La etarra Pepona quiere salir de prisión

La Audiencia Nacional rechaza excarcelar por riesgo de fuga a Natividad Jáuregui, acusada del asesinato de Ramón Romeo y entregada por Bélgica en 2020 tras casi cuatro décadas huida

Natividad Jáuregui, trasladada por la Policía en noviembre de 2020 tras entregarla las autoridades belgas.
Natividad Jáuregui, trasladada por la Policía en noviembre de 2020 tras entregarla las autoridades belgas.SPANISH NATIONAL POLICE HANDOUT (EFE)

La etarra Natividad Jáuregui, alias Jaione y Pepona, quiere poner fin a sus días entre rejas. Pero los jueces de la Audiencia Nacional no están dispuestos a correr riesgos y dejar en libertad a esta mujer de 63 años, que se encuentra en prisión provisional desde que Bélgica la entregó en 2020 tras casi cuatro décadas huida. Según una resolución del pasado 26 de noviembre, a la que tuvo acceso EL PAÍS, el tribunal rechaza todos los argumentos esgrimidos por la defensa para solicitar su salida de la cárcel: “Existe un elevado riesgo de fuga”, concluyen los magistrados después de que Jáuregui, para alegar que no va a escaparse, expusiese que tiene vínculos familiares con el País Vasco y que, “incluso, tiene una oferta de trabajo para el caso” de que pudiese abandonar el penal de Alcalá de Henares (Madrid).

La Audiencia Nacional se muestra contundente en su fallo. “Es incuestionable que la actual disponibilidad de la recurrente se produce no por su propia voluntad, sino a pesar de esta”, reza el escrito de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal. En este sentido, la terna de magistrados —formada por Félix Alfonso Guevara, Carlos Fraile y Ana María Rubio— recuerda el difícil y largo proceso que requirió su extradición, a la que Bélgica se opuso durante años y que no se llevó a cabo hasta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó al país centroeuropeo por no cooperar con España.

Jáuregui, miembro del comando Vizcaya en los años ochenta, se encuentra imputada por la muerte del teniente coronel Ramón Romeo, asesinado por ETA en 1981. La sentencia de la Audiencia Nacional que condenó por el crimen a 28 años de cárcel a tres de sus compañeros —Enrique Letona, Sebastián Echániz y José Antonio Borde— incluyó en los hechos probados la presunta participación de Jaione en el atentado. Según esa resolución y los investigadores, la etarra y otro terrorista (Francisco Javier Zabaleta, fallecido en 1982 en un tiroteo durante otro atentado) dispararon al militar sobre las 10.00 del 19 de marzo, cuando salía de escuchar misa en la Basílica de Nuestra Señora de Begoña de Bilbao. Las pesquisas señalan que Jáuregui se acercó por detrás a la víctima y le pegó un tiro en la cabeza. Ella lo niega.

Al igual que el magistrado instructor, la Sala de lo Penal recalca que existe “un acervo indiciario” suficiente contra la etarra, que permaneció fugada de España durante décadas. Nacida en 1958 en San Sebastián, Jaione es una vieja conocida de la Policía. Según el Ministerio del Interior, en 1978 huyó a Francia por primera vez después de que se le vinculara con las actividades del comando Iskulin. Posteriormente, regresó a la Península y se integró en el comando Vizcaya. Pero, de nuevo, tras cometer supuestamente varios atentados, regresó a Francia de forma clandestina, desde donde se marchó a México. Allí se le localizó en 2002, pero volvió a esfumarse. “Regresó de forma clandestina a Europa y se instaló en Bélgica, donde sería detenida en la ciudad de Gante en 2013”, recalcan las fuerzas de seguridad.

La Audiencia Nacional impulsó entonces el proceso para lograr la entrega de Jáuregui, procesada en 2005 por el asesinato del teniente coronel Romeo. Pero se topó con las autoridades belgas. Pese a la emisión de dos órdenes de detención internacional, los tribunales de aquel país rechazaron la extradición al considerar que España podría vulnerar los derechos fundamentales de la etarra y la dejaron libre. En 2017, la familia del militar recurrió finalmente a Estrasburgo, que condenó a Bélgica, reactivándose así la entrega que culminaría en noviembre de 2020.

Desde la izquierda, José Antonio Borde y Sebastián Echániz, durante el juicio celebrado en 2007 en la Audiencia Nacional por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo en 1981.
Desde la izquierda, José Antonio Borde y Sebastián Echániz, durante el juicio celebrado en 2007 en la Audiencia Nacional por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo en 1981.Javier Lizón (EFE)
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“La orden de ejecución [de su extradición] se dilató varios años, precisamente, por la oposición de Jáuregui. Con tales precedentes, dado el arraigo de la apelante en Bélgica y los escasos vínculos que mantiene con nuestro país, y atendiendo a la gravedad de los delitos objeto de la presente causa, parece fuera de toda duda que existe un elevado riesgo de fuga”, insisten los magistrados de la Sección Tercera. En su resolución, los jueces también descartan la posibilidad de dejarla en libertad bajo fianza u obligándole a comparecer cada cierto tiempo en los juzgados, como pidió su abogado. Según el tribunal, no es suficiente para garantizar que no se fugue antes del juicio.

La vida de Natividad Jáuregui en Bélgica generaba una especial indignación entre las víctimas de ETA, donde pasaba sus días “como una reina” cuando era “una asesina con todas las letras”, según aseguró en su día la familia de Ramón Romeo. La etarra se había instalado en Gante, donde trabajó en diferentes cafeterías y restaurantes, y colaboró en la elaboración de un libro de cocina. Cuando fue detenida en 2013, tenía repleto su perfil en redes sociales con decenas de platos y recetas de alta gastronomía. Abrió incluso un local propio y “vivía sin esconderse”, detalló la radiotelevisión pública belga RTBF al aprobarse su extradición.

La defensa de la encarcelada niega, por su parte, su participación en el atentado. Según su recurso, durante las pesquisas que se han desarrollado desde su entrega por Bélgica, no se han incorporado al sumario informes de ADN o huellas que la señalen. Sin embargo, tanto la Sala de lo Penal como el juez instructor recuerdan los diferentes testimonios que la implican. El auto que decretó la entrada de Jáuregui en prisión apuntaba que dos de sus antiguos compañeros del comando Vizcaya, Enrique Letona y Sebastián Echániz, la incriminaron directamente en sus declaraciones policiales.

Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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