Imputados el número dos de Interior y el jefe de policía de Rajoy por presionar al abogado de Bárcenas

Nuevo varapalo judicial a la cúpula del Ministerio del Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado a declarar como investigados al que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y al comisario Eugenio Pino, exdirector Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, por su presunta implicación en las supuestas presiones ejercidas sobre uno de los primeros abogados de Luis Bárcenas en el caso Gürtel, Javier Gómez de Liaño, para evitar que el extesorero del PP difundiera más información sobre la corrupción del partido.

La citación de ambos como imputados, pedida por el propio Gómez de Liaño que ejerce la acusación en la causa y que ha contado con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, se produce después de que dos informes de la Policía Nacional incorporados a la causa detallasen la existencia de, al menos, nueve anotaciones en las agendas manuscritas del comisario jubilado José Manuel Villarejo que apuntan a que ambos conocían presuntamente estas maniobras. Las pesquisas por estas presiones, que forman la pieza 36 del macrosumario del caso Tándem en el que se investiga la trama parapolicial en torno a Villarejo, habían sido archivadas por el juez, pero la Audiencia Nacional le ordenó reabrirla en febrero del año pasado.

En su resolución judicial, García Castellón detalla que, hasta el momento, ningún testigo o investigado en la causa ha señalado en su declaración directamente a Martínez o a Pino por las supuestas presiones al abogado, pero añade que varias anotaciones de las agendas de Villarejo apuntan a que supuestamente estuvieron informados sobre ellas durante cerca de un año. En estas anotaciones, el comisario jubilado recogía sus gestiones para recopilar información sobre supuesto pago irregular de más de 5 millones de euros que Gómez de Liaño habría recibido del líder de la mafia rusa Zakhar Kalashov, del que también era abogado defensor. Todo ello, con el presunto objetivo de presionarle para que evitar que Bárcenas ―cuya defensa asumió en julio de 2013, casi medio año después de la publicación de los papeles de Bárcenas― siguiera tirando de la manta.

En el caso del ex número dos de Interior, el auto destaca que son ocho anotaciones fechadas entre el 7 de octubre de 2013 y el 21 de agosto del año siguiente en las que se hace referencia a supuestos encuentros de Villarejo con Chisco, el apodo con el que el comisario jubilado se refería a Francisco Martínez. En ellas, el policía detallaba que en dichas reuniones había tratado de “micro a G. Liaño. Operación Kalasov”, “Sergi dice que recibe dinero Liaño en Suiza” o “propone hacer gestiones para ver si Liaño viajó a Uruguay estos días”. En el caso de Pino, que en las agendas manuscritas de Villarejo aparece como Pin, hay una anotación del 24 de abril de 2014 con una sucesión de nombres e iniciales, entre ellos “LB” [Luis Bárcenas] y “Liaño”.

Por todo ello, el juez concluye que las comparecencias del antiguo número dos de Interior y del exjefe de la Policía son “útiles y pertinentes” y acuerda que lo hagan como investigados por el posible “contenido incriminatorio que presumiblemente podrían tener ambas declaraciones”. En este sentido, García Castellón recuerda que Martínez y Pino están procesados en otra pieza del mismo sumario, la del llamado caso Kitchen, en la que se investiga precisamente el espionaje ilegal a Bárcenas por parte de la supuesta trama parapolicial para arrebatarle documentos comprometedores para dirigentes del PP por el cobro de sobresueldos. Por esta trama se encuentran también procesados el exministro Jorge Fernández Díaz, hombre de confianza del expresidente Rajoy; el propio Villarejo y varios comisarios y agentes de la Policía Nacional.

De hecho, la pieza sobre el espionaje al extesorero y la referida a las supuestas presiones a Gómez de Liaño ―un antiguo juez expulsado en 1999 de la carrera por prevaricación en el caso Sogecable― están conectadas. Sin embargo, la Audiencia Nacional decidió crear una pieza específica sobre estas últimas ya que cuando se inició su investigación ―tras remitir un juzgado de Marbella varios archivos de audio hallados en el registro del domicilio de una persona vinculada a Kalashov―, la instrucción del caso Kitchen se encontraba prácticamente terminada.

En este último auto, el juez ha rechazado llamar a declarar al que fuera director general de la Policía en el periodo 2012-2016, Ignacio Cosidó, y al abogado del Estado en excedencia Alejandro Auset, a los que Gómez de Liaño también relacionaba con las supuestas presiones que sufrió. El magistrado considera que “ninguna de las declaraciones practicadas a lo largo de la instrucción y ninguno de los documentos aportados al procedimiento ha puesto de relieve algún tipo de conexión o relación” de ambos con las supuestas presiones al abogado de Bárcenas. Cosidó, que durante la instrucción del caso Kitchen no fue llamado a declarar ni como imputado ni como testigo, siempre que se ha escudado en que, entre las funciones de su cargo, no estaba dirigir las investigaciones policiales y que, por tanto, nunca conoció la existencia del operativo presuntamente urdido en Interior para espiar al extesorero de su partido.