Sectores progresistas de la alta función pública denuncian presiones para difundir comunicados “políticos” contra la amnistía

La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Administradores civiles del Estado, la Asociación de Abogados del Estado, la Asociación de los Técnicos Comerciales y Economistas del Estado... Los prolegómenos de la investidura de Pedro Sánchez estuvieron agitados por un reguero de comunicados de organizaciones profesionales de la Administración pública contra la amnistía. Además de las asociaciones de jueces y de fiscales, varios de estos cuerpos de la alta función pública difundieron textos críticos con la futura ley, que entonces todavía no se había registrado en el Congreso. Pese a la apariencia abrumadoramente mayoritaria de pronunciamientos contra la norma, la realidad es que esos movimientos se hicieron en un ambiente de una enorme tensión y división interna, como denuncian sectores progresistas en los altos cuerpos de la función pública, que se quejan de sufrir presiones de los conservadores. En opinión de los progresistas, además, utilizar a estas asociaciones como “ariete político” tiene como consecuencia la “quiebra de manera irreparable el principio de neutralidad política” que debe regir a los funcionarios.

Nunca antes organizaciones de altos funcionarios de la Administración se habían pronunciado sobre medidas políticas, ni siquiera sobre las que les pudieron afectar directamente, como los recortes de 2012. Pero con la medida de gracia eso cambió. Así, por ejemplo, la Asociación del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado emitió el 12 de noviembre de 2023 ―la investidura de Sánchez se celebró el día 16― un pronunciamiento en el que mostraba su “preocupación” por los acuerdos del PSOE con los partidos independentistas y por las “múltiples amenazas” que “debilitan” las instituciones democráticas y los valores constitucionales, decía el texto recogido por EFE.

Sin embargo, fuentes de este cuerpo afirman que el texto se divulgó después de fuertes presiones de sectores conservadores. Estas fuentes lamentan que el proceso de consulta de la asociación para justificar el comunicado se elaboró sin garantías y consideran que, por tanto, no representaba a la mayoría. Un grupo de más de un centenar de integrantes de este cuerpo elaboró otro texto, con fecha del 14 de noviembre, que tuvo mucho menos eco que el contrario a la amnistía y en el que se quejan de el comunicado “no representa la opinión de un amplio número de Administradores Civiles del Estado” y reclaman que la asociación no se posicione bajo “intereses partidistas”.

“Nuestro compromiso es guardar y hacer guardar la Constitución”, recuerda el texto de los críticos. “Precisamente por ello, también debemos respetar la democracia, la voluntad popular expresada en las urnas y la legitimidad de los partidos políticos para negociar acuerdos, formar gobierno e impulsar políticas en el marco de la Constitución. Cualesquiera que sean nuestras opiniones políticas, como funcionarios/as públicos/as tenemos el deber de respetar escrupulosamente los principios y procesos constitucionales, el principio democrático y la supremacía del Parlamento en la arquitectura constitucional”, añaden estos altos funcionarios. “Las personas integrantes del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado no somos, ni podemos ser un ariete político que cuestione o apoye decisiones que encuentran su legitimidad en la voluntad expresada a través del voto y en la Constitución Española de 1978″, remachan.

Los altos funcionarios firmantes consideran que “al plantear, como hace el comunicado, un posicionamiento político y partidista, se quiebra de manera irreparable el principio de neutralidad política, que es uno de los principios esenciales que justifica la existencia de la Asociación y que debería presidir toda su actuación”.

Como ejemplo de las presiones políticas que recibieron estas organizaciones, fuentes de este grupo citan que el 10 de noviembre, solo unos días antes de que la asociación hiciera público el comunicado contrario de la ley de amnistía, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, anunció en la red social X (antes Twitter) su baja de la asociación, de la que formaba parte, precisamente por no haberse pronunciado todavía en contra de la norma. “Con gran dolor en mi corazón, y después de 17 años en los que he llegado a ocupar los cargos de Secretario General y Vicepresidente, he decidido dejar de formar parte de la Asociación del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. La ausencia de un comunicado similar al de otros Cuerpos Superiores, en el que se condene el atentado contra la Constitución, el Estado de Derecho y la Democracia, derivado del pacto entre PSOE y JUNTS, es completamente inadmisible en un Cuerpo que ha jurado guardar y hacer guardar la Constitución”, dijo el alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Apenas unos días después, la organización le hizo caso y salió a cuestionar la ley de amnistía.

Enorme tensión

Una situación de enorme tensión se vivió también en el seno de la Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, según fuentes de este cuerpo. Después de las fuertes presiones para que la organización se manifestara y de las reticencias de la junta directiva a hacerlo, finalmente lo hizo tras una votación que salió adelante por 303 votos a favor (72,66%) y 114 votos en contra (27,34%). Fue la última asociación en pronunciarse públicamente, casi al límite, y su comunicado se publicó el jueves 16 por la mañana, el día de la investidura. Fuentes de esta organización también se quejan de que la amnistía nada tiene que ver con las funciones de este cuerpo de funcionarios y de que pronunciarse políticamente quiebra su deber de neutralidad.

Estos comunicados han provocado un hondo malestar en los sectores progresistas de la alta función pública, que subrayan que la Administración es ideológicamente plural y, sobre todo, debe guardar imparcialidad. En este sentido, la Academia Española de la Administración Pública, una asociación en la que hay representados de la mayoría de Cuerpos superiores del Estado, presidida por el funcionario y exsenador socialista Francisco Ramos Fernández-Torrecilla, ha difundido también un comunicado en el que advierte a sus colegas de que este tipo de declaraciones “no solo exceden el ámbito estrictamente profesional de estas asociaciones, sino que sientan un peligroso precedente en la Función Pública, pues ponen en cuestión, por razones puramente políticas, la plena aplicación de los principios de imparcialidad, objetividad y neutralidad a los que deben someterse todos los empleados públicos, sin excepción, según establece nuestra Constitución”.

“El Estado de Derecho español dispone de las instituciones y las herramientas adecuadas para garantizar el pleno respeto a la Constitución y a la legalidad vigente. Cualquier declaración o escenificación previa podrá perseguir otros fines, pero desde luego no el de garantizar la vigencia e integridad de un Orden Constitucional que, en este momento, no está amenazado ni puesto en entredicho”, concluye la Academia Española de la Administración Pública.