Ratas, larvas y canibalismo entre cerdos en una granja con sello de bienestar animal que vende a supermercados

La investigación de la ONG española Observatorio de Bienestar Animal (OBA) revela las condiciones de insalubridad de una granja porcina situada en Quintanilla del Coco (Burgos, 50 habitantes), con capacidad para unos 5.000 cerdos y que han denominado La granja del terror. La investigación se puede ver en un crudo vídeo compartido con EL PAÍS, donde se muestran cerdos gravemente heridos, comida contaminada por heces y ratas e incluso “comportamientos frecuentes de canibalismo”, según la denuncia interpuesta por OBA en el juzgado de primera instancia e instrucción único de Lerma (Burgos), por delitos de maltrato animal con agravante de muerte y por estafa. La explotación, propiedad del alcalde del municipio, Domingo del Pozo Martínez (PP), fue certificada en octubre de 2019 con dos sellos de bienestar animal emitidos por AENOR, una empresa española de alcance mundial, e IRTA, una entidad de la Generalitat de Cataluña. Los cerdos eran sacrificados en dos mataderos, uno en Zaragoza y otro en Burgos. En el primero, se producen alimentos empaquetados que se venden en varios supermercados en España.

Alrededor de la granja, EL PAÍS ha comprobado que los cráneos brillan como piedras blancas. Mandíbulas, pezuñas, cabezas de cerdo, vértebras y más huesos están regados en un bosque detrás del predio. El hedor que se entremezcla con los chillidos de los animales, audibles tras las verjas, fue lo que llamó la atención de un vecino que decidió averiguar qué había detrás. El hombre, de 35 años, narra a este diario cómo se infiltró varias noches en la explotación, entre mayo y octubre de 2023. Utilizó un periódico de cada día y un localizador GPS al inicio de cada secuencia grabada, para certificar el tiempo y el lugar de las filmaciones. ”Lo que vi allí es lo más horroroso que he visto en mi vida”, precisa por teléfono, antes de detallar lo que confirman los vídeos: “Cerdos ciegos o con hernias de más de 7 kilos, otros que no se podían mover y tenían que arrastrarse para comer. Tampoco tenían asistencia veterinaria, algunos murieron de inanición, porque es más fácil dejarlos morir de hambre que sacrificarlos de urgencia”, relata.

Los cadáveres eran subidos después a la pala de un tractor por el propietario, que los arrojaba en el bosque junto a la granja, donde “se descomponían por semanas o meses, hasta que los devoraban los buitres”, describe el infiltrado desde una línea con número oculto.

La granja ha tenido durante más de cuatro años la certificación Welfair de bienestar animal expedida por las empresas AENOR, una entidad privada española con presencia en 90 países, e IRTA, una agencia pública catalana. Este periódico preguntó el lunes por la certificación a ambas empresas. Un día después, tras una inspección de urgencia conjunta, ambas acordaron suspender el sello de bienestar animal y retirar a la granja del sistema Welfair, según detalla IRTA en un comunicado. “Ha sido una medida extraordinaria”, explica Marta Santos, de AENOR, quien resalta que, desde 2018, han anulado la certificación de bienestar animal a más de un centenar de empresas “que representan menos del 1% del total de empresas certificadas”.

El dueño de la explotación es Domingo del Pozo Martínez, alcalde del municipio Quintanilla del Coco. EL PAÍS lo entrevistó este martes y dijo que “los permisos están en orden, los del veterinario y los de la cadena de alimentación, así como de bienestar animal”. Una versión similar maneja la consejería de Agricultura de Castilla y León, gestionada por Vox, que ha afirmado este miércoles, tras recibir los vídeos de la denuncia, que ha inspeccionado la granja y ha concluido que “todo está en regla”, a pesar de que la noche anterior las certificadoras habían retirado el sello por las anomalías identificadas.

AENOR ha auditado seis veces la granja desde su primera certificación en 2019. El ultimó registro está fechado del 24 de agosto de 2023, según un documento al que ha tenido acceso este periódico. Sin embargo, una semana más tarde, las imágenes grabadas por la persona infiltrada muestran un lechón agonizante en el suelo de un corral y a unos metros un cadáver de otro lechón con las vísceras por fuera.

Julia Elizalde, mánager de proyectos de OBA, ha insistido en que no basta con arrancar las manzanas podridas. “Solicitamos medidas de carácter más estructural, que el sello (AENOR e IRTA) deje de certificar granjas inherentemente crueles”, ha precisado. La ONG ha incluido en la denuncia un delito de estafa, debido a que “los consumidores confían en ese sello de bienestar animal para tomar la decisión de la compra, quienes en absoluto conocen la realidad de los productos que adquieren”, puntualiza la querella.

Fuentes de las empresas certificadoras comentan que, entre los hallazgos de la visita sorpresa, han identificado más animales de los que debería haber en las naves, lo que podría suponer una dificultad para acceder al agua y a los alimentos. También les llamó la atención la edad avanzada de los cuidadores, “todos mayores de 65 años”, lo que hace dudar a los investigadores de la idoneidad para cuidar de los 2.200 cerdos que actualmente crecen en la granja. IRTA ha puntualizado que reevaluarán la metodología de inspección en las granjas, lo que podría cambiar, por ejemplo, que las visitas se hagan sin previo aviso a la explotación, contrario a como se han realizado hasta la fecha.

La persona que se infiltró, y que ha colaborado con OBA, ha seguido el camión de cerdos que salía de la llamada granja del terror hasta un matadero de Zaragoza, donde se matan los animales y se elaboran alimentos procesados que se venden en grandes supermercados.

Esta es la cuarta investigación del Observatorio de Bienestar Animal en contra de proveedores de una cadena alemana de supermercados. Las dos denuncias interpuestas en España han sido aceptadas a trámite y actualmente se encuentran en fase instrucción. Uno de los procedimientos en Alemania se ha archivado temporalmente debido a no poder verificar la fuente de obtención de las imágenes, aunque sí se identificó “la explotación y el otro está en curso”.

La ONG ha adelantado que está evaluando una segunda denuncia por un delito contra el medio ambiente, por el vertedero de cadáveres alrededor de la explotación. La empresa encargada del traslado de los cerdos, también figura como demandada, ya que los vídeos muestran a trabajadores golpeando “continuamente” a los cerdos con una herramienta “que se asemeja a un martillo”, antes de subirlos al camión, según el informe veterinario contratado por el OBA.