Yolanda Díaz se desmarca de la propuesta de Pedro Sánchez para reducir los plazos de instrucción, que pierde fuerza

Solo 48 horas después de que Pedro Sánchez anunciara que está encima de la mesa la posibilidad de limitar más el plazo de las instrucciones como forma de convencer a Junts de que apoye la ley de amnistía tal como está, la propuesta se va debilitando por momentos. El martes algunas fuentes del Gobierno admitían la dificultad de sacar adelante esta reforma de manera quirúrgica, sin que afecte a casos muy sensibles y con instrucciones largas como los de narcotráfico, blanqueo o corrupción, en las que hay muchas comisiones rogatorias al exterior, que son muy lentas. Este miércoles la iniciativa sufrió un golpe muy claro de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que admitió que desconoce los extremos de la iniciativa, porque no se ha discutido en la coalición, pero aseguró que por lo que se sabe “no va en la buena dirección”.

Díaz concretó en los pasillos del Congreso: “Parece que no va en la dirección correcta por la afectación general que puede tener. Los justiciables tienen que tener derecho a un proceso con garantías, con toda la solvencia. También hay procesos que son muy complejos, que necesitan unos ritmos, unos medios y unas investigaciones que requieren de una cierta prudencia. Por tanto, sin conocer la propuesta que se está negociando, por la información que tenemos, parece que no va en la dirección correcta”. Sectores judiciales relevantes, en especial los fiscales, han trasladado la alarma por la posibilidad de que esta reforma pueda perjudicar a casos muy sensibles.

En realidad, el sector socialista del Gobierno no está pensando en algo así, sino en un retoque quirúrgico para que jueces como el de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que lleva el caso Tsunami y quiere implicar por terrorismo a Carles Puigdemont, no puedan dilatar indefinidamente la instrucción de casos relacionados con la amnistía y así dificultar su aplicación. La iniciativa aún no ha muerto, y sigue encima de la mesa de los negociadores socialistas, pero están a la espera de que empiecen las conversaciones formales con Junts para ver si esta salida podría servir para que el grupo de Carles Puigdemont acepte aprobar la ley tal como está o con mínimos retoques, porque el PSOE rechaza más cambios de fondo como incluir cualquier delito de terrorismo, como reclaman los independentistas.

Ese diálogo con Junts, que aún tiene mucho tiempo por delante —el primer plazo de la comisión de Justicia llega al 21 y se podría ampliar otros 15 días— definirá si esta reforma se llega a plantear en serio o queda como un globo sonda. En cualquier caso, desde el punto de vista político, lo relevante es que Sánchez y su equipo de confianza siguen trabajando en el plan A de convencer a Junts y sacar adelante la ley para enfilar con ella los Presupuestos y la legislatura, aunque tienen un límite claro: no tocar nada de fondo de la ley para evitar que la pueda tumbar el Tribunal Constitucional o la justicia europea.

El toque de atención de Díaz tiene un claro significado político. La vicepresidenta segunda se distancia de su socio en un asunto decisivo, la negociación de la amnistía, en plena campaña electoral de las gallegas, donde ambos son rivales electorales. Es algo habitual cuando se acercan las elecciones, pero en este caso el mensaje de Díaz parece especialmente claro para mostrar su malestar con la estrategia negociadora del sector socialista. Ya a principios de año, después de la agónica negociación de los decretos, Díaz llegó a decir: “Así no podemos gobernar”, en una clara crítica a la estrategia de La Moncloa de llevar las negociaciones al límite. Sumar apoya de forma tajante la amnistía, no hay ninguna duda. De hecho, la plataforma incluso votó a favor de la enmienda de Junts para incluir todo el terrorismo, que no prosperó por el rechazo del PSOE. Pero en esta fase crítica, está buscando una evidente distancia.

En el sector socialista no creen que esto suponga que la coalición está sufriendo una crisis real, sino que más bien lo ven como una escenificación en un momento en que Sumar se juega si entra o no en el parlamento gallego. La propuesta del cambio de la ley de enjuiciamiento criminal, según fuentes de este sector, no ha sido aún aparcada, al menos hasta que no hablen con Junts. A Puigdemont y su equipo les preocupa no poder acogerse a la amnistía desde el primer momento por la presión de los jueces. El PSOE los está tratando de convencer de que tal como está, la amnistía acabará cubriendo a Puigdemont en algún momento procesal, porque es casi imposible demostrar que tuvo “intención directa” de atentar de manera grave contra la vida de algunas personas o quiso torturarlas, que es lo único que está excluido de la amnistía. Pero Junts exige blindarlo más para que se pueda acoger desde el primer momento y no dejar así ningún margen a los jueces, algo que los socialistas ven imposible por el riesgo de acabar con gran fiasco en el Constitucional.

Díaz ha dejado claro que no está al tanto de las conversaciones entre el PSOE y el partido de Puigdemont y ha desvelado que aún no ha podido hablar con Sánchez del asunto. Las palabras de la vicepresidenta y la discrepancia pública llegan después de que el mismo lunes Sumar solicitara la creación de la Comisión de Seguimiento del pacto de la coalición para “engrasar las relaciones” tras múltiples desencuentros públicos, como el anuncio sobre la ampliación del aeropuerto de Barajas, que provocó hasta un choque en redes sociales entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el actual portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón.

En un discurso por la tarde, la vicepresidenta volvió a pedir la convocatoria del órgano de seguimiento de la coalición, recogido en el acuerdo de Gobierno, e instó a “normalizar las diferencias” entre los socios y a “gobernar mejor”. El malestar del socio minoritario del Gobierno, según algunas voces, se habría acrecentado por el intento del líder del PSOE de capitalizar la subida del salario mínimo (SMI) —una medida que Díaz siempre ha reivindicado como propia y que lleva su ministerio— al anunciar su aprobación en el Consejo de Ministros del martes durante un acto socialista de la campaña gallega. En cualquier caso la coalición no parece tener un problema de fondo, y el tono entre los socios ha cambiado mucho desde que Podemos salió del Gobierno, aunque las discusiones en privado, sobre todo las económicas, siguen siendo igual de intensas que siempre aunque ya no esté Nadia Calviño, porque Sumar siempre aprieta.

Díaz apuesta por visibilizar sus medidas económicas, como la subida del SMI o la reducción de la jornada laboral o incluso la idea de poner límites a los salarios de los altos ejecutivos, algo que planteó este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. En Sumar prefieren volcarse en estos temas para que la amnistía, que respaldan, no ocupe todo el espacio. Los socialistas de momento han decidido no entrar al choque con Sumar y dejar que sea Díaz quien ponga el foco en la diferencias sin provocar un choque. La nueva coalición, mejor avenida que la anterior, no parece estar en una crisis seria, pero las diferencias son importantes y Sumar ahora ha decidido que tengan una mayor visibilidad.