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El Gobierno busca salir del desgaste de la amnistía con medidas progresistas mientras el PP se enroca

El presidente Sánchez y la vicepresidenta Díaz defienden la agenda del Gobierno mientras Aznar aumenta la presión

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, durante la firma de su acuerdo de Gobierno en noviembre.
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, durante la firma de su acuerdo de Gobierno en noviembre.Samuel Sánchez

La agenda política española cada vez está más clara en estos primeros compases de la legislatura, cuando aún se está terminando de formar el Gobierno, que este martes en el Consejo de Ministros aún seguirá con algunos nombramientos de segundos niveles. La coalición del PSOE y Sumar está ansiosa por cambiar ya el tercio para salir del monotema de la amnistía, que tiene un evidente desgaste para el Gobierno, como se puede comprobar en la encuesta de 40dB para EL PAÍS y la Cadena SER publicada este lunes, y empezar a hablar de su agenda progresista.

Los ministerios ya discuten internamente medidas de calado para sacarlas cuanto antes, si es posible este mismo mes de diciembre, y este martes el Gobierno dará el primer paso al recuperar la ley de paridad que quedó en el aire con el adelanto electoral. Esta norma obligará no solo al Ejecutivo a ser paritario, con un mínimo de 40% de cualquiera de los dos sexos —algo que ya sucede porque Pedro Sánchez así lo ha decidido aunque no es obligatorio—, sino también a que lo sean los consejos de administración de las grandes empresas españolas, un asunto más delicado.

Sánchez anunció esta reforma e insistió en que mientras el PP solo quiere hablar de la amnistía, el Gobierno tiene toda una agenda progresista por desarrollar, con la subida de las pensiones o del salario mínimo como grandes hitos. En una entrevista en la Cadena SER, Sánchez insistió en que la amnistía es un coste que vale la pena pagar porque la alternativa era un Gobierno del PP y Vox. Mientras, la vicepresidenta Yolanda Díaz, líder de Sumar, también ofreció una entrevista en La Sexta para hablar de sus iniciativas de gestión, no solo de la subida del salario mínimo para 2024 —dijo que el 3,8% de inflación es un mínimo del que hay que partir—, sino también de la mejora del subsidio de desempleo, en la que tiene una disputa con Nadia Calviño, vicepresidenta económica. Sánchez pareció colocarse más cerca de Díaz en este asunto.

En cualquier caso, el Gobierno busca cuanto antes volver a la discusión económica, incluso con debates internos dentro de la coalición como este, para hablar de gestión y salir de la amnistía y los pactos con los independentistas catalanes con un verificador internacional como único asunto de la agenda política, precisamente el más incómodo para el Ejecutivo y el que monopoliza la oposición.

Mientras el PSOE y Sumar tratan de centrar el debate en la gestión, que es lo que más réditos les ha dado y precisamente lo que, según su visión, justifica ante sus votantes la amnistía como un coste necesario para poder hacer políticas progresistas, el PP se enroca en las posiciones más duras y trata de explotar al máximo ese desgaste del Gobierno que detectan las encuestas por la amnistía.

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Este lunes fue un día intenso políticamente, y no solo hubo entrevistas de Sánchez y Díaz en el mismo día, algo ya muy inusual, sino también del ex presidente José María Aznar, que después de un tiempo en segundo plano ha vuelto a una gran exposición mediática que en ocasiones opaca incluso al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Aznar marcó la línea a seguir en el mundo conservador hace tres semanas cuando planteó que Sánchez es “un peligro para la democracia” e hizo un llamamiento a todos los sectores que rechazan la amnistía, no solo políticos sino también judiciales o de cualquier ámbito de poder: “el que pueda hacer, que haga”. Este lunes Aznar fue aún más lejos: “es insoportable la vergüenza a la que se está sometiendo a los españoles. No se puede arrastrar más a un país por el fango”. Este tipo de declaraciones llevaron a Yolanda Díaz a lanzarse directamente contra el ex presidente y pedir al líder del PP que se aleje de él. “El problema es que Feijóo es el líder del PP y está secuestrado por Vox y por Aznar, que está en las tesis destructivas de nuestro país”, planteó la vicepresidenta.

Casi todos los ex presidentes están teniendo mucho protagonismo en las últimas semanas, y mientras José Luis Rodríguez Zapatero es un puntal del PSOE en la estrategia de explicación de la amnistía, los otros tres la rechazan. Sánchez usó a Aznar, que daba su entrevista de forma simultánea en Antena 3, como un ejemplo de lo que él entiende como hipocresía del PP. Los populares critican que el PSOE se haya reunido en Suiza con Junts con un verificador internacional para tratar el conflicto político en Cataluña. Pero Aznar, según recordó Sánchez en la SER, negoció con ETA en Suiza en un momento muy complicado, en 1999, cuando la banda estaba en plena actividad asesina. Sánchez insistió en que la amnistía responde a un “objetivo noble”, porque sirve para tener un Gobierno progresista y también porque busca resolver definitivamente el conflicto en Cataluña.

Sánchez fue más lejos que nunca en la crítica al PP por su bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, del que este lunes se cumplían cinco años, y lo vinculó con el polémico concepto de lawfare (guerra o acoso judicial contra un colectivo) que el PSOE ha asumido en el pacto con Junts. “Se habla mucho estos días de lawfare, que tiene una acepción que es la politización de la justicia. No hay caso más paradigmático que este secuestro en el que tiene sumido el PP al Poder Judicial”, afirmó. “¿Entonces hay lawfare?”, le preguntó la periodista Àngels Barceló. “Bueno, desde luego este es un caso paradigmático de politización de la justicia”, respondió el presidente.

La polémica se complicó después porque el PP insistió en que si no hay reforma del sistema de elección del CGPJ no habrá renovación, aunque luego desde este partido matizaron que ambas cosas se harían de manera simultánea, mientras en Bruselas, en una rueda de prensa conjunta, tanto Félix Bolaños como el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, insistían en que no se sostiene más el bloqueo. Reynders fue más claro que nunca: primero renovación, y después reforma de la norma. Era lo pactado en el último intento de renovación, el año pasado: PSOE y PP habían redactado incluso una proposición de ley conjunta que iban a presentar al Congreso en la que daban un mandato al nuevo CGPJ para que propusiera al Congreso fórmulas para que los jueces tuvieran un mayor peso en la renovación. Pero en el último momento, con todo esto cerrado, el PP se echó para atrás y desde entonces la negociación no se ha movido. El bloqueo sigue, y los decibelios de la política española no bajan, pero el Gobierno ya inicia a pleno su actividad y confía en cambiar radicalmente la agenda con políticas progresistas que generarán debates completamente diferentes al de la amnistía.

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