El Gobierno nombra a Carmen Calvo nueva presidenta del Consejo de Estado

El Consejo de Ministros nombrará este martes a la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado, en sustitución de Magdalena Valerio, que será cesada en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló su designación por estimar que no cumple el requisito de contar con acreditado prestigio como jurista. El Gobierno va a recurrir dicho fallo por medio de la Abogacía del Estado, que presentará un recurso de amparo, en paralelo al de la propia Valerio. Calvo, a su vez, tomará posesión antes de fin de mes. La propuesta de su nombramiento se basa en su currículum y su experiencia, y en la convicción de que ambos factores impedirán que pueda cuestionarse su idoneidad para el cargo. Antes de de tomar posesión, Calvo acudirá a la Comisión Constitucional del Congreso, que evaluará dicha idoneidad. El nombramiento formal se producirá en el siguiente Consejo de Ministros, inmediatamente después de dicha comparecencia.

Carmen Calvo ha renunciado este lunes a su acta en el Congreso, incompatible con el que será su nuevo cargo. Nacida en Cabra (Córdoba) en 1957, es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y doctora en Derecho Constitucional por la de Córdoba, en la que ha sido profesora titular de esta materia. En el ámbito político, además de haber asumido la responsabilidad de la vicepresidencia primera del Gobierno —en dos etapas sucesivas— entre junio de 2018 y enero de 2020, e inmediatamente después, entre enero de 2020 y julio de 2021, fue ministra de Cultura en el anterior Ejecutivo socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, entre 2004 y 2007. En 2004, accedió también al Congreso, como diputada por Córdoba, después de haberlo sido en el Parlamento de Andalucía. También ocupó el cargo de consejera de Cultura en la Junta, entre 1996 y 2004.

El nombramiento de Calvo —como el de su antecesora— se basa, según fuentes gubernamentales, en el valor de esta doble trayectoria en el ámbito jurídico y a la vez en el político, en la medida en que supone un buen conocimiento del funcionamiento de las administraciones públicas. Función esencial del Consejo de Estado es la elaboración de dictámenes a petición del propio Ejecutivo y cuya finalidad es ajustar las iniciativas políticas a una estricta legalidad. La obtención de esa garantía no siempre es fácil, en la medida en que el impulso político pueda hallar dificultades para armonizarse con el marco legal. El nombramiento busca, según las fuentes consultadas, allanar el camino en este tipo de tarea, precisamente por la experiencia de la exvicepresidenta, quien ya en el ejercicio de este cargo la acumuló de manera muy especial. En su trayectoria destaca igualmente su militancia feminista. Este mismo mes presenta un ensayo, titulado Nosotras (Planeta), sobre esta materia.

Calvo ha manifestado a EL PAÍS sobre estos extremos que acepta “esta propuesta de nombramiento con el bagaje de la experiencia de los cargos anteriores” que ha tenido. Y ha añadido: “Conozco bien el órgano y a muchos de los consejeros. Trataré de que la institución cumpla su función, ayudando a reforzar y a solemnizar la democracia en unos momentos en que todos deberíamos estar en posiciones de máximo respeto y de autoexigencia grande. En este momento he entendido que no podía decirle al presidente que no a su ofrecimiento”. Esta negativa sí se produjo con anterioridad. El presidente del Gobierno, Pedro Sáncchez, le ofreció el cargo en octubre de 2022, tras la dimisión de María Teresa Fernández de la Vega, que optó por dejar la presidencia y pasar a ser consejera permanente. Calvo le comunicó que su deseo era dedicarse a la labor parlamentaria. “Pero esta vez”, ha subrayado este lunes Calvo, “no podía declinar la propuesta”.