La última voluntad del juez fusilado: “Que la justicia sea estricta, pero sin odios ni venganzas”

Doce días antes de ser fusilado en mayo de 1939, Francisco Javier Elola, juez, diputado y primer fiscal general de la II República, escribe desde la prisión militar de Barcelona a su amigo Felipe Sánchez-Román, catedrático de Derecho. “Todo lo temido está a punto de consumarse. Al cabo de tres meses eternos de horrible cautiverio, caerán mis despojos en la tierra como simiente y el alma irá a regiones de libertad. Recojan ustedes la cosecha y respiren el nuevo ambiente, que presiento será muy pronto. Y ahora una súplica de última voluntad: cuando sea posible, en favor de mis hijos queridos, haz lo que sea necesario para ponerlos en camino de un honroso porvenir (...) los tres se hallan dominados por el deber de limpiar mi nombre, que es el suyo, y habrán de instar lo necesario para que se revise mi proceso. Présteles su auxilio y magisterio precisos. Será algo trascendental, no por la modestia de mi persona, sino por lo que tiene de símbolo. Y que la justicia sea estricta, pero sin odios, sin venganzas, recta y firme. Existen elementos suficientes para conseguirlo plenamente. (...) Presiento que los destinos de España irán muy pronto a las manos de usted. Y cuando suene la hora, sonará la de la justicia y la de la libertad por las que muero”. Elola no imaginaba cuánto iba a retrasarse ese momento: casi cuatro décadas de dictadura y otros tantos años de democracia.

Sánchez-Román fue depurado y tuvo que exiliarse en México. Poco antes de morir, viéndose incapaz de cumplir el último deseo de su amigo, traslada el encargo al exministro socialista Indalecio Prieto, quien escribe un artículo explicando la misión que le había sido encomendada y se pregunta: “¿Cuántos después de mí habrán de conservar la misiva del fusilado? Porque en el horizonte no asoman todavía luces de justicia, que si no de vidas, devuelvan honras”. Al intuir que su salud tampoco le iba a permitir ejecutarla, la carta es reenviada a la hija de Sánchez-Román y posteriormente, a Javier, uno de los hijos de Elola. Este se dirige años después al Consejo General del Poder Judicial para solicitar que se repare a su padre y a otros juristas asesinados por el régimen. El órgano de gobierno de los jueces le da calabazas por escrito en 1985. El juicio contra Elola quedó anulado en octubre de 2022, al entrar en vigor la ley de memoria democrática. La restauración de su honor ocurrió este miércoles, 84 años después del consejo de guerra, al presentar la Fiscalía General del Estado, en su sede, el libro En memoria de Francisco Javier Elola.

Su nieto, llamado como él, explica entre lágrimas, muy emocionado: “Muchas veces me he preguntado por qué conciudadanos nuestros consideran que actos como este son ‘de parte’. Es la restitución del patrimonio moral, intelectual y social que le fue arrebatado a España por el Régimen. Es un acto patriótico que nos une”.

Durante dos horas, nietos, bisnietos y tataranietos del jurista fusilado escuchan a un magistrado del Tribunal Constitucional, Ramón Sáez; a otro de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada; al fiscal delegado de Medioambiente en Madrid, César Estirado; a la fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y a María Torres, investigadora memorialista, describir la fascinante vida y obra de Javier Elola. Aprobó la oposición a la carrera judicial y fiscal, entonces unitaria, en 1905. Torres recuerda algunas de sus “transgresoras sentencias”, como las que se oponían a desahucios o la que en 1932 condenó a un hombre casado a pagarle una pensión mensual a la chica de 16 años a la que había seducido y engañado. Al comienzo de la dictadura de Primo de Rivera, Elola fue designado vocal de la Junta Organizadora del Poder Judicial, una colaboración que abandona poco después. “Se plantea que tiene que colaborar para que la justicia sea lo mejor posible en esas circunstancias”, explica De Prada. Impulsa y preside la primera asociación judicial, “una caja de resistencia para ayudar a los jueces sancionados”. También participará en la junta de organización de tribunales, precedente del actual Consejo General del Poder Judicial, y en el diseño de una institución similar al futuro Tribunal Constitucional.

En mayo de 1931 es nombrado Fiscal General de la República y en julio de ese año, magistrado del Tribunal Supremo, cargo que compatibilizará con el de diputado en las Cortes Constituyentes. Tras el golpe de Estado de Franco en julio de 1936, le nombran juez especial para instruir la causa por rebelión en Madrid, donde el principal procesado es el general Fanjul. Elola se aparta porque no comparte el carácter sumarísimo de ese procedimiento. No obstante, le encargan revisar el “expediente general sobre el movimiento de rebelión militar” en todo el territorio nacional. Franco, Mola y Queipo de Llano, que se encuentran en zonas donde ha triunfado el golpe, son procesados en rebeldía.

La victoria franquista le pilla en Barcelona. La mayor parte del Gobierno y de sus compañeros han huido ya a Francia. Él decide quedarse. Confía en su conciencia y en el Derecho en el que nunca ha dejado de formarse. Es detenido y sometido a un consejo de guerra. Felipe Uribarri Mateos, magistrado del Supremo, testifica a su favor y recuerda que salvó, entre otros, la vida del doctor Gómez Ulla, procesado por intentar pasarse al bando nacional, según recoge el libro. En marzo de 1939 es condenado a pena de muerte por adhesión a la rebelión. En abril, el Alto Tribunal de Justicia Militar, con sede en Valladolid, ratifica la sentencia y añade: “Actuó como juez especial contra los verdaderos españoles que se sumaron al legítimo Movimiento Militar”. “Palabrería”, subraya Estirado, “absolutamente ajena al Derecho”. La sala, recuerda Sáez, estaba integrada “por magistrados de carrera que debían conocer bien a Elola”. Entre ellos figuraba Luciano Conde-Pumpido, tío abuelo del actual presidente del Tribunal Constitucional. El reo lo sabe. “Me abandonaron quienes más obligaciones tenían de protegerme”, lamenta en su carta a Sánchez-Román.

La sentencia, explican en el libro el catedrático de Historia Lourenzo Fernández Prieto y el historiador Antonio Míguez Macho, ambos de la Universidad de Santiago de Compostela, “no es una simple vendetta, una manifestación más de los efectos de la guerra y la violencia generalizada. El procesamiento y asesinato del juez era parte de la gestión de la memoria y la historia que hacen los verdugos: negar el pasado, manejar el relato y borrar sus culpas. Lo que Elola representaba no tenía cabida en el régimen de los verdugos. En el Nuevo Estado de no derecho”. Ese año, 1939, el fiscal jefe del Ejército de Ocupación, el general Felipe Acedo Colunga, había publicado una guía de la justicia franquista, inspirada en la Inquisición, que consideraba “un tribunal calumniado”, y que retorcía el Derecho para juzgar a los leales al Gobierno democrático como rebeldes y practicar una justicia de exterminio, condenando a miles de personas no por lo que habían hecho, sino por lo que pensaban: “No son ideas, sino crímenes”, sostenía.

Problemas heredados

El magistrado del Constitucional Ramón Sáez abre su capítulo en el libro con una hermosa frase del jurista fusilado: “La toga del juez puede arropar también una generosa emoción ciudadana”. Y afirma: “La importancia del personaje y la ignominia de su asesinato hace más insoportable aún el olvido que lo envuelve”. De Prada destaca su rabiosa independencia y fidelidad al Derecho en un contexto extremo, donde las presiones llegaban por todas partes. También la vigencia de sus escritos y discursos: “Es evidente la modernidad de su pensamiento en materia de poder judicial y del enfoque que da a los problemas en torno a él, que coinciden, en sus aspectos esenciales, con los que tienen muchos jueces en la actualidad”.

Elola opinaba que los jueces estaban demasiados alejados de la gente a la que servían, de la realidad. Dice en 1931: “Son eminentemente conservadores, por no decir retrógrados (...) La Magistratura está acostumbrada a establecer principios con fórmulas cabalísticas, y algunas veces arbitrarias, desnaturalizando el sentido de las Constituciones y el sentido de la democracia, y por eso, al atribuirse ese poder a los jueces, lo que se hace no sólo es invadir las funciones del Parlamento, y por ende contrariar el principio democrático de donde aquél emana, sino imposibilitar la vida continua y normal del Derecho”. Y declaró 92 años después la fiscal Delgado, en el homenaje al jurista fusilado: “Hoy hablamos de justicia, de independencia, de autonomía, pero los totalitarios de entonces siguen siéndolo ahora. Sus ataques virulentos, mediáticos, fanáticos se legitiman con el manto negro de la función, con pretensiones de imponerse al soberano poder de la ciudadanía que se representa por el servicio público. Tenemos un sistema que permite, de escalafón en escalafón, que se sucedan algunos patrones de conducta. Algo tendremos que hacer”.