El juez investiga a un empresario y su hijo por vender contratos falsos al menos a 60 personas en situación irregular en Murcia

Al menos 60 personas que residían en situación irregular en España “compraron” entre 2019 y 2020 en una asesoría de Murcia contratos de trabajo para solicitar con ellos permisos de residencia legales. Pagaron cantidades que oscilan entre los 2.000 y los 6.500 euros y algunos de ellos lograron de esta forma sus papeles. El Juzgado de Instrucción Número 8 de Murcia acaba de finalizar la fase de instrucción de este caso y considera que hay claros indicios para continuar el proceso contra un total de 18 personas: el dueño de la asesoría y su hijo, media docena de testaferros y representantes de empresas sin actividad a nombre de las que cursaban los falsos contratos, y una decena de inmigrantes que cayeron en las redes de la trama.

Según el auto por el que esta semana el juzgado ha notificado a las partes su intención de seguir adelante con la causa y abrir juicio oral, el cabecilla de esta trama es el dueño de la asesoría que, junto con uno de sus hijos, “ha utilizado a todo el mundo, a inmigrantes, empresas, testaferros, etcétera, con el único fin de enriquecerse personalmente”. Y lo ha hecho, señala el auto al que ha tenido acceso EL PAÍS, “abusando de la penuria y miseria de ciudadanos débiles y desesperados” y “llegando a presentarse en la sede judicial como una especie de redentor o mesías salvador”. Así, el juez incide en que, durante su declaración en la fase de instrucción, este hombre reconoció que ofrecía contratos a personas extranjeras para darles “una oportunidad”, y se mostró “como una figura paternal”, algo similar a lo que declaró su hijo, que es abogado y que, según las investigaciones, era la persona que se encargaba de cobrar, ya fuera en metálico o a través de transferencias bancarias, por los contratos.

La investigación judicial apunta a que el modo de proceder era similar en todos los casos: el dueño de la asesoría ofrecía a la persona en situación irregular la posibilidad de pagar por un contrato para que pudiera solicitar un permiso de residencia. En algunos casos, los inmigrantes, todos ellos de origen magrebí, abonaban una primera cuota al recibir el contrato y el resto, si conseguían regularizarse. En sus declaraciones durante la fase de instrucción, muchos de ellos señalaron que el propio empresario les había dicho que no iban a trabajar en ninguna compañía, que el contrato por el que estaban pagando servía solo para pedir los papeles y que trabajarían una vez conseguidos los permisos.

Los contratos, según recoge el auto, se suscribían con varias empresas del sector de la construcción y agrícolas, pero que tenían nula o escasa actividad. Fue precisamente eso lo que hizo saltar las alarmas en Extranjería, dado el elevado número de solicitudes de permisos de residencia vinculados a las mismas empresas.

Para el juez, que durante tres meses ha contado con el apoyo de una jueza de refuerzo para poder agilizar la instrucción de esta causa, hay claros indicios de que los imputados cometieron delitos contra los derechos de los trabajadores, de pertenencia a organización criminal o a grupo criminal, de falsedad documental, de estafa, de blanqueo de capitales, y de usurpación del estado civil.

Sobre la imputación de los inmigrantes que pagaron por los contratos, el auto aclara que la mayoría de ellos dijeron sentirse engañados por el asesor pero, “no obstante, se aprecia dolo de falsedad al aceptar, si bien por su estado de necesidad, la presentación de contratos sabedores de que eran irreales”.