Junts y ERC aseguran haber “seducido” al PSOE para superar sus “líneas rojas” en la amnistía
Los partidos independentistas catalanes reabren la negociación de la ley hasta su debate en el pleno del Congreso
Las principales dirigentes de Junts y ERC en el Congreso mostraron gestos y signos exultantes este martes al terminar la Comisión de Justicia que abordó el dictamen de la ley de amnistía como si hubiesen logrado un gran trofeo. No consiguieron todo lo que pretendían, en su texto alternativo de una “amnistía integral” para los condenados e investigados por el proceso independentista en Cataluña, pero las dos enmiendas pactadas in extremis con el PSOE las catalogaron como “un gran paso”. Y aún creen que “hay margen” para avanzar más hasta el pleno de la semana que viene. En Junts y ERC constatan que al PSOE se le puede “seducir”, como reclamaba el lunes su nueva portavoz en el partido, para asumir algunos de sus argumentos sobre la persecución judicial que han sufrido y para derribar sus “líneas rojas” en esta negociación, que esos partidos no reconocen.
Las negociadoras políticas de Junts y ERC en esta fase final de las enmiendas a la ley de amnistía —Miriam Nogueras por la formación de Carles Puigdemont, y Teresa Jordà y Pilar Valluguera por los republicanos catalanes— han escuchado en la última semana todo tipo de declaraciones públicas y manifestaciones de distintos miembros del Gobierno del PSOE señalando una serie de líneas rojas intocables sobre la amnistía. Sin embargo, fuentes parlamentarias al tanto de esas charlas aseguran que desde el Gobierno y el PSOE “jamás” se les cerró nunca nada y tampoco se les indicó ninguna línea roja. Y añaden: “Ahora seguimos hablando, aún hay margen”.
En las enmiendas vivas de esos partidos nacionalistas se aboga por ampliar hasta octubre de 2011 el margen de aplicación de la amnistía y también para delitos de corrupción como el caso Voloh, que instruye un juzgado de Barcelona sobre el supuesto desvío de fondos para financiar el referéndum ilegal del 1-O y que afecta a miembros del llamado “Estado Mayor del procés”, es decir a personas como Josep Lluís Alay, de la máxima confianza de Puigdemont, que ayudaron desde fuera del Govern a materializar aquella consulta.
Las enmiendas ya pactadas este martes se acabaron de perfilar con llamadas a tres bandas, entre el Gobierno del PSOE, ERC y Junts, en la tarde del lunes y casi hasta la medianoche. Los textos circularon primero, como en los últimos días, entre los asesores y expertos jurídicos para “asegurar al máximo” que los jueces no puedan interpretar casi nada sobre los límites y las exclusiones de la amnistía, que era el gran temor de los partidos independentistas. Fuentes de esas formaciones admiten que “el blindaje total no existe”, pero le quieren conceder el mínimo margen posible. Casi cuando eran las 24.00 horas del lunes, Jordá llamó desde Barcelona a Valluguera, que ya estaba en su hotel en Madrid, para confirmar el acuerdo. Junts, que lo tenía apalabrado un poco antes, fue la encargada de avanzar el consenso cinco minutos antes de que comenzara este martes a las 11.30 la sesión.
La ponencia de la ley se superó la semana pasada, con una serie de ocho enmiendas que el PSOE pactó con otros socios en ese primer filtro parlamentario, y luego el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el principal interlocutor, reafirmó: “Nosotros creemos que los delitos graves han de estar exceptuados de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley”. El titular de Transportes, Óscar Puente, fue más contundente aún: “El delito de terrorismo no puede estar presente como un delito amnistiable en la ley de amnistía. Esa es al menos nuestra voluntad. Es una línea roja”.
En ERC y Junts constatan que el PSOE actual, en esta coyuntura y en el inicio parlamentario de esta complicada legislatura, no tiene líneas rojas y lo razonan con argumentos muy similares. Los republicanos presumen de que con sus explicaciones han suavizado “los principios” inalterables que se fijaba el PSOE pero, sobre todo, conceden desde ambas formaciones, con la “persecución” que achacan a algunos miembros de la cúpula judicial y en particular al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón. También sostienen que ha sido de mucha ayuda para atraer hacia sus posiciones al PSOE el manual de 68 páginas Europa frente a la ley de amnistía. Guía para el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea), elaborado por un colectivo de juristas, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, y distribuido entre la carrera en el que se incita a los jueces que lleven casos relativos al procés a acudir a la justicia europea o al Tribunal Constitucional, una vez que la ley esté en vigor, para frenar su aplicación.
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