transportes socialista José Luis Ábalos, con la compraventa de mascarillas en el inicio de la pandemia de 2020. García cobró supuestamente comisiones de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL a cambio de facilitarle el contrato con el ministerio, en unos meses en los que no había límites legales a la contratación porque lo prioritario era conseguir material sanitario con urgencia.

El proyecto de informe elaborado en 2022 por uno de los auditores de la Audiencia de Cuentas resalta que Soluciones de Gestión copó, con 9,78 millones, el 11,93% de las ventas de material sanitario. Tanto esta firma como Injoo Technology SL (con el 10,87 %) son sociedades cuyo objeto social no se corresponde con la venta de ese tipo de productos; Soluciones de Gestión se dedica a “servicios de desarrollo y asesoramiento técnico en actividades internacionales, principalmente de energía, agua e infraestructuras agrícolas”. Y ninguna de las dos estaba inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas (ROLECE), según ese borrador de informe. “Es decir, el SCS [servicio canario de salud] adjudicó la compra de material sanitario a empresas que no consta que hubiesen ni acreditado la preceptiva solvencia profesional o técnica conforme establece el art. 74 de la LCSP [ley de contratos del sector público], ni tampoco estar capacitados legalmente para contratar con la administración”. Por ello, proseguía el informe, los contratos podían estar incursos “en causa de nulidad”.

“Preceptiva solvencia económica”

En este sentido, el auditor destacaba que “en ninguno de los expedientes verificados” la Administración “comprobó la capacidad de los adjudicatarios” ni les exigió “la preceptiva solvencia económica, financiera y técnica para llevar a cabo las adjudicaciones realizadas”. Y subrayaba que, que a pesar de que se trataba de contratos de emergencia, “la normativa vigente no exime a la administración de cumplir tales requisitos”.

En el primer año de la pandemia, sin embargo, no estuvo en vigor la legislación sobre contratación pública de las administraciones: el Gobierno central dejó en suspenso de forma excepcional, por decreto ley, todos los límites legales a la contratación, para eliminar cualquier obstáculo a la compra de material sanitario en una situación de emergencia. Las empresas, por tanto, no tuvieron que presentarse a concursos ni acreditar experiencia ni someterse a unos límites de precio: quien tenía mascarillas, guantes, respiradores o equipos de protección, los ofrecía al mejor postor. Esa situación se prolongó hasta mayo de 2021, aunque el descontrol mayor se centró en los primeros tres meses de pandemia.

El Servicio Canario de Salud centralizó en esos primeros meses de la pandemia las compras de material sanitario, siempre y cuando los contratos no superaran los dos millones de euros; a partir de esa cantidad era necesaria la aprobación en Consejo de Gobierno. El documento del auditor, sin embargo, recoge 11 operaciones por encima de esa cantidad (dos de ellas con la empresa Soluciones de Gestión), por un importe de 41,7 millones. Y en ninguna de ellas consta que se solicitara autorización al Consejo de Gobierno.

Fuentes del anterior Ejecutivo de Canarias, presidido por el hoy ministro socialista Ángel Víctor Torres, aseguran que ese borrador de informe de la Audiencia de Cuentas fue elaborado por un auditor propuesto por el PP: Fernando Figuereo. Y remarcan que, pese a que fue rechazado por el pleno del organismo, se remitió al Tribunal de Cuentas. Este segundo organismo, que fiscaliza toda la actividad contable de las administraciones públicas en España, archivó la investigación en diciembre de 2022 y respaldó así la actuación del Ejecutivo canario. En su dictamen, justificó entre otras cuestiones que el Servicio Canario de Salud recurriera a proveedores no habituales para la compra de equipos de protección, puesto que el mercado internacional estaba descontrolado y los agentes del sector carecían de capacidad para responder a las demandas urgentes y masivas de las administraciones públicas.

El 11 de noviembre de 2022, Coalición Canaria reclamó la creación de una comisión de investigación en el Parlamento autónomo a raíz de ese borrador de informe, que fue rechazada por la mayoría de la Cámara. Este lunes, el portavoz del Gobierno canario (ahora formado por Coalición Canaria y el PP), Alfonso Cabello, ha declarado que se están recabando todos los expedientes del caso y que las autoridades determinarán “si se han visto o no dañados los intereses de los ciudadanos de la comunidad autónoma”. La consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha añadido que se va a recuperar el borrador de informe de la Audiencia de Cuentas para ver qué hay ya investigado y “poder ser más eficaces en las indagaciones y análisis”.