La etarra Pepona queda libre al “prescribir” el delito tras pasar tres años en prisión provisional

La etarra Natividad Jáuregui, a quien la policía atribuye los alias de Jaione y Pepona, ha quedado en libertad. La Audiencia Nacional decretó este jueves su excarcelación tras considerar prescritos los delitos que se le imputan por el atentado contra el teniente coronel Ramón Romeo, asesinado por la banda terrorista en 1981 de un disparo en la nuca. Desde que las autoridades belgas la detuvieran y entregaran a España en noviembre de 2020, tras permanecer casi cuatro décadas huida, Jáuregui ha pasado tres años en prisión provisional a la espera de ser juzgada por este crimen. Una vista oral que, según ha concluido el tribunal, no debe celebrarse.

La Sala de lo Penal da un giro mayúsculo al procedimiento judicial que se mantenía vivo contra Jáuregui. En contra del criterio de la Fiscalía, el tribunal argumenta que la responsabilidad penal de la etarra por el asesinato del teniente coronel prescribió 20 años después del atentado, ya que durante todo ese tiempo no se dirigió la investigación contra ella. Y, por ello, en un auto firmado el jueves, los magistrados han archivado la causa y ordenado su puesta en libertad con medidas cautelares: como aún cabe recurso ante el Tribunal Supremo, se le obliga a comparecer en el juzgado una vez al mes, se le prohíbe salir del país y se le ha retirado el pasaporte. Pepona, ya sexagenaria, era la última etarra que quedaba en cárceles de fuera del País Vasco y de Navarra, precisamente en la prisión de Alcalá Meco (Madrid), de la que ya ha salido, según fuentes de su defensa.

La prescripción de los delitos sobrevolaba esta causa desde la entrega de Jáuregui por parte de Bélgica. La defensa había alegado esta circunstancia en varias ocasiones, pero no había encontrado una respuesta positiva hasta este jueves, cuando la Sala de lo Penal le ha dado la razón. Los magistrados concluyen ahora que, desde que se cometió el atentado en 1981, no se dirigió el proceso judicial contra Jáuregui hasta diciembre de 2005, cuando se dictó auto de procesamiento. Y, para entonces, ya habían pasado los 20 años previstos por la ley para la prescripción.

En este punto, la Sala vierte algunas críticas sobre la instrucción, pues señala que existían sospechas de la participación de Jáuregui desde 1987, cuando uno de sus compañeros (Enrique Letona) la implicó en el crimen durante una declaración en sede policial. Pero no se actuó contra ella. Una “ausencia de voluntad judicial instructora que sorprende a la Sala en este momento”, insisten los magistrados en su resolución.

Las fuerzas antiterroristas destacan que Jáuregui fue miembro del comando Vizcaya en los años ochenta. Según consta en la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a tres de sus compañeros —Enrique Letona, Sebastián Echániz y José Antonio Borde— por el asesinato de Ramón Romeo, Pepona fue la encargada de disparar por la espalda al teniente coronel cuando salía de escuchar misa en la Basílica de Nuestra Señora de Begoña de Bilbao. Ella lo niega.

Nacida en 1958 en San Sebastián, Jáuregui permaneció durante mucho tiempo en la diana de la Policía. Según el Ministerio del Interior, en 1978 huyó a Francia por primera vez después de que se le vinculara con el comando Iskulin. Pero, tras un tiempo, decidió regresar y se integró en el comando Vizcaya. Como integrante de ese grupo, cometió supuestamente varios atentados, antes de marcharse otra vez al país galo, desde donde se trasladó a México. Allí se la localizó en 2002, pero se esfumó de nuevo. “[Entonces], regresó de forma clandestina a Europa y se instaló en Bélgica, donde sería detenida en la ciudad de Gante en 2013”, recalcaron las fuerzas de seguridad.

Rechazo belga a la extradición

La Audiencia Nacional impulsó entonces el proceso para lograr la entrega de Jáuregui, pero se topó con las autoridades belgas. Pese a la emisión de dos órdenes de detención internacional, los tribunales de aquel país rechazaron la extradición al considerar que España podría vulnerar los derechos fundamentales de la etarra y la dejaron libre. En 2017, la familia del militar recurrió finalmente a Estrasburgo, que condenó a Bélgica, reactivándose así la entrega que culminaría en noviembre de 2020.

La vida de Jáuregui en Bélgica generó durante años una especial indignación entre las víctimas de ETA. Hasta que se logró su extradición, la familia de Ramón Romeo denunciaba que la etarra, que se había instalado en Gante, pasaba sus días “como una reina” cuando era “una asesina con todas las letras”. Pepona había trabajado en restaurantes, había colaborado en un libro de cocina, había abierto su propio local y “vivía sin esconderse”, según detalló la radiotelevisión pública belga RTBF. Cuando fue arrestada en 2013, tenía repleto su perfil en redes sociales con decenas de platos y recetas de alta gastronomía.