Hacer política. Hacer justicia

Primero. El procés fue un dislate descomunal impulsado por unas élites políticas catalanas que llevaron a España a una tensión máxima con la celebración del referéndum ilegal de 2017, cuyas consecuencias se siguen sufriendo en la actualidad. El Tribunal Supremo resolvió con condenas por sedición y malversación el juicio a algunos de los principales responsables del golpe a la democracia que dieron los dirigentes de Junts y ERC. Estos dirigentes, tras casi cuatro años de prisión, fueron indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Sin condena y sin indulto quedó Carles Puigdemont, que huyó de la justicia y se instaló en Waterloo. La condena del Supremo en 2019 a los dirigentes de la Generalitat provocó la ira del independentismo más radical, que se echó a la calle con numerosas protestas que acabaron con duros altercados a raíz de los cuales la Audiencia Nacional inició la investigación del conocido como caso Tsunami Democrátic.

Segundo. Tras las elecciones del 23 de julio, el PSOE alcanzó el convencimiento sobrevenido de la constitucionalidad de una ley de amnistía para los delitos vinculados al procés. Acostumbrado a surfear en la contradicción y a entender la política como un ejercicio de alto riesgo, el partido y el Gobierno de Pedro Sánchez empezaron a desplegar discursos y piruetas variopintas para amarrar los votos de Junts y del resto de sus aliados. El recorrido ha sido amplio. En un pasado no lejano el PSOE consideraba la amnistía una herramienta ajena a la Constitución y ahora ha asumido que encaja a la perfección y que además tiene efecto balsámico para desinflamar el conflicto independentista. Y en solo unos días, ha pasado de defender que la ley de amnistía recogería los delitos de terrorismo vinculados con el procés, salvo aquellos que tuvieran sentencia firme, a aceptar una enmienda que amplía la cobertura.

Tercero. Tras cuatro años de pesquisas, el pasado noviembre, y justo cuando el acuerdo entre el PSOE y Junts sobre la ley de amnistía era inminente, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decidió imputar por terrorismo en el caso Tsunami a Carles Puigdemont, única vía para perseguir penalmente al dirigente independentista. El pasado martes, el PSOE aceptó una enmienda de Junts a la ley de amnistía para intentar blindar a Puigdemont. Así, la ley contemplará que se podrán acoger a la medida de gracia los casos de terrorismo “siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, no hayan causado violaciones graves de los derechos humanos, en particular las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos (CEDH) y de las Libertades Fundamentales y en el derecho internacional humanitario”. Hoy, solo dos días después, el juez descubre que los delitos que investiga pueden vulnerar precisamente el artículo 2 de este convenio.

Conclusión 1. Parece evidente que hay un juego del gato y el ratón entre el juez y los partidos que apoyan la amnistía y cada maniobra política es respondida con una maniobra judicial. Y de la misma manera que hacer leyes a medida es censurable, lo es también ahormar una investigación judicial a las decisiones políticas.

Conclusión 2. Es seguro que Puigdemont es responsable de tropelías y delitos variados (al menos los mismos por los que fue condenado Oriol Junqueras), pero resulta exótico sostener que es un terrorista por mucha animadversión social que se haya acumulado por su disparatada trayectoria. La frontera entre hacer justicia y hacer política debe ser nítida y bidireccional.