Un Poder Judicial dividido busca cómo hacer frente a las críticas de los políticos a los jueces

Las aguas bajan revueltas en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que este lunes celebra un pleno extraordinario, forzado por el sector conservador del órgano, con el anunciado propósito de replicar a las duras críticas a los jueces vertidas la semana pasada por varios portavoces parlamentarios en el debate sobre la ley de amnistía en el Congreso. En el orden del día de ese pleno se ha colocado, además, una propuesta de cambio en la comisión permanente —el principal órgano ejecutivo del Consejo— que no tiene el apoyo unánime de ninguno de los dos sectores, conservador y progresista, y que contribuye a enrarecer el ambiente en el seno del CGPJ.

El común denominador de ambas cuestiones —la defensa de los jueces que llevan causas relacionadas con el procés y que han sido calificados de “prevaricadores” por varios grupos parlamentarios, y el cambio en la ejecutiva del Consejo— es que van a ser debatidas en un órgano extraordinariamente desgastado y con una falta de representatividad que a estas alturas los propios vocales reconocen. En el Consejo nadie sabe cuánto más durará su situación de interinidad —hace más de cinco años que caducó su mandato—, y la sensación de cansancio generalizado está en todas las conversaciones entre los vocales, que ya son solo 16 de los 20 iniciales (o de los 21, si se incluye al presidente). Volver a discutir ahora en qué términos hay que replicar a intervenciones como la de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, se presenta para algunos miembros del Consejo —sobre todo del sector progresista— como un nuevo episodio de autoafirmación que corre el riesgo de suscitar escasa credibilidad.

Nogueras calificó de “prevaricadores” a jueces como Manuel García-Castellón o Joaquín Aguirre, que tienen en sus manos las investigaciones sobre la causa de Tsunami Democràtic (en la que se investigan los disturbios, algunos violentos, que siguieron a la sentencia del procés en 2019) y del caso Voloh (sobre las conexiones de los líderes independentistas con ciudadanos y exdiplomáticos rusos). En el sector progresista del Consejo se considera discriminatorio defender a unos jueces y no a otros. Y se pone como ejemplo al magistrado José Ricardo de Prada, al que no se amparó recientemente, cuando el senador del PP José Antonio Monago le acusó de “lawfare” (persecución judicial al adversario político) en el caso Gürtel. El Consejo estimó innecesario el amparo porque Monago se disculpó después y retiró sus palabras.

A esta dificultad a la hora de consensuar una respuesta ante las críticas de los políticos se une ahora la propuesta de cambio en la comisión permanente del CGPJ cuando aún no se ha cumplido un año desde los relevos llevados a cabo en julio pasado. El cambio, planteado por el presidente provisional, Vicente Guilarte, consistiría en sustituir a la vocal Pilar Sepúlveda, designada en su momento a propuesta del PSOE, por el vocal Enrique Lucas, propuesto por el PNV y adscrito al sector progresista. Lucas defiende en declaraciones a EL PAÍS que su candidatura obedece exclusivamente a que es “el único vocal jurista que no ha pertenecido” a la comisión permanente.

El relevo no tiene un apoyo unánime en el sector conservador, y es visto con muchas reservas en el grupo progresista. En ambos bloques hay vocales que ven con recelo los cambios en un momento en el que predomina el deseo de que fructifique el nuevo intento de diálogo entre el Gobierno y el PP, esta vez de la mano del comisario de la Justicia de la UE, Didier Reynders, para renovar el Consejo.