El consentimiento de los perdedores

La democracia es, en su definición más minimalista, un sistema que permite reemplazar un gobierno por otro sin que haya derramamiento de sangre. O dicho de otro modo menos dramático: la democracia se sustenta en la idea de que los perdedores de las elecciones consienten libremente ser gobernados por los ganadores. Desde esta perspectiva, cualquier gobierno derivado de las urnas debe ser considerado como legítimo por parte de todos los ciudadanos, incluyendo aquellos altamente disgustados con el resultado electoral.

El consentimiento de los perdedores es fundamental. La democracia no puede sobrevivir sin ese principio. Es por este motivo que deberíamos ver con preocupación cómo a los ciudadanos les cuesta cada vez más aceptar las derrotas electorales. Es algo que no solo ocurre en España, sino también en muchas otras democracias de nuestro entorno. El motivo de tal deterioro es la polarización. En contextos polarizados y altamente crispados, los ciudadanos dejan de tolerar a quienes piensan distinto, pues se les percibe como un peligro para el país, una amenaza inasumible que debe evitarse a toda costa que accedan al poder. Ante un diagnóstico tan catastrófico, se acaba por exigir que se silencien, o incluso ilegalicen aquellas opciones políticas que se detestan. No hacerlo sería blanquear el fascismo, ser cómplice de la destrucción de la nación y la democracia.

El creciente desprecio por el pluralismo político que sufre España no conoce de ideologías. Las demandas de ilegalización de partidos están muy extendidas tanto en la izquierda como en la derecha. Cada trinchera señala como inaceptable al que tiene enfrente con argumentos que considera inapelables. Pero el resultado final de tanto afán por anular al adversario es una democracia chica e intolerante donde solo caben unos pocos.

A esa dirección se dirige España de forma rápida e imprudente. Muchos de los mensajes que hemos escuchado en las recientes manifestaciones, así como en algunas de las declaraciones de dirigentes del PP y Vox, recogen este preocupante síntoma. La protesta en contra de la ley de amnistía es, por supuesto, legítima e incluso necesaria en el contexto de descontento social como el que vivimos. Sin embargo, esta legítima crítica contra los pactos del PSOE con los nacionalistas periféricos acaba derivando en demasiadas ocasiones en proclamas contra la legitimidad de Pedro Sánchez a gobernar.

En las próximas semanas y meses, el descontento social se expresará donde siempre se ha hecho en España: en las calles. Manifestarse está en el ADN de la cultura política española. Las encuestas muestran que somos potencia mundial en el uso de las calles para la protesta política. Esto es, por supuesto, sano y deseable para una democracia de calidad. Pero harían bien los dirigentes políticos en ser mucho más cuidadosos en acotar el perímetro de la crítica política al adversario. Se puede (y debe) protestar con vehemencia en las calles o en las instituciones cuando se estima necesario. Pero en ningún caso se debe propagar la idea de que la mayoría de turno —ya sea la de Sánchez con los independentistas o la de Feijóo con Vox— no tiene la legitimidad para gobernar. Sembrar dudas en ese sentido es abrir grietas a uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema, el consentimiento de los perdedores. Esas grietas son cada vez más visibles en la democracia española. Urge reaccionar, aún estamos a tiempo de sellarlas.

Lluís Orriols es profesor de ciencia política y autor del libro ‘Democracia de trincheras’ (Editorial Península).