La Constitución cumple 45 años con todos los puentes rotos para su reforma entre PSOE y PP

Este miércoles será un día de relativa festividad en el Congreso de los Diputados en el 45 aniversario de la Constitución de 1978. Habrá una actuación musical; se leerán seis artículos significativos del texto y la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, pronunciará un discurso institucional sobre los retos de la complicada legislatura que comienza. Sin embargo, se albergan pocas esperanzas de que durante la misma se puedan llevar a cabo reformas de calado o incluso meros retoques en la Ley Fundamental ante la magnitud del enfrentamiento entre el PSOE y el PP, ahora por la ley de amnistía. Los líderes de esas dos formaciones, las mayoritarias en el Congreso, sí se han comprometido a cambiar en el plazo más breve posible el término “disminuidos” por “personas con discapacidad” en el artículo 49 de la Constitución, pero esa promesa ya la hicieron sin éxito en la anterior legislatura. El presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, les ha lanzado un ultimátum: “No nos utilicen, o lo hacen ya por dignidad, o déjennos en paz”.

En los últimos aniversarios de la Constitución de 1978 se repiten los debates y coloquios sobre el grado de envejecimiento de esa Ley Fundamental y sobre la necesidad de su puesta a punto, tras 45 años en vigor. Los partidos, entonces, enumeran algunas de las posibles lagunas, carencias o fallos constatados en estos lustros, pero luego no se ponen de acuerdo para la más mínima actualización. Este diagnóstico se evidenció el martes, durante la charla coloquio que protagonizó en una sala Constitucional repleta del Congreso uno de los dos ponentes que quedan vivos de la Ley Fundamental, el catalán Miquel Roca, no precisamente “entusiasmado” con encarar ahora, en este clima de crispación diaria y disputa permanente, la apertura de ese debate para cambiar un texto que en su día acaparó el consenso casi del 88% de los ciudadanos que lo refrendaron en un referéndum por primera vez en la historia.

PSOE y PP, que suman 258 diputados de los 350 de la Cámara baja, solo están de acuerdo en teoría en modificar la literalidad del artículo 49 de la Constitución que mandata a los poderes públicos a hacer “una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la ONCE llevan años reclamando sustituir ese término de disminuidos por el de “personas discapacitadas”. Con mucho acuerdo en declaraciones públicas, pero sin éxito real. En la anterior legislatura, PP y PSOE hasta parecieron pactar una enmienda para corregir esa situación, pero las campañas y las elecciones volvieron a frustrar ese acuerdo.

El presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, se ha reunido en numerosas ocasiones tanto con los líderes de esos partidos y sus ministros y colaboradores, ha recogido buenas palabras e intenciones, pero está a punto de ver agotada su paciencia. La semana pasada estuvo con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y también con el nuevo ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, con el que se verá de nuevo este miércoles. Ambos le ratificaron su promesa de que el asunto será resuelto “en breve”. Carballeda, en declaraciones a EL PAÍS, se muestra convencido de que ahora se logrará “por dignidad”, pero también advierte de que esa demanda no debe aprovecharse para justificar o introducir otras cosas: “Si no es así, que se metan la Constitución donde les quepa y que nos dejen en paz”.

El presidente de la comisión Constitucional del Congreso, el socialista José Zaragoza, el lunes en la constitución de esa sesión, mencionó de pasada algunos retos políticos pendientes, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial prorrogado hace cinco años y bloqueado por el PP. No citó a ese partido, pero la portavoz popular en la comisión, Cayetana Álvarez de Toledo, le reprochó esa alusión por poco institucional.

José Zaragoza reafirma, en declaraciones a EL PAÍS, que el PSOE ha planteado algunas reformas para el acuerdo, pero apunta como culpable del fracaso de no haberlas llevado a cabo al PP, por haber “estado prisioneros de Vox”. Ahora Zaragoza defiende: “Es muy importante abordar de inmediato la reforma del artículo 49 de la Constitución para recuperar el respeto para las personas con discapacidad y le pido al PP que deje de bloquearla con excusas. Porque reformar este artículo permitirá blindar los derechos de las personas con discapacidad y darles dignidad y seguridad. Todas las cosas que se planteen van en la línea de hacer una España mejor y más justa, y para ello es imprescindible eliminar cualquier discriminación”.

El PP está a favor de ese cambio puntual, pero no se fía del PSOE en nada y ve trampas o engaños detrás de cualquier propuesta, como recalcan cada día con la ya registrada ley de amnistía que acapara toda la atención en este arranque de la legislatura. La nueva portavoz del PP en la comisión Constitucional, Cayetana Álvarez de Toledo, lo ratifica en manifestaciones a EL PAÍS: “La reforma de la Constitución es fake news, una noticia falsa que desvía la atención de lo verdadero y de lo importante. Lo verdadero es que ninguna de las modificaciones que suelen invocarse para justificar la reforma de la Constitución responden a una demanda ciudadana ni a una necesidad urgente. Y que la más importante de ellas —la sustitución del modelo autonómico por otro de carácter plurinacional, confederal u, ojo, centralista— no entra en ningún escenario realista ni concita el imprescindible consenso”.

Cayetana Álvarez de Toledo, además, constata que cualquier aportación al texto constitucional no recabaría el apoyo del casi 90% que concitó el texto vigente: “Si encerrásemos en una sala a los portavoces de todo el arco parlamentario —de extremo a extremo— con la misión inexcusable de pactar una alternativa, el texto resultante sería, en lo fundamental, idéntico al de 1978: el modelo autonómico sigue representando el centro español”. Para la portavoz popular es evidente “que la Constitución no es el problema ni su reforma, la solución” porque, en su opinión, el problema real ha sido “la deslealtad al pacto constitucional, primero del separatismo y ahora del PSOE”. Y concluye: “El desafío de esta legislatura no es la reforma de la Constitución, sino su defensa. Y ya no frente al separatismo. Ahora, frente al propio Gobierno, cuyo proyecto liquida el orden constitucional: porque deslegitima el Estado de derecho con la ley de amnistía, ya que pretende impedir la alternancia política con la estrategia del muro y porque avanza hacia una mutación anticonstitucional: de una España de ciudadanos libres e iguales a otra de muñones identitarios enfrentados”.