La gran diferencia que separa a España de Hungría y Polonia, pese a las críticas del PP a la ley de amnistía en Europa

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, está en guerra con “Bruselas”. Basta con mirar los primeros mensajes de su cuenta de X, antes Twitter, para comprobarlo. Dispara contra la política migratoria, contra la invasión de Ucrania por Rusia (sigue siendo aliado de Vladímir Putin), contra los “burócratas” europeos que “están en los bolsillos de la élite globalista” o contra el Parlamento Europeo por levantar la inmunidad de cuatro parlamentarios polacos. No es para menos. Fueron los eurodiputados quienes en 2018 —con el voto en contra de los representantes del PP español— utilizaron contra él el arma más potente que hay en los tratados europeos: activaron el artículo 7 que puede acabar con la suspensión del derecho de voto en el Consejo de la UE. Lo hicieron un año después de que la Comisión Europea pusiera en marcha la misma medida contra Polonia. Ambos procedimientos llevan desde entonces en el Consejo de la UE, sin avanzar ni retroceder. El PP alienta la posibilidad de que Europa suspenda los fondos europeos a España por la ley de amnistía al procés, a pesar de la gran diferencia que separa su situación de la de Hungría o Polonia.

El vicesecretario Institucional de los populares, Esteban González Pons, que renunció a su puesto como eurodiputado para incorporarse al Congreso de los Diputados, sostuvo este miércoles que “la Unión Europea cree que el Estado de derecho está en riesgo en España”, sobre todo debido a la ley de amnistía, y que esa supuesta preocupación de Bruselas podría terminar en una decisión de “suspender los fondos europeos, incluidos los Next Generation”. El vicesecretario popular aludió al procedimiento por el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea ―que permite a la UE suspender los derechos como miembro de la Unión si un país infringe de forma grave y persistente los principios en los que se basa la UE, entre ellos el Estado de Derecho― y mencionó los casos de Hungría y Polonia. Según González Pons, el PP no reclama la suspensión de los fondos, sino que “es el Gobierno de España el que lo está poniendo en riesgo”. “Antes de que eso suceda, el Gobierno de España va a recibir advertencias de la Comisión”, aventuró el dirigente del PP. “No va a venir la sanción de inmediato”.

Sin embargo, cuando se comparara al líder húngaro con Sánchez, o a España con Polonia y Hungría conviene tener en cuenta que en el caso de estos países se observaron graves violaciones de una larga lista de los valores democráticos de la UE y así se ve en el informe que dio paso a esos expedientes. En ellas se habla de vulneración consumada de la independencia judicial, de la libertad de expresión y de la académica, de falta de lucha contra la corrupción y los conflictos de interés, de vulneración de derechos de las minorías o cambios en los mecanismos para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, y de la falta de rectificación después de apercibimientos. Es decir, Polonia y Hungría se enfrentan a una especie de causa general en base al articulo 7, de momento sin ninguna consecuencia, y a un buen número de expedientes individuales que, por ahora, les ha supuesto el bloqueo de miles de millones en ayudas y sanciones millonarias a Varsovia.

En el caso de España, si llegara a haber choque con la Comisión por la ley de la amnistía se trataría de un expediente aunque, por supuesto, tendría una elevadísima carga política. Por ahora, Bruselas, por boca del comisario de Justicia, Didier Reynders, ha señalado que esa norma es un “asunto interno” que está vigilando por que se cumpla de forma “cuidadosa, independiente y objetiva”. Si concluyera que vulnera alguna norma comunitaria, se daría este paso, como se da en bastantes ocasiones. A veces por no trasponer directivas y otras por incumplir elementos del Estado de derecho o por sentencias de los distintos tribunales constitucionales que fallan, por ejemplo, que el derecho nacional está por encima del comunitario, como en pasó con Alemania o con Polonia.

No obstante, cuando se trata de asuntos que conciernen al Estado de derecho y los contenciosos con Bruselas son Budapest y Varsovia los países que destacan, hasta el punto de que les ha supuesto la congelación del pago de unos 63.000 millones de euros: 35.360 millones en el caso polaco y 27.800 millones en el húngaro. Pero ese bloqueo no ha llegado por los procedimientos de infracción ni por la activación del artículo 7. Lo ha hecho por la vía de incluir en el plan de recuperación las condiciones que se exigían para restituir la independencia judicial —en el caso polaco— o para luchar contra la corrupción en el húngaro.

Sala disciplinaria de jueces

A Polonia, principalmente, le exigió que desmontara la sala disciplinaria de jueces. Finalmente el Gobierno ultraconservador del partido Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco) aceptó hacerlo, pero el presidente, Andrej Duda, detuvo la puesta en marcha al enviar la norma al Constitucional, que todavía no se ha pronunciado sobre esto. Aunque no tiene que ver con el plan de recuperación, Varsovia tiene pendiente una sentencia en los tribunales europeos por otro fallo de su Constitucional en el que situaba el derecho nacional por encima del europeo. Pero ese caso no implica por el momento castigo económico alguno.

La madeja húngara es mucho más complicada. Sus cuentas pendientes en Bruselas también pasan por las reiteradas vulneraciones del Estado de derecho que, en su caso, tienen además la deriva de la corrupción. Esto lleva a que, por ahora, no pueda disponer de los 22.000 millones de los fondos de cohesión del periodo 2021-2027. El bloqueo está provocado por no respetar la independencia de la justicia, a una ley de protección de la infancia que vulnera los derechos de la comunidad LGTI, a dañar el derecho de asilo de los refugiados y a poner en peligro la libertad académica. En los últimos meses, Orbán, en una complicada situación económica, ha realizado cambios para poder acceder a estos fondos. Pero la Comisión Europea exige aclaraciones sobre la implementación. Si Bruselas acepta las explicaciones, los fondos podrían empezar a llegar a Budapest. Aunque, de momento, la semana pasada seis ONG vinculadas a la defensa de derechos fundamentales y del Estado de derecho, entre ellas Amnistía Internacional y Transparencia Internacional, publicaron un análisis sobre los cambios concluyendo que les parecían insuficientes.