Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El Tribunal de Estrasburgo condena a Bélgica a indemnizar a los hijos de una víctima de ETA

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que el Gobierno belga no cumplió "con la obligación de cooperar" con España para esclarecer el asesinato de Manuel Romeo

Las hijas del teniente coronel Manuel Romeo, en un acto de la Fundación Víctimas del Terrorismo.
Las hijas del teniente coronel Manuel Romeo, en un acto de la Fundación Víctimas del Terrorismo.

Bélgica deberá indemnizar a la familia del teniente coronel Manuel Romeo, asesinado en 1981 por ETA, por no haber examinado con la suficiente rigurosidad la demanda de entrega emitida por las autoridades españolas contra su presunta asesina, Natividad Jáuregui Espina, según ha fallado este martes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La corte con sede en Estrasburgo especifica sin embargo que eso no significa que Bélgica estuviera obligada a entregar automáticamente a la etarra a España.

“El haber hallado una violación no implica necesariamente que Bélgica estuviera obligada a entregar a N.J.E. a las autoridades españolas”, señala el fallo. “Fue la falta de suficiente base factual para rechazar la orden lo que ha llevado al TEDH a considerar una violación del artículo 2” del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a la vida, puntualiza la sentencia, que obliga por ello al Estado belga a indemnizar con 5.000 euros a cada uno de los cinco hijos de Romeo, así como otra suma total de 7.260 euros en materia de costas del proceso. Ese extremo sin embargo, “de ninguna manera reducía la obligación de las autoridades belgas a verificar que N.J.E. no corriera el riesgo de sufrir un trato contrario al artículo tres del Convenio (prohibición de la tortura) si fuera entregada a las autoridades españolas”.

Jáuregui, que estaba huida desde 1979, fue detenida por primera vez en octubre de 2013 en la ciudad belga de Gante, donde se instaló después de vivir en México y Francia. Sobre ella pesaban dos Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) cursadas por la Audiencia Nacional, en 2004 y 2005. La etarra era reclamada por España por su supuesta implicación como miembro del comando Vizcaya en la muerte de seis agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 1981, incluida la del teniente coronel Romeo, que falleció tras recibir un tiro en la nuca cuando salía de una misa en Bilbao ese año.

Tras su arresto, la justicia belga aceptó ejecutar las órdenes españolas, pero en apelación, fueron finalmente rechazadas bajo el argumento de que había “motivos considerables” para creer que su ejecución podría violar derechos fundamentales de Jáuregui, recuerda el TEDH. Para ello, se basaron en “informes internacionales y en el contexto de la ‘historia política contemporánea de España’”, así como en otro informe del Comité europeo para la Prevención de la Tortura (CTP) de 2011.

La etarra, alias Pepona, fue detenida de nuevo en junio de 2016, en respuesta a una nueva orden de la Audiencia Nacional en su contra de 2015, pero la justicia belga la volvió a rechazar, con los mismos argumentos, y fue liberada otra vez, en el mismo día. En 2017, la familia de Romeo recurrió a Estrasburgo para reclamar la entrega por parte de Bélgica de Jáuregui.

En su decisión, el TEDH considera que el escrutinio realizado por los tribunales belgas de las órdenes “no fue lo suficientemente exhaustivo” como para argumentar que el razonamiento sobre la falta de garantías de derechos para la acusada en España tuviera una “suficiente base fáctica”. Las circunstancias e intereses del caso "deberían haber llevado a las autoridades belgas a pedir informaciones complementarias" sobre el régimen de detención que se iba a aplicar a Jáuregui, para "verificar la existencia de un riesgo concreto”, señalan. Especialmente tras la última orden, porque la justicia belga no realizó un “examen actualizado de la situación” en 2016. En consecuencia, finalizan, “Bélgica falló en su obligación de cooperar que emana del aspecto procedimental del artículo 2”.

Mari Mar Blanco es la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Esta, junto al Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), impulsó la demanda de la familia del militar asesinado Manuel Romeo. Blanco cree que el fallo es “un paso importante para las víctimas”, informa Efe. Aseguró que es un logro que la corte europea de la razón a las víctimas de un crimen etarra, porque es la primera vez que presentan una demanda ante este tribunal. “El tribunal europeo reconoce el mal proceder de la justicia belga, y esto es importante”, comentó. Aunque recuerda que no se ha logrado la reclamación de la familia: que Jáuregui sea juzgada por la Audiencia Nacional, ya que Estrasburgo precisa que el fallo no implica que Bélgica tenga la obligación de entregar a Jáuregui a las autoridades españolas.

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, aseguró que una de las hijas de Romeo se mostró decepcionada por el fallo. Y reprochó al Estado español que no haya acudido al tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo, que sí permitiría condenar a Bélgica por incumplir una euroorden. “Es acción errónea, porque Estrasburgo no es la instancia adecuada para revertir la situación de la etarra. Nunca se tenía que haber acudido allí, pero la familia solo podía acudir a este tribunal”, lamentó. Covite también quiere que sean jueces de la Audiencia Nacional quienes se encarguen de la terrorista y asegura que ya están “algunas posibilidades jurídicas” para lograrlo. Fuentes jurídicas aseguran que la fiscalía de la Audiencia Nacional examinará con detenimiento el fallo.

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >