El tortuoso camino hacia la verdad en el ‘caso Pegasus’

La verdad sobre el espionaje a los teléfonos móviles de los líderes independentistas en Cataluña con el programa Pegasus se abre paso en los tribunales, pero lo hace entre enormes dificultades y contratiempos que lastran el resultado de las investigaciones. Los juzgados de Barcelona mantienen abiertas más de una decena de causas por este motivo, según han detallado a EL PAÍS fuentes judiciales. Aunque la mayoría de esos procesos siguen vivos, muchos se encuentran en fase inicial o en estado de duermevela, incapaces de avanzar por la escasa colaboración de quienes deberían aportar información solicitada ya por los juzgados. Solo uno de ellas —el que afecta al president Pere Aragonès— apunta por ahora a la existencia de presuntas responsabilidades penales de los máximos responsables del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por la utilización del software de fabricación israelí.

La declaración como investigada, el pasado viernes, de Paz Esteban, exdirectora del servicio secreto y cesada tras conocerse que el president estaba en la lista de espiados, marca un hito en la causa de Aragonès y una pauta para el resto de causas judiciales, con las que tiene al menos dos puntos en común: las víctimas pertenecen a un mismo colectivo (los independentistas, que han impulsado las denuncias o querellas al margen de la Fiscalía) y los presuntos autores (el CNI). Los hallazgos que surjan en el caso del presidente de la Generalitat pueden nutrir los otros procesos, no solo porque hay personas del mismo partido (ERC), sino también porque están presentes los mismos abogados.

En Barcelona hay 33 juzgados de instrucción, cada uno con sus ritmos de trabajo y sus métodos, lo que también explica el distinto devenir de cada una de las denuncias. Aragonès interpuso la suya en la primavera de 2022, pocas semanas después de que Esteban admitiera, en el Congreso de los Diputados, que él estaba en la lista de 18 personas a los que el CNI espió con autorización previa (según su versión) del Tribunal Supremo. El camino hasta lograr la imputación de Esteban, que fue destituida días después de su comparecencia, no ha sido sencillo. Aragonès puso su móvil a disposición de unos informáticos que acreditaron el hackeo. Con el aval de los peritos, el titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, admitió a trámite (casi un año y medio después) la denuncia y ordenó buena parte de las diligencias que había solicitado el president para aclarar los hechos, incluida la citación como investigada de Esteban.

El juez pidió al Tribunal Supremo copia de las resoluciones que permitieron al CNI infectar a través de mensajes SMS el móvil de Aragonès. También solicitó la “desclasificación” de documentación secreta para que ese mismo organismo le informara sobre la compra y el uso de Pegasus contra “personas concretas”. La batería de peticiones del juez y el contexto político —la necesidad de Pedro Sánchez de contar con el apoyo de los independentistas para la investidura— forzaron al Gobierno a valorar la desclasificación de papeles, que fue parcial y a regañadientes.

No fue hasta el pasado jueves, apenas 24 horas antes de la declaración de Esteban, cuando el juzgado tuvo a disposición la única documentación que el Gobierno se ha abierto a desclasificar: los autos del Supremo en los que se argumenta que Aragonès “dirigía y coordinaba” desde la “clandestinidad” a los Comités de Defensa de la República (CDR), grupos organizados para imponer la independencia tras el fallido referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017. La cronología es muy relevante: el dirigente de ERC fue espiado entre julio de 2019 (fecha del primer auto) y abril de 2020 (fecha en la que expiraba la última prórroga), cuando era vicepresidente del Govern de Quim Torra. Fue un tiempo convulso. En ese lapso, el Supremo dictó la sentencia que condenó a penas de prisión es los líderes del procés (incluido Oriol Junqueras, jefe directo de Aragonès en esa época) y se llevaron a cabo las negociaciones para la primera investidura de Sánchez.

Reticencias y poca colaboración

Para Aragonès, que se le apunte como líder de los CDR es un disparate que está “fuera de toda realidad y sentido común”, por lo que el acceso a su móvil, opina, no es más que un flagrante espionaje político. Falto de apoyos en el Parlament y con perspectivas electorales poco halagüeñas para repetir en el cargo tras las elecciones autonómicas previstas para de aquí a un año, la causa supone para el presidente catalán un balón de oxígeno y, al mismo tiempo, una vía para presionar al Gobierno: considera que es responsable de una acción con enormes repercusiones políticas que además ha afectado a su “intimidad personal”, y le afea que la información entregada al juzgado sea incompleta.

La titubeante predisposición del Gobierno y la nula colaboración de otros actores (como la empresa israelí NSO Group, fabricante del software) con los juzgados es uno de los motivos que lastran la causa de Aragonès y el resto, todas abiertas por delitos similares: intromisión no autorizada en equipos informáticos, interceptación ilegal de comunicaciones, espionaje informático, contra los derechos fundamentales. Una de las más afectadas por esa falta de información es la primera de todas, la que el expresidente del Parlament Roger Torrent y el excandidato a la alcaldía de Barcelona Ernest Maragall interpusieron en 2020 contra el anterior director del CNI (Félix Roldán) y contra NSO.

José Antonio Cruz, titular del juzgado 32 de Barcelona, fue el encargado de llevar a cabo esa investigación. Apenas practicó diligencias y llegó a archivar de forma provisional la causa porque Israel no respondió a su petición de información para aportar los datos que le había solicitado. Ese mismo juez se negó a agrupar en una sola causa las denuncias que se iban acumulando en otras plantas de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, tal como habían solicitado los afectados de la CUP y Òmnium. “No se puede afirmar que nos encontremos ante hechos atribuibles a un mismo sujeto o a sujetos concertados”, dijo, en línea con la Fiscalía.

Batalla con la Fiscalía

El papel de la Fiscalía en la investigación de Pegasus también es puesto en duda por el independentismo. Torrent y Maragall presentaron la querella por la “inacción” del ministerio público, que según los abogados no está teniendo una actitud especialmente proactiva, sobre todo cuando se trata de señalar al que, a su juicio, el Gobierno es el único sospechoso porque el software solo se vende teóricamente a Estados, agencias gubernamentales y servicios secretos para combatir el crimen organizado y el terrorismo. Fuentes de la Fiscalía consultadas por este diario subrayan, en cambio, en que la predisposición es investigar a fondo pero matizan que no se puede prejuzgar la autoría de un modo genérico, sino que hay que analizar caso por caso y estar a lo que digan los indicios. En abril de 2021, Citizen Lab, un laboratorio de la Universidad de Toronto, concluyó que Pegasus se había usado, entre 2015 y 2020, contra 65 activistas y líderes independentistas. Esteban solo habló en el Congreso de 18 personas y bajo autorización judicial.

Sin un juez que asuma la investigación como un todo, el resultado ha sido una dispersión de causas que, lejos de ser un problema, ha acabado sumando para los afectados: donde un juzgado no llega, puede llegar otro. Así ha ocurrido, por ejemplo, en la causa que investiga la infiltración a otros tres dirigentes de ERC: la eurodiputada Diana Riba, el diputado del Parlament Josep Maria Jové y el alto cargo Sergi Sabrià. Por primera vez, un informe de los especialistas de los Mossos d’Esquadra ha concluido que sus teléfonos fueron infectados por un programa que “deja los mismos rastros que el conocido como Pegasus”.