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La Audiencia Nacional revoca por segunda vez la semilibertad del exjefe etarra Fiti

El juez de Vigilancia Penitenciaria concluye que el terrorista, de 77 años, aún debe avanzar en el “reconocimiento” del daño causado a las víctimas de sus delitos

Fiti ETA
Joseba Arregi Erostarbe, 'Fiti', durante un juicio que se siguió contra él en la Audiencia Nacional, en octubre de 2005.Bernardo Rodriguez (EFE)

La Audiencia Nacional ha anulado por segunda vez la concesión del tercer grado penitenciario (también conocido como régimen de semilibertad) a Joseba Arregi Erostarbe, alias Fittipaldi o Fiti, un exdirigente de ETA que cumple actualmente condena en la prisión donostiarra de Martutene. El juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, ha revocado la decisión del Gobierno vasco de otorgar la progresión al etarra por razones de edad, ya que el magistrado concluye que aún debe avanzar en su “reconocimiento” del daño causado a las víctimas del terrorismo.

Esta resolución del juez, fechada el pasado 27 de noviembre, llega después de que la Fiscalía presentase un recurso contra la decisión del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, que acordó en abril progresar a tercer grado al terrorista “por razones de humanidad y dignidad personal, por razón de edad en personas que presentan un escaso grado de peligrosidad social”. Fiti tiene 77 años, permanece encerrado en centros penitenciarios españoles desde noviembre de 2000 —antes, desde su arresto en 1992 en la localidad francesa de Bidart, en cárceles galas— y ha cumplido ya tres cuartas partes de su condena, que completará en 2026.

Sin embargo, la Audiencia subraya que los informes médicos no revelan “un deterioro de la salud del interno por su edad”. Y, aunque el juez admite que “existe una importante evolución del interno en cuanto a asunción delictiva”, añade que aún le queda camino por recorrer. “Se hace necesario que clarifique su posicionamiento personal ante las concretas víctimas de sus delitos”, apunta, por ejemplo, el magistrado al referirse al terrorista, condenado a más de 2.000 años de cárcel por su implicación en varios atentados. La resolución destaca que sus acciones provocaron 16 muertos y 88 heridos.

El juez Castro especifica que Joseba Arregi, que insiste en repudiar la actividad delictiva y defiende el abandono del uso de la violencia, se niega a ir más allá y hacer una petición expresa de perdón a sus víctimas. Así se excusa el terrorista en un escrito remitido a la Audiencia Nacional: “Siento claramente que yo no hubiera sido el causante de su dolor, pero lo soy y nada puedo hacer para reparar las consecuencias de algunos de mis actos. Nombrar a todos ellos en un escrito me parece frío, distante, acaso revictimizante y no quiero dejar de lado a ninguno”.

Igualmente, el juzgado preguntó a Fiti (quien estaba en la dirección de ETA que decidió el atentado de Hipercor, que causó 21 muertos en 1987) si estaría dispuesto a colaborar para impedir las actuaciones de la banda y para esclarecer los crímenes de ETA sin resolver, a lo que respondió: “No tengo problema alguno en acudir a los llamamientos judiciales que se me hicieran. Pero, sinceramente, creo que esta pregunta está fuera de sitio en el año 2023. Nadie discute que ETA se disolvió y que las personas de mi generación que pertenecimos a la misma no tenemos intención de resucitarla. No creo, sinceramente, que haya hoy en día posibilidad alguna de un rebrote de actividades de ese tipo. Por lo demás, llevo desligado (orgánicamente, si se quiere) de dicha organización desde mi ingreso en prisión, hará ya más de 32 años. Las personas con las que coincidí en aquellos tiempos están todas presas, o han finalizado condena de 30 años de prisión, o simplemente han fallecido. No creo que haya nada que yo pueda contar de interés, pues los hechos en los que participé están acabados”.

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El Gobierno de Iñigo Urkullu, que asumió en octubre de 2021 la gestión de las cárceles situadas en el País Vasco, ya concedió el tercer grado a Fiti en 2022. Entonces, el juez de Vigilancia Penitenciaria también revocó esa decisión.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.
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