El juez que investiga la muerte de dos militares en la base de Cerro Muriano se inhibe en favor de la jurisdicción castrense

El Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba, que investiga la muerte de un cabo y un soldado, el pasado 21 de diciembre, en el embalse de la base de Cerro Muriano mientras realizaban un ejercicio de paso de curso de agua, ha decidido inhibirse en favor del juez castrense. Después de que el Juzgado Togado Militar 21 de Sevilla le reclamara el caso, el juez civil preguntó su parecer a las partes. Las acusaciones que representan a las familias de los dos fallecidos pidieron que la investigación siguiera en manos de justicia ordinaria, pero el juez ha dado la razón a la Fiscalía, que defendía que la competencia sobre la causa corresponde a la jurisdicción militar.

El juez se basa en que los hechos ocurrieron en una instalación del Ejército de Tierra durante una actividad propia del servicio y podrían ser constitutivos de los delitos de imprudencia grave con resultado de muerte y maltrato a inferior, castigados en el Código Penal Militar. Contra la inhibición cabe recurso ante el propio juez y ante la Audiencia Provincial de Córdoba.

La acusación que representa al soldado Carlos León, el militar de 24 años que falleció ahogado junto con el cabo Miguel Ángel Jiménez, de 34, ha confirmado esta mañana que recurrirá la decisión en apelación. El letrado Luis Romero ha ampliado la denuncia por dos delitos de homicidio con dolo eventual contra el capitán que dirigió la maniobra a los mandos superiores (el teniente coronel, al coronel y al general de al Brigada Guzmán el Bueno) por ser conocedores de esos ejercicios y no haberse asegurado de que iban acompañados del plan de riesgo que debe seguirse en todas las prácticas militares.

Las acusaciones abogan por que sea la justicia ordinaria la que investigue y, en su caso, juzgue la causa, porque en el Código Penal Militar no está tipificado el homicidio con dolo eventual, como sí ocurre en el ordinario, y las penas por homicidio imprudente (el tipo penal que se aplicaría en este caso) son mucho más bajas, hasta 5 años y tres meses en la legislación castrense, frente a los 10 a 15 años que contempla el Código Penal común para el doloso.

“Durante esas maniobras se cometieron un cúmulo de negligencias que dieron lugar a las muertes, pero también a desvanecimientos y a soldados atendidos por hipotermia. Lo que allí se vivió fue un descontrol”, ha descrito Rosales en una comparecencia ante los medios de comunicación en Sevilla. El penalista apoya su versión en las declaraciones que 40 militares presentes en las maniobras, incluido el capitán, hicieron ante la Guardia Civil. Ninguno de ellos ha declarado todavía en sede judicial y, cuando lo haga el capitán, la intención de la acusación del soldado fallecido es pedir su prisión provisional como medida cautelar.

“Todo era un descontrol”

La acusación basa su denuncia en que en la maniobra conocida como “paso del curso del río” —para la que se despertó a los 60 militares que iban a realizarla a las cinco de la mañana y que se desarrolló a las nueve del pasado 21 de diciembre en un lago artificial de unos 200 metros cuadrados con una profundidad de hasta tres metros en el centro―, no se contaba con la denominada línea de vida —una cuerda con fijaciones en el suelo y arneses a los que poderse fijar en caso de peligro―, sino con una cuerda ”de las que se compran en el Decathlon”, según Rosales. El abogado cuenta que esta cuerda estaba amarrada a dos árboles por dos soldados que “declararon no tener conocimientos para colocarla” y solo servía para indicar la dirección del vadeo.

El abogado ha precisado que varios testigos coincidieron en asegurar que el capitán repitió a los soldados que estaban en el lago que no se sujetaran a la cuerda “salvo en caso de vida y muerte”, y que, en su lugar, “patearan agarrados a la mochila”, porque tenía que servirles de flotador. Sin embargo, las mochilas, que se suponía que eran estancas, se llenaron de agua. Muchas de ellas pesaban más de los ocho kilos reglamentarios, porque algunos soldados, incluido el fallecido, fueron forzados a cargar con un lastre de 3,5 kilos como castigo por haber realizado mal unas prácticas anteriores. “La mochila de Carlos León pesaba 12 kilos, según el informe de la Guardia Civil”, ha asegurado el letrado. “A esto hay que añadirle que estaba mojada, con lo que pesaría más, además del peso de las botas, el uniforme, el casco y el fusil”.

Las mochilas, con sobrepeso, se hundieron y los 15 soldados que estaban en el agua se agarraron a la cuerda. Cuando se empezó a constatar que los militares se estaban ahogando, el capitán, según el testimonio de Rosales, “ordenó desenganchar la cuerda con la esperanza de que hiciera efecto látigo y que los que se encontraban en el centro del lago fueran arrastrados a la orilla. Pero lo que pasó es que la cuerda se hundió”. “Todo era un descontrol. El capitán les decía a los sargentos: ‘¡que se os están ahogando!”, ha proseguido su relato el penalista, quien ha señalado que, gracias a que por allí también pasaron otros militares ajenos a las prácticas que se lanzaron a socorrer a los soldados, se pudo evitar una desgracia mayor.En el lugar no había socorristas, ni lanchas ni salvavidas, tampoco ambulancia ni equipo médico de ningún tipo.

Preguntado por las declaraciones del capitán ante la Guardia Civil, el letrado ha señalado que dijo “no entender por qué se le había apartado del mando, que había dirigido este tipo de maniobras otras veces y que estas situaciones eran como en la guerra”. Rosales ha señalado que el oficial también manifestó que sus superiores “estaban al tanto” de las prácticas. El abogado ha reconocido que entre el 40% y 50% de los testimonios recabados por la Guardia Civil no da importancia a la negligencia del capitán, pero que “conforme se bajaba la graduación sí era común ese reconocimiento”.

Posible delito de abuso de autoridad

Este lunes se supo que una veintena de los militares que participaron en el ejercicio, incluido el soldado Carlos León, de 24 años, uno de los dos fallecidos, portaban un lastre en su macuto. Desde unas dos semanas antes cargaban con el peso de una mina inerte, de unos 3,5 kilos de peso, a modo de castigo impuesto por el mando por la mala realización de un ejercicio anterior, según ha declarado a la Guardia Civil uno de los militares que participó en el ejercicio. Los castigos físicos están prohibidos en el Ejército, por lo que, al margen de que el sobrepeso pudiera coadyuvar o no a la muerte, podría tratarse de un delito de abuso de autoridad o maltrato a inferior.

El capitán jefe de la compañía, que se encontraba presente y no ordenó suspender el ejercicio pese a las condiciones de riesgo en que se desarrolló, fue apartado del mando 24 horas después por orden del jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador Enseñat. Sin embargo, debido en parte a las dudas sobre la jurisdicción competente, el juez todavía no le ha tomado declaración como imputado y, como consecuencia, no ha adoptado ninguna medida cautelar contra el mismo.

Entre otros extremos, la investigación debe aclarar si el ejercicio estaba correctamente diseñado y si el capitán cumplió o no las medidas de seguridad previstas. El coronel del regimiento, Manuel Navarro, se acababa de incorporar a la unidad.