La Abogacía del Estado se persona como acusación en el ‘caso Tsunami Democràtic’

La Abogacía del Estado se ha personado como acusación particular en el caso Tsunami Democràtic después de que la Audiencia Nacional le ofreciese esa posibilidad a finales de noviembre. El organismo, dependiente del Gobierno, ha dado el paso en nombre de la empresa pública Aena y del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), entidad adscrita al Ministerio de Economía, por los daños causados por el bloqueo del aeropuerto de El Prat (Barcelona) el 14 de octubre de 2019, durante las movilizaciones impulsadas por la plataforma independentista contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a cárcel a los líderes del procés.

En sendos escritos enviados al Juzgado Central de Instrucción 6, encabezado por el magistrado Manuel García-Castellón, la Abogacía del Estado considera a ambos organismo públicos como perjudicados. Por un lado, en nombre del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) se argumenta que esta entidad abonó a Aena una indemnización de casi 400.000 euros por los daños. Y, por otra parte, en representación de Aena se explica que ese importe no cubre todos los desperfectos ocasionados durante las protestas.

La repercusión de este movimiento de la Abogacía del Estado aún está por ver, así como las iniciativas que adopta en la causa. El caso Tsunami es un sumario de enorme sensibilidad y las partes miran con lupa todas las decisiones que se toman en este. También los partidos, debido a la transcendencia política de la investigación, en la que se ha citado como imputados al expresidente catalán Carles Puigdemont (Junts) y a Marta Rovira, secretaria general de ERC, ambos fugados de la justicia y posibles beneficiarios de la ley de amnistía. Junts y ERC han sido, además, dos piezas clave para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo tras las elecciones generales del pasado julio.

Las pesquisas sobre Tsunami Democràtic, abiertas en 2019 por delitos de terrorismo, se encuentran prácticamente en punto muerto. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debe resolver el recurso presentado por la Fiscalía contra el auto del 6 de noviembre de García-Castellón, con el que decidió citar como imputados a una docena de personas, entre ellas a Puigdemont y Rovira. El ministerio público, que descarta la existencia de terrorismo y solo aprecia delitos de desórdenes públicos, considera que no existen indicios “suficientes” para mantener la acusación contra ambos dirigentes políticos.

Por su parte, el Tribunal Supremo tiene pendiente resolver si asume la competencia de la causa, después de que el magistrado instructor diese un giro a su estrategia y, sin esperar a que la Sala resolviese los anteriores recursos, optó por enviar su investigación al alto tribunal. García-Castellón consideró que las pesquisas requerían practicar una serie de “diligencias” contra el expresident, pero que estas ya solo podía ejecutarlas el Supremo, pues Puigdemont (que es eurodiputado) y otro investigado (Ruben Wagensberg, diputado del Parlament) se encuentran aforados.

Mientras la Sala de lo Penal de la Audiencia y el Supremo se pronuncian, el juzgado de instrucción sigue recibiendo las pruebas solicitadas por el magistrado a finales de noviembre, cuando reimpulsó la investigación sobre el bloqueo de El Prat. García-Castellón investiga la relación de las movilizaciones con el fallecimiento de un turista francés en el aeropuerto por un infarto, pero trata de cuantificar igualmente los daños materiales producidos por la protesta y el perjuicio económico provocado a las compañías que operan allí. En esta línea, un informe de la Guardia Civil estimó que solo el bloqueo del aeropuerto ocasionó pérdidas de entre 1,79 y 2,19 millones de euros. “No solo se causaron daños en las personas, sino que, además, se ocasionaron importantes perjuicios económicos que la instrucción deberá concretar si resultan objetivamente imputables a los responsables de la organización”, advertía el juez en un escrito.